No con dinero público. No con eventos vinculados a la desokupación.
Una campaña en Resist exige al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que retiren cualquier apoyo institucional al festival.
Se lanza una campaña para exigir que las instituciones canarias dejen de respaldar el Fit Experience Fest de Tenerife. La petición, impulsada desde Tenerife por SIT SIT, reclama que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retiren de inmediato cualquier tipo de apoyo, patrocinio o colaboración pública con un evento que, según denuncia la iniciativa, mantiene vínculos directos con empresas de desokupación.
La cuestión no es menor. Canarias atraviesa una crisis de vivienda que ya no admite maquillaje institucional. Miles de familias viven con miedo a no poder pagar el alquiler, a perder su casa, a ser expulsadas de sus barrios o a quedar atrapadas en una emergencia cotidiana que se ha normalizado demasiado. En ese escenario, la campaña para retirar el apoyo público al Fit Experience Fest de Tenerife pone el foco en una contradicción difícil de justificar: instituciones que dicen defender el derecho a la vivienda mientras respaldan un festival vinculado a quienes hacen negocio alrededor del desahucio, la presión y la expulsión.
DINERO PÚBLICO PARA BLANQUEAR LA DESOKUPACIÓN
El Fit Experience Fest se presenta como un evento familiar. Esa es la envoltura. Música, ocio, deporte, actividades, normalidad. Pero la denuncia va al fondo: durante años, este festival habría servido para dar visibilidad a un modelo empresarial asociado a la desokupación. Y eso cambia por completo el debate. Porque no hablamos solo de un cartel, de una marca o de una mala compañía incómoda en una foto. Hablamos de respaldo institucional.
No se puede financiar con dinero público un evento vinculado a Desokupa. No mientras las vecinas y vecinos sufren alquileres imposibles. No mientras la vivienda se convierte en un campo de batalla entre la necesidad de vivir y la rentabilidad de unos pocos. No mientras familias enteras son tratadas como obstáculos administrativos, como problemas de orden público o como cuerpos sobrantes en ciudades entregadas al turismo, al negocio inmobiliario y a la especulación.
La campaña señala que el apoyo institucional implica un uso de dinero público sin la transparencia necesaria. Y ahí está una de las claves. Cuando una administración apoya un evento, no solo presta recursos. También presta legitimidad. Coloca su sello. Normaliza. Dice, aunque no lo diga, que aquello encaja dentro de lo aceptable. Por eso es grave que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aparezcan vinculados a un festival señalado por sus conexiones con empresas de desokupación.
La desokupación no es una anécdota empresarial. Es un síntoma político. Es el resultado de un modelo en el que el derecho a la vivienda ha sido desplazado por la lógica del propietario, del fondo, del rentista y de quien entiende la ciudad como una caja registradora. Frente a eso, las instituciones públicas tienen una responsabilidad básica: proteger a las personas vulnerables. No hacer de altavoz de quienes convierten esa vulnerabilidad en negocio.
LA VIVIENDA NO SE DEFIENDE FINANCIANDO A QUIEN LA ATACA
La petición es clara. Exige la retirada inmediata del patrocinio público al Fit Experience Fest, transparencia total sobre el dinero destinado y un compromiso ético para vetar entidades que vulneren derechos humanos. Tres medidas sencillas. Tres medidas de mínimos. Y, aun así, suficientes para medir hasta qué punto las administraciones están dispuestas a dejar de mirar hacia otro lado.
Porque el problema no es solo el festival. El problema es lo que representa. Una cultura política que se llena la boca con la convivencia, pero luego abre la puerta institucional a empresas asociadas a prácticas de coacción. Una forma de gobernar que habla de familia mientras ignora a las familias expulsadas. Una administración que presume de legalidad, pero no siempre se pregunta a quién está ayudando con sus patrocinios, sus cesiones y sus silencios.
No es un error puntual. Es una decisión política repetida durante años. Esa frase resume la denuncia de la campaña. Y obliga a mirar más allá del expediente concreto. Si el apoyo se mantiene, no estamos ante un descuido. Estamos ante una elección. Y cuando se elige sostener con recursos públicos un evento vinculado a la desokupación, se está enviando un mensaje muy concreto a las personas que viven con miedo a perder su casa: vuestra vida importa menos que la imagen de un festival.
Canarias conoce demasiado bien las consecuencias de un modelo que convierte el territorio en escaparate y la vivienda en mercancía. Tenerife no necesita más eventos maquillados con lenguaje amable mientras se consolidan prácticas que golpean a quienes menos tienen. Necesita instituciones que estén del lado de las vecinas y vecinos. De las trabajadoras y trabajadores. De las familias que no pueden competir contra fondos, propietarios especuladores y empresas que operan en los márgenes más duros del negocio inmobiliario.
La exigencia es concreta: que el Gobierno canario, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retiren todo apoyo al Fit Experience Fest. Que expliquen cuánto dinero público se ha destinado. Que establezcan criterios éticos para impedir que entidades vinculadas a prácticas contrarias a los derechos humanos reciban respaldo institucional. No es radicalidad. Es decencia democrática básica.
No con dinero público. No contra la gente. No en nuestro nombre. Esa es la línea roja. Si una institución pública dice defender el derecho a la vivienda, no puede financiar ni normalizar a quienes hacen negocio en el borde de su destrucción.
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