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La política forestal convierte en rutina lo que debería ser prevención: un sistema que gasta más en helicópteros que en evitar que haya llamas
EXTINCIÓN ANTES QUE PREVENCIÓN
En el Estado español se invierten unos 1.100 millones de euros anuales en incendios forestales. Entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, entre un 60% y un 70% de ese dinero se dedica a apagar fuegos y no a impedir que empiecen. El resto se reparte en partidas que muchas administraciones llaman prevención, aunque en realidad son apoyo a la extinción: pistas forestales, puntos de agua o desbroces que deben repetirse cada año.
La especialista de WWF Lourdes Hernández advierte que se confunde mantenimiento con prevención a escala de paisaje. El resultado es que, cuando el cambio climático convierte los incendios en inextinguibles, el discurso oficial se limita a admitir que están “fuera de la capacidad de extinción”. Esa frase la han repetido estos días Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Novillo mientras 37.000 hectáreas ardían entre Zamora y León en el mayor incendio registrado desde 1968.
En Portugal, tras la tragedia de 2017 que mató a más de 60 personas, se dio un giro: del 80% del presupuesto en extinción se pasó al 39% en 2022. Aquí, ni la ola de fuegos de 2022 ni las orientaciones aprobadas aquel año en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente han servido para cambiar la tendencia.
Greenpeace calcula que invertir 1.000 millones en auténtica prevención podría ahorrar 99.000 millones en extinción. Y que cada euro preventivo evita cien en apagar incendios. Pero las administraciones prefieren seguir inflando la factura del desastre, como si cada verano fuera una lotería y no la consecuencia previsible de un modelo que favorece el abandono rural y la especulación del territorio.
EL FOCO EN LAS CAUSAS, NO SOLO EN LAS CENIZAS
El 85% de los incendios tienen origen humano, ya sea por negligencia o por intención. Las fiscalías y juzgados especializados en investigar las causas apenas reciben inversión, del mismo modo que escasean los controles sobre actividades peligrosas en periodos de alto riesgo. Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo Forestal Nacional, compara la situación con la siniestralidad vial: se redujo porque hubo radares, campañas y sanciones. En los incendios, la estrategia institucional es resignarse y mirar las hectáreas calcinadas.
A eso se suma la mala planificación urbana y la dejadez particular. Viviendas rodeadas de setos inflamables que convierten el rescate de casas en prioridad frente al control del frente de fuego. Pequeñas decisiones privadas que multiplican el riesgo y colapsan los operativos.
La solución pasa por cambiar de raíz el modelo: un sector primario sostenible, que genere un paisaje mosaico y reduzca la continuidad del combustible vegetal. No es solo política forestal, es política económica, territorial y social.
Pero en España se mantiene un sistema que incentiva apagar lo que se podría evitar. Una maquinaria que cada año transforma el humo en titulares y el presupuesto en contratos de urgencia, mientras se dejan arder las oportunidades de crear un territorio resiliente.
Aquí, la verdadera catástrofe no es el incendio que vemos arder. Es el que el Estado decide que vuelva a repetirse.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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