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El Gobierno presume de compromiso con la OTAN mientras ignora el clamor social por la vivienda
En 2025, España gastará 10.471 millones de euros adicionales en Defensa. Pedro Sánchez ha decidido cumplir con la hoja de ruta de la OTAN —es decir, alcanzar el 2% del PIB en gasto militar— sin consenso, sin debate parlamentario y sin disimulo. El plan fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros y será remitido a Bruselas para su evaluación por parte de la UE y la propia OTAN, tal y como detalla El País.
La operación, diseñada a puerta cerrada por cinco ministerios —Presidencia, Hacienda, Industria, Defensa y Transformación Digital— ha sido gestionada con sigilo. Ni pasó por la Comisión General de Subsecretarios, ni por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y lo más grave: no será votada en el Congreso de los Diputados. El Gobierno se escuda en que no implica nuevos presupuestos, pero la realidad es que está esquivando el control democrático para ejecutar una de las decisiones más polémicas y regresivas de la legislatura.
Mientras la emergencia habitacional continúa, se disparan los contratos armamentísticos. El argumento de que el 80% del gasto irá a salarios, ciberseguridad y emergencias es humo para justificar una decisión impuesta desde el exterior. En paralelo, las ciudades arden por dentro: alquileres inasumibles, desahucios diarios, listas de espera para acceder a vivienda pública y una juventud atrapada entre precariedad y miedo.
UN PSOE REARMADO, UN PP CÓMPLICE Y UNA OTAN COMO ÚNICO PROGRAMA
Sumar se desmarca. Unidas Podemos revienta. Izquierda Unida denuncia. Pero Sánchez sigue su hoja de ruta sin mirar a los lados. La ministra Margarita Robles vende el plan como una modernización industrial. La vicepresidenta María Jesús Montero niega la necesidad de votación. Feijóo calla porque comparte fondo, forma y sumisión atlántica. Solo se queja de no haber sido invitado al brindis.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ni siquiera participó en el Consejo. Delegó en Ernest Urtasun mientras Más Madrid, a través de Mónica García, advertía: “Tenemos nuestras discrepancias”. El llamado gobierno progresista se rearma sin debate interno, szin consulta social y sin rastro del acuerdo de investidura.
Ione Belarra, desde Podemos, lo resumió sin medias tintas: “Cualquier gobierno de la guerra nos tendrá enfrente”. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, fue más allá: «No responde al espíritu con el que se constituyó este Gobierno en 2023». Pero las decisiones ya están tomadas. La máquina militar se impone a la voluntad popular.
España se convierte así en uno de los últimos rezagados en cumplir con las exigencias de Washington, apenas una semana después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reclamara directamente a Carlos Cuerpo más inversión en Defensa. Sánchez responde con rapidez al amo. El coste: más de 10.000 millones sacados de fondos europeos, remanentes y partidas caducadas de los presupuestos de 2023.
Mientras, los datos sobre la emergencia habitacional son devastadores. En 2024 se registraron más de 38.000 desahucios según el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría por impago de alquiler. La inversión estatal en vivienda representa menos del 0,5% del PIB, situando a España en la cola de Europa según este análisis de El Diario. Pero la prioridad está clara: tanques sí, techo no.
ERC y BNG también criticaron duramente la decisión. Gabriel Rufián ironizó sobre los tres días de luto por la muerte del Papa y el anuncio simultáneo del gasto en Defensa. Néstor Rego acusó a Sánchez de dulcificar una decisión que rompe el compromiso social del Ejecutivo y alimenta una escalada militar sin sentido.
Mientras tanto, el PP no disimula su entusiasmo. La única molestia viene de la forma, no del fondo. Feijóo ha prometido a sus socios europeos llegar al 3% del PIB en gasto militar. La derecha no quiere menos armas, quiere más. Solo exige que se lo cuenten antes.
Con este plan, Sánchez llegará a la cumbre de la OTAN en La Haya con los deberes hechos y la cabeza baja. Italia y Bélgica ya han anunciado su cumplimiento del 2% este año. España, como alumno obediente, no se queda atrás. El precio: una legislatura hipotecada, una ciudadanía ignorada y un modelo de país arrodillado ante los intereses geoestratégicos del capital armamentístico.
En 2025, España habrá destinado más de 27.000 millones a Defensa, según datos de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES). Mientras tanto, la inversión pública en vivienda no alcanza los 3.000 millones.
Con 10.000 millones se podrían haber construido más de 100.000 viviendas sociales. Pero se prefirió alimentar el complejo militar-industrial.
La pregunta no es por qué se aprueban estos planes, sino por qué no arde la calle.
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