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Es hora de despertar, las y los consumidores enfrentamos una encrucijada moral donde nuestras elecciones trascienden lo trivial para convertirse en actos políticos con resonancia global. Mientras nos inundan con ofertas de ‘Black Friday’ y nos seducen con puntos de lealtad, corporaciones multinacionales como Carrefour, HP y Puma están bajo el escrutinio crítico por sus conexiones con la infraestructura de una injusticia marcada por la muerte de más de 8000 civiles inocentes y que no da señales de acabar. Aquí no se trata de «buenos» contra «malos», sino de justicia contra opresión, y el papel que el consumismo desempeña en perpetuar el status quo.
¿Puede ser que al llenar nuestro carrito estamos financiando la infracción de leyes internacionales? ¿Cuánto vale una marca cuando su imagen está manchada por la complicidad en el asesinato de civiles? ¿Acaso al comprar sus productos estamos apoyando un ‘hardware’ de opresión?
EL ESPECTÁCULO DE LA INDIFERENCIA
El llamado a un boicot estratégico no es un capricho ni un grito en el vacío, sino una respuesta medida y reflexiva ante prácticas empresariales que, intencionada o inadvertidamente, sustentan una realidad de ocupación y conflicto. Examinemos el porqué detrás de la presión ejercida sobre Carrefour, HP y Puma.
Carrefour, la cadena de supermercados que se extiende por todo el mundo, ha sido señalada por establecer vínculos comerciales con franquicias ubicadas en asentamientos considerados ilegales bajo el derecho internacional. Al hacer la vista gorda ante la procedencia y las implicaciones éticas de sus acuerdos, esta corporación francesa no solo se beneficia económicamente sino que contribuye a la normalización y potencial expansión de dichos asentamientos.
Hewlett Packard, conocida globalmente por sus productos tecnológicos, desempeña un papel menos visible pero igualmente crucial en el mantenimiento de un sistema de vigilancia y segregación. Su tecnología está intrínsecamente ligada a los checkpoints que monitorean y controlan el movimiento de palestinos, materializando una infraestructura de apartheid que estrangula la libertad y la dignidad humana en los territorios ocupados.
Puma, por su parte, ofrece un caso de cómo el deporte, que idealmente debería unir a las personas, puede convertirse en una plataforma para la desigualdad. Al patrocinar a la Asociación de Fútbol Israelí, que incluye equipos en asentamientos ilegales, Puma se asocia con una estructura de poder que muchos perciben como un sistema de apartheid moderno. Esta asociación pone en tela de juicio su compromiso con la igualdad y la justicia social que a menudo promueve en sus campañas publicitarias.
EL ARTE DE DESVIAR LA MIRADA
En un giro que desafía el entendimiento, las y los responsables de las políticas municipales parecen jugar a la ruleta rusa con la ética y los derechos humanos. Madrid, una vez bastión de posturas progresistas, ahora brinda honores a Israel en medio de una controversia que sigue cobrando vidas. ¿Cómo es posible que la ciudad que en otro tiempo se alzaba como adalid de la justicia social, hoy se incline ante la diplomacia del poder y el dinero?
En este contexto, el movimiento BDS cobra una relevancia ineludible. Inspirándose en la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica, busca ejercer presión a través de la negativa a participar en el mercado de los opresores. Pero la estrategia encuentra obstáculos, no solo en la potente maquinaria económica, sino en el terreno legal donde se alega que boicotear a empresas por sus prácticas violatorias de los derechos humanos es, irónicamente, una forma de discriminación. ¿En qué momento perdimos la capacidad de discernir entre el derecho y la conveniencia?
Las acciones de la empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), involucrada en la expansión de una red de tren ligero que conecta Jerusalén con asentamientos ilegales, son también parte de este entramado. Pese a las protestas y campañas de boicot, continúa la obra sobre terreno de la discordia, agravando la ya tensa relación entre las comunidades y desafiando la legalidad internacional.
¿Es que la memoria de la diplomacia es tan frágil que ya no recuerda las imágenes desgarradoras de la violencia que se cierne sobre la población civil palestina?
EL PESO DEL VOTO Y EL PODER DE LA ACCIÓN
Ante este panorama, las y los ciudadanos poseemos una herramienta poderosa: el voto. Con él podemos influir en las decisiones municipales y, a su vez, en las políticas de inversión y colaboración con empresas de dudosa ética en el extranjero. Es más que una elección periódica; es una declaración de principios, un grito contra la indiferencia.
El contraste es flagrante y la duplicidad moral salta a la vista cuando se compara la celeridad de las sanciones impuestas a Rusia con la inmovilidad frente a las acciones de Israel. ¿Acaso las vidas no tienen el mismo valor? Es una pregunta que retumba en el vacío de las salas de las Naciones Unidas, donde la retórica de la paz choca contra el muro del realpolitik.
En España, solo unas pocas voces políticas se atreven a desafiar el statu quo, proponiendo un embargo de armas a Israel. A pesar de ello, esta propuesta no alcanza a ser un punto de inflexión en los acuerdos de gobierno. ¿Es que la memoria de la diplomacia es tan frágil que ya no recuerda las imágenes desgarradoras de la violencia que se cierne sobre la población civil palestina?
La inacción política y la apatía empresarial son tan solo la punta del iceberg de una crisis más profunda y sistémica: el desencuentro entre las prácticas del mercado global y los principios de humanidad que deberían regirnos. Las y los consumidores son llamados a una conciencia crítica que va más allá de las promociones y los descuentos, una conciencia que se pregunte a quién beneficia realmente su dinero.
La solidaridad con Palestina, y con cualquier causa justa, debe ser un compromiso vivo, dinámico y persistente. No basta con sentir, hay que actuar.
CONSUMO CON CONSCIENCIA
La tendencia al consumo consciente no es una moda pasajera, sino una necesidad imperiosa. Las manifestaciones que llevan a las calles a miles de personas muestran un claro descontento con el estado de las cosas, pero estos actos deben ser más que un desahogo temporal. Deben traducirse en un cambio real en la forma en que consumimos, en la manera en que ejercemos nuestra influencia económica y en cómo entendemos la responsabilidad social corporativa.
No obstante, la responsabilidad no recae únicamente en las y los consumidores. Las instituciones deben reflejar y amplificar este cambio de paradigma, estableciendo mecanismos de responsabilidad y transparencia que impidan que el interés económico se anteponga a la justicia y los derechos humanos. Las mociones municipales que promueven la ética en la contratación pública y el rechazo a colaborar con empresas que contribuyen a la violencia y al racismo no deben ser vistas como gestos simbólicos, sino como el mínimo estándar de conducta esperado.
Afrontamos un momento en el cual el silencio y la inacción son cómplices. Las empresas y las instituciones que eligen mirar hacia otro lado o, peor aún, que se benefician de la perpetuación de la injusticia, deben ser señaladas y responsabilizadas. El llamado a la acción es claro y retumba en las calles, en las redes sociales y en las decisiones cotidianas de compra: es hora de que la solidaridad y la ética dejen de ser excepciones para convertirse en la norma.
Y aquí, la prensa tiene un papel fundamental. El periodismo crítico e independiente, como el que se esfuerza por hacer El Salto, no solo informa, sino que educa y moviliza. Nuestra responsabilidad como periodistas es sacudir las conciencias, poner la lupa sobre las incongruencias y exigir que se asuma la responsabilidad tanto en el plano individual como colectivo.
Mientras tanto, la campaña BDS sigue su lucha, una batalla en la que el objetivo no es solo la modificación de políticas empresariales o el cambio de prácticas de consumo, sino la redefinición de lo que significa ser una empresa global en el siglo XXI —un reto que interpela la moral corporativa y exige que la rentabilidad no sea la única métrica de éxito.
La respuesta no es sencilla, pero es necesaria. La solidaridad con Palestina, y con cualquier causa justa, debe ser un compromiso vivo, dinámico y persistente. No basta con sentir, hay que actuar. Porque al final del día, cada euro gastado es un voto emitido por el tipo de mundo en el que queremos vivir. Y la pregunta que todos y todas debemos hacernos es clara: ¿Estamos votando por la guerra o por la paz?
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