El Gobierno prohíbe las manifestaciones del 8M a pesar de haber aceptado las de ultraderecha 

Se toma esta decisión sobre el 8M desde el Gobierno a pesar de haber permitido inicialmente la posibilidad de albergar este tipo de expresiones si tenían una afluencia menor de 500 personas

La Delegación del Gobierno en Madrid ha lanzado un comunicado en el que confirma que ha decidido prohibir todas las concentraciones y manifestaciones en la capital para los próximo 7 y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La Delegación justifica esta decisión por motivos de salud pública, tras estudiar todas las comunicaciones realizadas para manifestaciones, con especial atino a los lugares en que se pretendían celebrar, la duración de las manifestaciones, los recorridos y la afluencia.

La decisión llega después de que este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, volviera a hacer un llamamiento a la responsabilidad asegurando que «no ha lugar» a las manifestaciones este año. Por su parte la Consejería de Sanidad madrileña también había desaconsejado todas las convocatorias sobre las que se le había pedido un informe técnico.

Se toma esta decisión desde el Gobierno a pesar de haber permitido inicialmente la posibilidad de albergar este tipo de expresiones si tenían una afluencia menor de 500 personas. Esta opción descartaba la posibilidad de que pudiera haber una gran protesta feminista en la capital, como la ocurrida el año pasado o años precedentes, pero abría la puerta a reuniones con menos concurrencia.

Indignación por el trato desigual del 8M ante la ultraderecha

Resulta llamativa esta decisión de frenar en seco las manifestaciones del 8M mientras se permitió en Madrid bares abiertos, metros abiertos y tiendas llenas para no perjudicar la economía. Y más que llamativo, resulta ofensivo que se permitiesen manifestaciones contra la Ley Educativa, contra el propio Gobierno, o incluso manifestaciones fascistas.

Todas las plataformas feministas habían anunciado su intención de hacer encuentros controlados y no masivos para evitar el contagio en un contexto de pandemia, por lo que sería fácilmente controlable si se tuviese intención de permitir estos actos.

Uno de los actos permitido que más pueden ofender al movimiento feminista y a los ciudadanos y ciudadanas que apoyan la libertad de reunión y de manifestación es el que el 13 de febrero se permitió un homenaje neonazi a la División Azul en el que saltó a la palestra la joven falangista Isabel Peralta con un mensaje antisemita.

La policía acaba de confirmar que Peralta cometió un delito de odio al infringir el artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de hasta cuatro años de prisión.