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Cuando la desigualdad se mide en millones y la infancia en carencias, el debate deja de ser técnico y se vuelve político.
El debate sobre el impuesto a las grandes fortunas ha dejado de ser una abstracción académica para convertirse en una discusión con nombres, cifras y responsables. La propuesta defendida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, plantea aplicar un gravamen del 2% a los patrimonios superiores a 100 millones de euros, una medida que permitiría recaudar más de 5.200 millones de euros anuales en el Estado español. No se trata de un gesto simbólico ni de un ajuste cosmético. Se trata de redistribuir poder económico para combatir una de las expresiones más persistentes de la desigualdad: la pobreza infantil.
La propuesta se apoya en los cálculos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea y bebe directamente del diseño del economista francés Gabriel Zucman, impulsor de la conocida como “tasa Zucman”, un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas que busca frenar la acumulación extrema de riqueza y su evasión sistemática. Bustinduy se ha reunido con Zucman para explorar su aplicación en España, con un objetivo explícito: financiar una prestación universal por crianza que permita erradicar la pobreza infantil, una realidad que sigue afectando a cientos de miles de menores.
La pobreza infantil en España no es un accidente, es el resultado de decisiones políticas. Mientras el país mantiene niveles “altísimos” de desigualdad en la infancia, en palabras del propio ministro, la riqueza se concentra cada vez más en una élite que apenas contribuye de forma proporcional al sostenimiento de lo común.
LA RIQUEZA EXTREMA, CON NOMBRES Y CIFRAS
El impacto del impuesto del 2% se entiende mejor cuando se traduce en cifras concretas. Según la revista Forbes, el hombre más rico del Estado español es Amancio Ortega, fundador de Inditex, con un patrimonio estimado en 109.900 millones de euros en 2025. De aprobarse el impuesto, Ortega debería aportar 2.198 millones de euros anuales a Hacienda. Una cantidad que, por sí sola, permitiría financiar políticas públicas de enorme alcance social.
La segunda mayor fortuna del país es la de su hija, Sandra Ortega, con 10.000 millones de euros, lo que se traduciría en una contribución anual de 200 millones de euros. Le sigue Juan Roig, principal accionista de Mercadona, con un patrimonio estimado en 7.900 millones, que debería pagar 158 millones de euros al año.
En la lista aparece también Florentino Pérez, presidente de Real Madrid y máximo accionista de ACS, con una fortuna estimada en 3.100 millones de euros. Su aportación anual rondaría los 62 millones de euros.
No estamos hablando de arruinar a nadie, sino de poner límites democráticos a la acumulación extrema. Ninguna de estas personas vería comprometido su nivel de vida, su capacidad de inversión o su estatus social. Lo único que se vería afectado es el volumen obsceno de capital que hoy permanece blindado frente al interés general.
REDISTRIBUIR PARA GARANTIZAR DERECHOS
El impuesto no se limita a las diez mayores fortunas. En la franja de patrimonios entre 2.000 y 1.000 millones de euros figuran nombres como Carlos y Juan March Delgado, principales accionistas de Banca March; Helena Revoredo, presidenta de Prosegur; Carmen Riu Güell, presidenta del consejo de administración del Grupo RIU; o Carmen Thyssen, una de las grandes coleccionistas de arte de Europa.
Según las estimaciones, los hermanos March deberían aportar 40 y 38 millones de euros anuales, respectivamente. Revoredo, con una fortuna de 1.600 millones, pagaría alrededor de 32 millones; Riu Güell, con 1.500 millones, unos 30 millones; y Thyssen, con 1.300 millones, cerca de 26 millones de euros. Incluso en el puesto 100 de la lista Forbes, con fortunas de 450 millones de euros, el impuesto supondría 9 millones anuales.
La redistribución no es castigo, es justicia fiscal. Durante décadas, el relato dominante ha presentado a estas grandes fortunas como motores indispensables de la economía, mientras se normalizaba que la pobreza infantil se cronificara y que el acceso a derechos básicos dependiera del código postal o de la renta familiar. El impuesto a los superricos rompe ese marco y plantea una pregunta incómoda: por qué una sociedad acepta que la infancia viva con carencias mientras tolera fortunas que crecen sin límite.
Bustinduy ha defendido que España puede convertirse en un referente internacional, no solo en justicia fiscal, sino también en la recuperación del control democrático frente a dinámicas económicas que escapan a la soberanía popular. Cuando la política decide intervenir, la desigualdad deja de ser un destino inevitable y pasa a ser un problema con responsables.
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