La ofensiva de PP y Vox contra la memoria democrática en Cantabria: violencia institucional contra la verdad 

«La memoria histórica es un deber con las víctimas, no un capricho ideológico».

El Parlamento de Cantabria se prepara para una decisión que atenta directamente contra la dignidad de quienes aún buscan justicia por las víctimas del franquismo. El debate sobre la derogación de la ley regional de memoria histórica, impulsado por el Partido Popular (PP) con el respaldo de Vox, pone en riesgo no solo los avances alcanzados en la recuperación de la memoria histórica, sino también la promesa de una sociedad más justa y equitativa. Esta acción no es aislada: forma parte de una ofensiva mayor que se extiende por distintas comunidades autónomas, donde la derecha y la extrema derecha pretenden silenciar cualquier esfuerzo por reconocer las atrocidades del pasado. La memoria, una pieza clave para la construcción democrática, está bajo ataque, y lo que se juega es mucho más que una simple normativa.

Es irónico, por no decir cínico, que el PP hable de «ajustes de cuentas» cuando lo que pretende es borrar cualquier vestigio de un pasado oscuro que aún pesa sobre miles de familias. Esas familias que, durante décadas, han buscado sin descanso los restos de sus seres queridos enterrados en fosas comunes, víctimas de una represión brutal. No es solo una cuestión del pasado, sino una urgencia del presente. La derogación de esta ley regional no solo significa el abandono de proyectos de exhumación ya en marcha, sino el olvido deliberado de un capítulo que sigue abierto en nuestra historia. La negación de este derecho a la memoria es un acto de violencia institucional.

LA DEROGACIÓN COMO UN ACTO DE NEGACIONISMO

El plan de derogación de la ley regional de memoria histórica en Cantabria sigue una tendencia inquietante que ya ha ocurrido en otras comunidades gobernadas por la derecha y la extrema derecha. Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana… Todos estos territorios han visto cómo los avances en la recuperación de la memoria histórica se han paralizado o directamente revertido bajo el mandato de estos partidos. No estamos hablando de una simple reforma legislativa, sino de un acto de negacionismo institucionalizado. Porque cuando se niega a las víctimas su derecho a ser reconocidas, cuando se detienen los procesos de exhumación y reparación, se está perpetuando la injusticia que comenzó hace más de 80 años.

El negacionismo al que asistimos hoy no es solo un fenómeno político, sino una estrategia bien orquestada para desmantelar el progreso en materia de derechos humanos. Según un informe de los relatores de Naciones Unidas, publicado en mayo de este año, España debe «tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto estricto de los estándares internacionales en materia de memoria histórica». Sin embargo, el PP y Vox actúan en sentido contrario, buscando borrar toda traza de memoria democrática en su afán por imponer su visión revisionista de la historia.

«Sin memoria, no hay futuro». Este es el lema bajo el cual la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria ha movilizado a la sociedad civil para luchar contra la derogación de esta ley. Y tienen razón: sin recordar el pasado, no podemos construir una sociedad más justa.

EL OLVIDO COMO HERRAMIENTA POLÍTICA

El argumento más repetido por el PP para justificar la derogación de esta ley es que «reabre viejas heridas». Pero la verdad es que las heridas siguen abiertas porque nunca fueron sanadas. Las y los familiares de las víctimas siguen sin poder enterrar a sus muertos con dignidad, sin conocer siquiera el paradero de sus restos. ¿Qué clase de país somos si negamos a las víctimas el derecho básico a un entierro digno?

El olvido es una herramienta política poderosa. Al borrar de la memoria colectiva los crímenes del franquismo, se legitima una narrativa en la que solo caben los vencedores, y las víctimas son condenadas a la invisibilidad. Es una segunda muerte, esta vez infligida por quienes se presentan como herederos de ese poder que nunca ha sido completamente derrotado.

Zoraida Hijosa, exdirectora de la oficina de memoria en Cantabria, ha sido clara en su advertencia: la derogación de esta ley paralizará proyectos ya en marcha, dejando en el limbo a decenas de familias que esperan la recuperación de los restos de sus seres queridos. El caso de la fosa de Tama es solo uno de muchos: allí podrían estar enterradas las víctimas de la represión franquista, como el alcalde de Pesaguero, Camilo Bargaño Vicente, y su hijo, ambos asesinados en 1937. ¿Cómo se justifica el detener una búsqueda que daría paz a estas familias?

LOS DATOS HABLAN POR SÍ MISMOS

Cantabria cuenta con cerca de 150 fosas comunes, según un mapa elaborado por la Universidad de Cantabria. El gobierno anterior trabajaba en un contrato para actualizar dicho mapa, pero con la derogación de la ley, ese proyecto, junto con otros tantos, quedará en suspenso. El PP asegura que las exhumaciones no se detendrán, pero los hechos apuntan en otra dirección: la memoria está siendo enterrada junto con las víctimas.

Carolina Hernaiz, activista de la Plataforma Memoria y Democracia, lo resume bien: «Si alguien está defendiendo la memoria, es la sociedad civil». Y en esa defensa, no se trata solo de los muertos, sino de los vivos. De quienes hoy reclaman justicia, reparación y, sobre todo, la verdad.

Negar la memoria es, en última instancia, un acto de cobardía. Es la decisión de quienes prefieren no mirar atrás porque el pasado les incomoda. Pero ese pasado no desaparece porque lo ignoremos. Como dijo alguien una vez: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.