El poder, el silencio y Canal Sur: el caso que sacude a la principal productora de la RTVA 

Una reportera denuncia al CEO de ADM por agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral; detrás no aparece solo un jefe, sino una red de poder público, contratos, televisión y silencio institucional.

CUANDO EL JEFE TAMBIÉN ES EL SISTEMA

El caso es grave. Muy grave. Tal y cómo relata Eldiario.es en una investigación, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), principal productora de Canal Sur, tras la denuncia de una reportera por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral”. La denuncia fue presentada el 26 de enero. La trabajadora declaró como perjudicada el 25 de marzo. Ese mismo día, el juez dictó auto, apreció indicios delictivos y citó a Fuentes como investigado.

Aquí conviene no perderse en la niebla habitual. ADM no es una empresita perdida en un polígono. Es una compañía público-privada con una posición central en el audiovisual andaluz. Su accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, con un 47,81% a través de Sandetel. Su principal comprador institucional es la RTVA. Y su producto estrella es Andalucía Directo, el programa bandera de Canal Sur, con 25 años en antena. Es decir: el caso no golpea solo a un ejecutivo. Golpea a una estructura sostenida con dinero público, poder político y prestigio televisivo.

Fuentes, además, no era un directivo cualquiera. Desde 2023 presidía el Clúster audiovisual de Andalucía, LAND, un proyecto mimado por la Junta y muy vinculado al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, una de las figuras fuertes del Gobierno de Juanma Moreno. Según testimonios recogidos por elDiario.es, Fuentes cultivaba su imagen junto a consejeros, directivos de la RTVA y personalidades del sector. Foto, acto, alfombra, poder. El viejo ecosistema de siempre. Ese poder que se muestra en público y, según denuncian quienes trabajaron allí, se convierte en amenaza puertas adentro.

La RTVA ha respondido con una frase que parece escrita por el manual universal del mirar hacia otro lado: “Lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo”. Qué cómodo. Qué higiénico. Qué institucional. Como si una denuncia por agresión sexual y acoso contra el CEO del principal proveedor de contenidos de Canal Sur fuera un asunto privado entre dos personas y no una alarma que debería haber encendido todos los protocolos. Pero claro, cuando el dinero público, los cargos y la televisión se mezclan, la prudencia suele tener una dirección muy concreta: proteger el edificio, no a quien denuncia.

Fuentes debía declarar como imputado el 11 de mayo, justo la semana previa a las elecciones andaluzas, pero logró aplazar su comparecencia al 25 de junio tras cambiar de abogado tres días antes. Esa misma semana anunció su salida de la presidencia de LAND. Dice que no tuvo nada que ver con el procedimiento judicial. Puede decirlo. También dijo que está “muy tranquilo”, que se trata de una denuncia falsa y que “no tienen pruebas”. La justicia tendrá que determinar los hechos. Pero el calendario está ahí. Y los calendarios, a veces, hablan más que las notas de despedida.

WHATSAPPS, TESTIGOS Y DIEZ AÑOS DE DENUNCIA

La denuncia no se sostiene en una insinuación vaga. Adjunta siete declaraciones juradas de extrabajadoras y extrabajadores de ADM, algunas personas con cargos directivos, que corroboran el relato de la denunciante y describen situaciones de acoso sexual y laboral. ElDiario.es también ha recabado alrededor de una docena de testimonios de trabajadoras y trabajadores actuales y antiguos. Hay más: 175 páginas de WhatsApp enviados desde el teléfono de Fuentes a la reportera entre 2018 y la actualidad. La secretaria judicial ya los ha cotejado y validado como material probatorio.

Los mensajes, según la denuncia, incluían propuestas insistentes de encuentros privados y frases de tono sexual. “Tú me debes una noche loca”. “Cariño, tengo ganas de ti”. “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”. La respuesta de la reportera, siempre según la denuncia, era seca, cordial, evasiva. Y aquí aparece una de las grandes mentiras del poder masculino en los espacios laborales: exigir a la víctima un “no” perfecto, rotundo, limpio, heroico, pronunciado sin miedo y sin consecuencias. Como si una subordinada pudiera contestar a su jefe con la misma libertad con la que se contesta a un desconocido en la calle.

La denuncia habla de tres presuntas agresiones sexuales en 2013, 2022 y 2023. La primera, a finales de 2013, en Sevilla, tras una cena de trabajo y en un taxi. La segunda, en julio de 2022, después de una grabación en Barbate, Cádiz. La tercera, en el verano de 2023, en Zahara de los Atunes, también durante un trabajo. Entre la primera y la última pasaron diez años. Entre la última y la denuncia, un año y medio. Quienes usan ese tiempo para sembrar sospecha contra la víctima deberían leer más y pontificar menos: un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sitúa en ocho años y ocho meses el tiempo medio que tardan muchas víctimas en verbalizar o denunciar su situación.

La reportera, según los informes aportados, arrastra un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y una pérdida de diez kilos. El juez ha ordenado un reconocimiento médico forense para acreditar su estado de salud psíquica, posibles secuelas y nexo causal con los hechos denunciados. También ha citado a dos testigos: una exdirectiva de ADM, número dos del CEO, y una amiga a la que la denunciante contó la agresión el mismo día en que habría ocurrido.

Y mientras tanto, el sistema hace lo que suele hacer. El juez rechazó las medidas cautelares de alejamiento de 500 metros solicitadas por la defensa de la reportera. La Fiscalía también se opuso. Pero el Instituto Andaluz de la Mujer sí percibió riesgos y facilitó a la denunciante el dispositivo ATENPRO, un recurso de teleasistencia que permite avisar a la Policía con solo pulsar un botón y que mantiene a la víctima geolocalizada las 24 horas. Curioso país este: para unas instituciones no hay riesgo suficiente; para otras, sí hay riesgo como para llevar un botón de emergencia pegado al cuerpo.

Fuentes insiste en que todo es falso. Es su derecho. La presunción de inocencia existe y debe respetarse. Pero la presunción de inocencia no puede convertirse en presunción de mentira contra quien denuncia. Tampoco en cortina de humo para que las instituciones públicas se laven las manos. Aquí hay una trabajadora, un superior jerárquico, una empresa participada mayoritariamente por la Junta, una televisión pública, 175 páginas de mensajes, siete declaraciones juradas, una causa judicial abierta, un aplazamiento hasta el 25 de junio y una renuncia política disfrazada de cansancio profesional.

Lo que se juzgue en los tribunales lo decidirán las y los jueces. Lo que se juzga fuera es otra cosa: la facilidad con la que el poder construye despachos blindados, carreras dependientes, silencios rentables y mujeres obligadas a sobrevivir con educación mientras alguien les escribe desde arriba que le deben una noche loca.

El problema no es solo el monstruo que pueda haber en una oficina; el problema es la cantidad de puertas institucionales que tuvo que atravesar sin que nadie dijera basta.