Finlandia está expulsando del país a las personas que vienen en busca de refugio, seguridad y una vida mejor; pero a las que además necesita para cubrir sus puestos de trabajo.
El gobierno de Finlandia, encabezado por el conservador Petteri Orpo en coalición con el partido ultraderechista de los Finlandeses, ha lanzado un paquete de reformas migratorias que desafía la lógica económica del país. A pesar de la evidente escasez de mano de obra, especialmente en sectores clave como la salud, la educación y la tecnología, el Ejecutivo ha decidido reducir la inmigración bajo el pretexto de mejorar las finanzas públicas y combatir el desempleo. Finlandia está enviando el mensaje de que no quiere ni necesita a los trabajadores extranjeros, aunque la realidad demuestre lo contrario.
Los recortes propuestos incluyen la reducción de 60 millones de euros en programas de integración, con lo que se desmantelan iniciativas que permiten a las y los inmigrantes adaptarse a la sociedad finlandesa. El gobierno ha delegado la responsabilidad a los municipios, quienes ya han advertido que esta medida empeorará la situación en áreas críticas como la enseñanza de idiomas. ¿Cómo esperan que alguien se integre sin saber el idioma, en un país donde hablar finés o sueco es casi obligatorio para trabajar?.
«Finlandia está expulsando del país a las personas que hacen posible el crecimiento económico», advierte Juhani Nokela, director de la Academia Finlandesa de Tecnología (TEK).
EL PAÍS NECESITA MANO DE OBRA, PERO EXPULSA A QUIEN LA APORTA
La ley de los «120 días» es una de las reformas más controvertidas. Esta medida implica que cualquier persona inmigrante que pierda su empleo tiene solo tres meses para encontrar otro o será deportada. En un mercado laboral donde dominar el idioma es una barrera, la ley parece diseñada para expulsar a quienes más se necesitan. Finlandia sufre una falta crónica de personal en sectores esenciales como la educación infantil, los servicios sociales y la sanidad, pero en lugar de atraer talento extranjero, lo está alejando.
Las y los expertos ya han advertido que esta política es un desastre para una economía que sigue necesitando trabajadores y trabajadoras extranjeras, incluso en plena recesión. Es ridículo: Finlandia necesita a los inmigrantes para cubrir puestos que las y los finlandeses no pueden o no quieren ocupar, pero los trata como una carga. Los sectores tecnológicos, estratégicos para el crecimiento del país, dependen de trabajadores internacionales, pero las políticas migratorias están dañando seriamente la imagen de Finlandia como destino atractivo.
«La incertidumbre para las personas inmigrantes es enorme», afirman desde la Cámara de Comercio finlandesa. «Es difícil atraer a profesionales cuando el gobierno envía el mensaje de que no se les quiere aquí».
UNA POLÍTICA MIGRATORIA INJUSTA Y DESHUMANIZANTE
El endurecimiento de las normas migratorias no solo afecta a quienes buscan trabajo, sino también a quienes huyen de la violencia. La reducción de las cuotas de refugiados y el endurecimiento de los criterios de asilo es parte de un paquete más amplio que incluye restricciones al acceso de las y los inmigrantes irregulares a la sanidad pública. A partir de ahora, solo podrán recibir atención médica en urgencias. Esta decisión ha sido duramente criticada por asociaciones de médicos, que la califican de «inhumana y peligrosa».
El mensaje es claro: si eres inmigrante y no cumples con los estándares del gobierno, ni siquiera tienes derecho a la salud. Este tipo de medidas no solo reflejan la crueldad de un gobierno que prioriza el dinero sobre la vida humana, sino que también perpetúan una narrativa que asocia a la inmigración con problemas económicos y sociales. Es una falacia. La inmigración no es el problema; el problema es la política xenófoba que el gobierno ha adoptado para complacer a la ultraderecha.
El aumento del 70% en la inmigración neta entre 2022 y 2023 demuestra que Finlandia sigue siendo un destino atractivo, sobre todo para personas refugiadas de Ucrania y trabajadoras y trabajadores de países como Sri Lanka, Filipinas e India. No obstante, el gobierno está decidido a cerrar las puertas a estas personas, ignorando la realidad demográfica de un país que envejece rápidamente y necesita, más que nunca, la llegada de nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores.
«La política de inmigración del país tiene que racionalizarse», dice Riika Purra, portavoz del partido ultraderechista Finlandeses. Pero, ¿qué es más irracional que despedir a quienes sostienen los sectores más vitales de la economía?.
Estas políticas están comenzando a afectar seriamente la reputación de Finlandia en el ámbito internacional. Universidades como la de Helsinki ya han notado una reducción en el interés de académicos extranjeros, mientras que organizaciones empresariales como Business Finland alertan de que los expertos internacionales se sienten cada vez menos bienvenidos. La Asociación de Ingenieros de Finlandia realizó una encuesta a más de 1.000 trabajadoras y trabajadores extranjeros del sector tecnológico, de los cuales el 80% consideró que Finlandia será un lugar peor para inmigrar en los próximos cinco años.
«Queremos hacer de Finlandia un país en el que no queréis vivir», resume irónicamente Pasi Saukkonen, investigador de la Universidad de Helsinki.
Las consecuencias de estas políticas van mucho más allá de las fronteras finlandesas. Están destruyendo la capacidad del país de competir a nivel global. Si Finlandia sigue por este camino, el daño no será solo para las y los inmigrantes, sino para toda la sociedad. Los servicios colapsarán, la economía se debilitará y el país, en lugar de ser una tierra de oportunidades, se convertirá en una tierra de exclusión.
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