Aldama lanza acusaciones sin pruebas en el Supremo y el tribunal le deja hablar 

El juicio por las mascarillas deriva en un relato político sin evidencias mientras la Fiscalía evita las preguntas clave

El juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia ha tomado un rumbo inesperado. O quizá no tanto. Lo que debía centrarse en esclarecer hechos concretos ha terminado convertido en un escaparate de acusaciones de alto voltaje político, sin pruebas, sin respaldo documental y sin un freno claro por parte de quienes dirigen la sesión. Un giro que deja más preguntas que respuestas.

En ese escenario, el comisionista Víctor de Aldama ha desplegado un relato que apunta directamente al Gobierno y al PSOE. Según su versión, todo formaba parte de una supuesta estructura organizada para financiar al partido desde el corazón de Ferraz. Una afirmación de enorme gravedad. Pero también, de momento, completamente huérfana de pruebas.

Un relato sin pruebas que escala hasta la Moncloa

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, Aldama describió una jerarquía casi milimétrica. En la cúspide, el presidente del Gobierno. Por debajo, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Después, su asesor Koldo García. Y finalmente él mismo. “El presidente lo sabía todo”, afirmó, apoyándose únicamente en lo que dice haber escuchado o interpretado en conversaciones pasadas.

No presentó documentos. No aportó nombres verificables. No concretó operaciones con datos contrastables. Solo palabras. Muchas palabras.

Según su testimonio, Koldo García le habría pedido actuar como intermediario con empresas adjudicatarias para obtener dinero en efectivo destinado al partido. Habló incluso de entregas físicas: sobres, mochilas, cantidades que superarían los 200.000 euros en algunos casos. Escenas que, de ser ciertas, serían explosivas. Pero que, a día de hoy, siguen sin un solo elemento probatorio que las sostenga.

El silencio incómodo de la Fiscalía y el tribunal

Lo más llamativo no fue solo lo que dijo Aldama. Fue lo que no ocurrió después. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no le formuló preguntas clave. Ni sobre qué empresas habrían pagado. Ni sobre qué empresarios estarían implicados. Ni sobre cómo se articularían esos supuestos flujos de dinero. Nada.

Un silencio difícil de ignorar. Porque en un caso donde se describen supuestas tramas de financiación irregular, lo esperable sería profundizar. Pedir detalles. Contrastar. Pero no sucedió.

Tampoco intervino el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, para reconducir la declaración hacia el objeto del juicio. Y eso que lo que se estaba relatando se alejaba claramente del núcleo del procedimiento: el presunto amaño de contratos de mascarillas en plena pandemia.

El resultado es una escena judicial extraña. Un acusado que lanza acusaciones de enorme gravedad sin aportar pruebas, y un tribunal que permite que ese relato se desarrolle sin apenas límites. Una combinación que desdibuja el foco del proceso.

Un juicio que se desborda y una narrativa que se construye

El caso mascarillas pretendía aclarar responsabilidades en la adjudicación de contratos en un momento crítico. Pero lo que está emergiendo es otra cosa. Una especie de relato paralelo que mezcla sospechas, política y declaraciones sin respaldo.

No es la primera vez que ocurre. En otros procedimientos, el espacio judicial se ha utilizado como plataforma para construir narrativas que luego saltan al debate público. El problema es cuando esas narrativas no se sostienen en pruebas, pero sí generan impacto.

En este contexto, resulta inevitable recordar otros episodios donde la justicia se cruzó con la política de forma mucho más tangible. Como el juicio del caso Kitchen, centrado en la guerra sucia del PP bajo el mando de Fernández Díaz, donde sí existían indicios, investigaciones y estructuras documentadas que apuntaban a un uso ilícito de recursos del Estado. Aquello no eran relatos sin pruebas. Eran hechos investigados durante años.

Aquí, de momento, no hay nada de eso. Solo declaraciones.

La delgada línea entre testimonio y espectáculo

Que un juicio permita este tipo de intervenciones plantea un problema de fondo. No solo jurídico. También democrático. Porque cuando acusaciones graves se vierten sin pruebas en sede judicial, adquieren una pátina de legitimidad que no siempre corresponde con la realidad de los hechos.

El riesgo es evidente. Se construyen titulares. Se alimentan sospechas. Se erosiona la confianza pública. Todo ello sin que exista un sustento verificable.

Mientras tanto, el objeto real del juicio queda en segundo plano. Difuminado. Casi irrelevante frente al ruido.

Y así, poco a poco, lo que debería ser un proceso para esclarecer responsabilidades concretas se convierte en otra cosa. En un espacio donde la política se cuela por las rendijas, donde las acusaciones vuelan sin red, y donde la verdad —la de verdad— queda atrapada entre declaraciones que nadie parece dispuesto a desmontar.

Porque a veces no hace falta probar nada para que algo haga daño. Solo hace falta decirlo en el lugar adecuado.