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Cada vez más objetores de conciencia en Israel desafían la cárcel y la hostilidad social, convencidos de que negarse a servir en el ejército genocida es un deber moral y un acto de esperanza.
LA INSUMISIÓN COMO ACTO DE RESISTENCIA
En pleno verano, en julio de 2025, una docena de jóvenes israelíes marcharon por Tel Aviv y quemaron sus citaciones de reclutamiento en la céntrica plaza Habima. No era un gesto aislado: era un desafío público al genocidio en Gaza. La respuesta fue inmediata. Diez de ellos fueron encarcelados, con condenas de entre 20 y 45 días, en un sistema que ha endurecido su castigo a los insumisos.
El caso de Yona Roseman, de 19 años, se convirtió en símbolo. Arrestada seis veces en manifestaciones palestinas en Haifa, decidió que no podía formar parte de un ejército que bombardea hospitales y arrasa barrios enteros. La encerraron en régimen de aislamiento por ser una mujer trans, recordándole que la supuesta tolerancia israelí con el colectivo LGTBI desaparece en cuanto se desobedece al dogma militar.
No está sola. Según la red de objetores Mesarvot, 17 jóvenes han pasado ya por prisión desde octubre de 2023. El primero fue Tal Mitnick, condenado a 185 días, seguido de Itamar Greenberg, con casi 200. Cifras inéditas en más de una década. La política del ejército de liberar tras 120 días ha quedado atrás: la norma ahora es triturar psicológicamente a quien rechaza empuñar un fusil contra Gaza.
EL ESTADO NO ADMITE DUDAS
El fenómeno no se limita a quienes aún no han hecho el servicio militar obligatorio. Más de 300 reservistas han solicitado apoyo a Yesh Gvul, el histórico movimiento de insumisión israelí. La mayoría rechaza volver a ser movilizados para participar en la campaña de exterminio. No son selectivos, como en guerras anteriores: esta vez se niegan a servir en ningún frente.
La juventud rebelde, como Ayana Gerstmann o Yuval Peleg, ambos de 18 años, afronta prisión tras prisión. Gerstmann se negó tras haber descubierto en quinto de primaria, en un trabajo escolar sobre Jerusalén, la otra cara de la ocupación gracias a informes de B’Tselem. Peleg, criado en una familia liberal sionista, despertó tras leer medios internacionales que describían lo que su sistema educativo silenciaba. Los dos repiten el mismo mensaje: hay una elección, no todo el mundo debe obedecer al genocidio.
Las cárceles militares se llenan de insumisos que no aceptan ser cómplices. Algunos habían comenzado su servicio y se salieron tras presenciar palizas, torturas o la humillación a ancianos palestinos. Relatan soldados que golpean a un detenido por contestar en árabe, que dejan a personas atadas bajo el sol 24 horas sin agua, que pegan por “no obedecer”. La violencia no es excepción, es rutina.
Mientras tanto, la sociedad israelí, desplazada cada vez más hacia la ultraderecha, los señala como traidores. Sus familias a menudo no les apoyan, pierden amistades y se quedan aislados. Pero siguen, conscientes de que negarse a participar es la única manera de no mancharse las manos de sangre.
Israel no llegó aquí por accidente. Desde 1948, desde la Nakba, arrastra una estructura de ocupación, racismo y apartheid. Hoy, esas raíces han florecido en forma de genocidio televisado contra un pueblo entero. Ante eso, algunos adolescentes prefieren prisión a obediencia.
La mayoría calla, pero ellos demuestran que siempre existe una grieta. Una rendija en el muro donde incluso en el corazón del régimen militarista, alguien grita: “No en mi nombre”.
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