La Fiscalía desmonta el caso contra David Sánchez y señala el festival de conjeturas del PP y la ultraderecha 

La causa contra el hermano de Pedro Sánchez llega a su recta final con una acusación debilitada, una UCO contradicha por testigos y una Fiscalía que pide absolución para los once acusados.

CUANDO NO HAY PRUEBAS, FABRICAN SOSPECHAS

La Fiscalía ha pedido la absolución de David Sánchez y ha hecho algo más incómodo para el PP y las acusaciones ultras: ha puesto nombre al método. Conjeturas. Construcción artificial de influencias. Falta de pruebas. Eso es lo que, según la fiscal Begoña García Boró, sostiene la causa contra el hermano del presidente del Gobierno por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017.

No es poca cosa. La Fiscalía no solo solicita la absolución de David Sánchez. También pide la absolución del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de los otros nueve acusados. En total, once personas sentadas en el banquillo por una causa que, tras cinco días de testimonios, ha empezado a parecer menos un procedimiento penal sólido y más una maquinaria política buscando una frase, un gesto, un correo, cualquier cosa, para convertir una sospecha en condena.

La fiscal fue directa. En los escritos de las acusaciones populares no aparece concretado “ningún acto de influencia” ni de “presión” que explicara el supuesto amaño de la plaza. Nada. Y ante ese vacío, dijo, se ha intentado “construir” durante el juicio la existencia de influencias de personas indeterminadas que ni siquiera forman parte del procedimiento. Traducción política: cuando no aparece la prueba, se invoca el apellido. Cuando no hay delito, se agita el parentesco.

Y aquí hay un dato que desmonta bastante el decorado. La plaza se creó en octubre de 2016. Pedro Sánchez había dimitido como secretario general del PSOE tras el comité federal del 1 de octubre. No se habían celebrado aún las primarias contra Susana Díaz. Faltaba todavía un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, cuando se creó la plaza, no tenía poder orgánico ni poder político real. Pero da igual. La derecha mediática y judicial necesita menos hechos que ambiente. Mucho humo. Mucho apellido. Mucha portada.

La Fiscalía también defendió que no se ha acreditado que David Sánchez careciera de las habilidades y los méritos exigidos. Ni se ha demostrado que su nombramiento como coordinador de actividades de los conservatorios de música de Badajoz fuera una decisión grosera, arbitraria, injusta o ilegal. Más aún: sostuvo que está “documentalmente acreditado” que ejerció su actividad. Tenía despacho, acudía como debía acudir y mantenía relación con las y los directores de los conservatorios.

A partir de ahí, el caso empieza a tener el aspecto habitual de cierto lawfare español: un expediente administrativo convertido en relato penal, un relato penal convertido en arma partidista, y un arma partidista convertida en espectáculo. Luego se habla de regeneración democrática con la boca llena.

LA UCO, LOS TESTIGOS Y EL CHASCARRILLO COMO PRUEBA

Uno de los momentos más reveladores del juicio ha sido el choque entre las tesis de la UCO y los testimonios que las contradicen. La fiscal recordó que tanto el secretario general como el interventor declararon que el expediente pasó por sus manos y no les generó sospecha ni reparo. No eran militantes colocados en una sobremesa. Eran funcionarios habilitados de carácter nacional. Personas que han superado una oposición nacional y cuya credibilidad, según la Fiscalía, no puede destruirse simplemente porque su declaración moleste a la acusación.

Ahí apareció otra escena conocida. Cuando las y los testigos no dicen lo que la derecha quiere oír, se les ataca. Si contradicen a la UCO, son sospechosos. Si avalan la normalidad del procedimiento, tendrán miedo. Si no confirman el relato político, entonces mienten, obedecen o encubren. Es el truco viejo de siempre: si la prueba no encaja, se desacredita la prueba.

También declaró Francisco Serrano, representante de CSIF en la Mesa de Negociación de la Diputación pacense, que se opuso a la creación de la plaza. Pero la Fiscalía matizó el sentido de aquella oposición: no habría discutido la legalidad de la plaza por el supuesto amaño, sino que quería que se ofertara internamente dentro de la Administración y no a la ciudadanía en general. Y otro dato pesa. No hubo alegación, reclamación, advertencia ni recurso posterior por parte de las y los diputados de otros partidos en el pleno de la Diputación.

Por la tarde llegaron los informes de las defensas. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, pidió la absolución de su cliente, que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Su intervención duró algo más de media hora y dejó una pregunta que resume bien el absurdo: “¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo?”

Ese “chascarrillo” era la palabra “hermanísimo”, incluida en el asunto de un correo enviado el 19 de mayo de 2017 por Evaristo Valentí, exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, a Yolanda Sánchez, entonces directora del Conservatorio Profesional. Ese mismo día se hicieron públicas las bases del proceso. Valentí explicó que usó ese calificativo porque era “llamativo”, pero negó que hubiera rumores de amaño. Una palabra en un correo no es una trama. Un mote no es tráfico de influencias. Un comentario no es prueba penal.

Cortés fue al núcleo: con la prueba practicada, ¿pueden las y los magistrados afirmar que existió la “presión moral eficiente” que exige la jurisprudencia para hablar de tráfico de influencias? Esa es la cuestión. No el ruido. No el titular. No la filtración. No las ganas de tumbar a un Gobierno por vía judicial cuando no se consigue por vía electoral.

La defensa de Miguel Ángel Gallardo, ejercida por Juan José Torres Ventosa, también cargó contra los informes de la UCO. Señaló que el teniente coronel Antonio Balas hizo en el tribunal una “valoración” que no coincidía, o se apartaba, de lo recogido en los atestados. En esos informes, la UCO decía desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza. En el juicio, sin embargo, Balas apuntó a Gallardo a partir de una “visión holística” de los oficios y atestados.

Visión holística. Qué forma tan elegante de decir salto deductivo. Según esa tesis, como el diseño final de la plaza no coincidía con conversaciones preliminares del área de Cultura y Recursos Humanos, y como esas áreas no tendrían fuerza suficiente para imponerlo, la orden debía venir de la presidencia. Es decir: si no sabemos quién fue, entonces fue Gallardo. Y si Gallardo estaba, el apellido Sánchez sirve para completar el cuento.

Este es el problema de fondo. No estamos ante una simple disputa jurídica. Estamos ante una manera de hacer política que convierte juzgados en platós, informes policiales en munición mediática y acusaciones populares en palancas de desgaste. El capitalismo judicial de la derecha funciona así: fabricar sospecha, monetizar escándalo, colonizar tertulias y dejar que el barro haga su trabajo aunque luego no haya condena. Porque el objetivo nunca fue solo ganar el juicio. Era ensuciarlo todo antes de que llegara la sentencia.

Y cuando la prueba se cae, siempre queda el ruido. Por eso lo alimentan.