El PP rebaja la petición de pena a Aldama para intentar que no entre en prisión y seguir usándolo contra el PSOE 

La acusación popular del PP pasa de pedir siete años a cinco años y dos meses para el empresario después de que este lanzara graves acusaciones sin pruebas contra el PSOE y Sánchez en el Supremo.

LA CONFESIÓN QUE AL PP LE SALE ÚTIL

El PP ha movido ficha. Y no una ficha menor. La acusación popular que dirige el partido ha modificado sus conclusiones en el Tribunal Supremo para pedir una nueva rebaja de pena al empresario Víctor de Aldama, justo después de que este utilizara su declaración para intentar elevar la trama corrupta de José Luis Ábalos hacia el PSOE y hacia el propio presidente del Gobierno. Sin pruebas. Con mucho ruido. Con evidente utilidad política.

La petición del PP ha pasado de siete años de cárcel a cinco años y dos meses. La clave no está solo en la cifra total, sino en el reparto: ninguno de los delitos superaría los dos años de prisión. Traducido: la solicitud permitiría que Aldama no entrara en la cárcel si el tribunal aceptara ese planteamiento. No es un matiz técnico. Es el centro del asunto.

El letrado del PP, Alberto Durán, ha defendido que debe aplicarse a Aldama una atenuante muy cualificada de confesión porque, según su criterio, el comisionista habría facilitado el descubrimiento de otras actuaciones delictivas vinculadas a obra pública. La escena política queda bastante clara: el empresario declara, señala hacia arriba, Aldama lanza acusaciones sin pruebas en el Supremo y el PP pide rebajarle la pena hasta una frontera que puede evitarle la prisión. Todo muy edificante.

La Fiscalía, sin embargo, mantiene otra posición. El fiscal Alejandro Luzón sostiene la petición inicial de siete años de cárcel para Aldama, aplicándole una atenuante de confesión, pero sin llegar a la rebaja que pretende el PP. También mantiene las solicitudes de 24 años para José Luis Ábalos y de 19 años y medio para Koldo García. Son cifras durísimas. Y conviene no esconderlas debajo de la alfombra del espectáculo.

El asunto fue tratado con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Según fuentes fiscales citadas por elDiario.es, Peramato consideró que no había elementos suficientes para rebajar aún más la pena. Finalmente, Luzón mantuvo su calificación inicial ante las y los magistrados que deberán dictar sentencia. Fuentes del Ministerio Fiscal sostienen que la decisión fue unitaria y que no hubo una orden de Peramato para mantener las calificaciones previas.

La mención no es menor. El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que las y los fiscales deben poner en conocimiento del fiscal general los hechos relativos a su misión que, por su importancia o trascendencia, este deba conocer. Y el artículo 27 permite exigir la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala cuando exista discrepancia con una orden o instrucción del fiscal general. Es decir, había cauce legal. Y, según esas fuentes, no se activó porque no hubo discrepancia formal.

En su escrito de calificación, presentado en noviembre de 2025, Luzón ya valoró la “información relevante” aportada por Aldama. Aquella confesión le sirvió para salir de prisión, donde había ingresado por su implicación en otro procedimiento: un millonario fraude de hidrocarburos. La colaboración tenía contenido concreto, según el fiscal: pantallazos con un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes que habrían estado “pre-adjudicadas” a determinadas empresas, supuestamente comprometidas a pagar comisiones si resultaban adjudicatarias.

También se incluyeron notas manuscritas que Aldama atribuyó a Koldo García y en las que aparecían hasta seis contratos presuntamente amañados. Ese es el suelo judicial del caso. Lo demás, lo que vino después, entra en otro terreno: la tentación permanente de convertir cada declaración en munición política antes de que exista prueba bastante. Ahí el PP se mueve con comodidad.

ÁBALOS CONTRA LA UCO Y CONTRA ALDAMA

Las partes detallaron sus conclusiones después de escuchar al principal investigado, José Luis Ábalos. El exministro compareció el 4 de mayo ante los siete magistrados del Supremo que deben decidir sobre su responsabilidad penal. Lo hizo con una idea repetida: que su caso está juzgado desde hace tiempo y que el veredicto será, en sus propias palabras, una “condena clara”.

Ábalos cargó contra el “sesgo permanente” de los informes de la Guardia Civil que lo incriminan. También tuvo dificultades al justificar movimientos de sus cuentas y miles de euros en gastos personales abonados por Koldo García, a quien los investigadores presentan como “custodio y gestor” de su dinero. Aquí no hay épica. Hay una investigación con sombras, explicaciones incómodas y una batalla feroz por el relato.

La investigación sostiene que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Él contrapuso esa cifra a los entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones que Aldama afirmó haber pagado al exministro y a Koldo García. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, declaró a preguntas del fiscal.

Las pesquisas también apuntan a un patrón llamativo: entre 2018 y 2023 desaparecieron las retiradas en efectivo de sus cuentas mientras aumentaban de forma significativa los ingresos en metálico. Ese patrón cambió en 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García. Ábalos respondió con una explicación bastante terrenal: que la gente usa cada vez menos efectivo, que los pagos con tarjeta son habituales y que, como ministro, apenas necesitaba dinero líquido. “Me recogían en casa, me llevaban al ministerio, el café no me costaba nada”, resumió.

También discutió que la UCO le atribuyera como dinero de origen desconocido cantidades que, según él, tenían explicación. Citó 14.940 euros de ingresos en metálico en 2020, de los cuales 7.600 euros corresponderían al alquiler de un piso suyo en el centro de Madrid y otros 4.000 euros a un alquiler vacacional de una casa en usufructo pagado por Joseba García, hermano de Koldo.

Ábalos insistió en la “intencionalidad” de los atestados. Recordó que el teniente coronel de la UCO Antonio Balas habría reconocido no haber consultado si los contratos bajo sospecha de su expareja en empresas públicas eran ajustados a derecho. También sacó a relucir un error grave: la atribución de la compra de un inmueble en Colombia por 2,1 millones de euros cuando, según su versión, costó 751 euros. La diferencia no es pequeña. Es grotesca.

El exministro dirigió luego el foco hacia Aldama. Sugirió que el empresario manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019, con sello del Ministerio de Transportes, al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En esa carta se presentaba a Aldama como “enlace”. Ábalos sostuvo que el empresario robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” para “adornar la farsa” y dar solemnidad a una misiva que, según él, nunca habría firmado ni autorizado.

Su argumento fue simple: la correspondencia de un ministro no va sellada, lleva firma. Y esa carta no la llevaba. También negó que un ministro pudiera encargar a un particular una representación con delegaciones tan amplias. Es decir, Ábalos intentó romper la imagen de Aldama como mediador oficial y devolverlo al papel de comisionista que fabrica credenciales cuando le conviene.

Sobre su relación con Koldo García, rechazó la idea de un binomio cerrado. Dijo que ambos tenían “vida propia”, sensibilidades distintas y trayectorias diferentes, aunque admitió la lealtad entre ambos. “Veo que algunos se han decepcionado porque no nos hayamos matado o traicionado”, dejó caer. Mientras tanto, el PP convierte la colaboración de Aldama en argumento para pedirle menos cárcel, justo cuando sus acusaciones sirven para intentar colocar el caso en el centro de la guerra contra el Gobierno.

Cuando una acusación sin pruebas se premia con una rebaja penal, la justicia empieza a parecer menos justicia y más mercado político.