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El auge de los centros privados es la respuesta más rentable para una política migratoria basada en la persecución.
El sector de las prisiones privadas en Estados Unidos ha demostrado ser uno de los más hábiles en capitalizar el dolor humano. Las acciones de los gigantes Geo Group y CoreCivic se han disparado tras la victoria republicana en las elecciones de 2024. Con aumentos de hasta un 90% y un 60% en un mes, el mercado bursátil celebra lo que para millones de personas significa miedo, separación y violencia institucional.
Geo Group y CoreCivic, empresas creadas para gestionar prisiones con fines de lucro, dependen casi por completo de los contratos públicos. Este modelo las convierte en aliadas estratégicas de una política migratoria agresiva, como la que Donald Trump prometió reinstaurar. Durante su campaña, Trump no ocultó su intención de deportar a millones de migrantes indocumentados, abriendo así las puertas a un crecimiento masivo para estos negocios.
En cifras, el panorama es desolador: según un informe de The Sentencing Project, cerca de 100,000 personas en EE.UU. ya están encarceladas en prisiones privadas, representando el 8% de la población carcelaria total. A este número se suman 16,000 migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), una cifra que podría duplicarse o triplicarse bajo la nueva administración. El sufrimiento humano es una oportunidad de mercado para quienes ven en las políticas represivas una mina de oro.
El auge de estos centros no es casual. En 2021, bajo la administración de Joe Biden, se firmó una orden ejecutiva para restringir la relación entre el gobierno federal y las prisiones privadas. Este golpe ético al modelo de lucro derivado del encarcelamiento masivo provocó una caída en las acciones de las empresas y puso en peligro su sostenibilidad financiera. Sin embargo, el cambio de rumbo con Trump devuelve al sector su capacidad para prosperar a expensas de la dignidad humana.
LOS MIGRANTES COMO MERCANCÍA EN UN SISTEMA DESHUMANIZADO
Las prisiones privadas no solo se lucran con las personas condenadas, sino también con quienes buscan asilo o huyen de la violencia. El ICE, uno de sus mayores clientes, desembolsó más de 1,050 millones de dólares en contratos con Geo Group en 2022, lo que representó un 43,9% de los ingresos totales de la empresa. En palabras de Brian Robert Evans, CEO de Geo Group, esta es “una oportunidad sin precedentes” para colaborar con el gobierno federal y endurecer las políticas de detención y deportación.
Detrás de los números y los discursos empresariales hay vidas humanas atrapadas en un sistema que las cosifica. Las personas detenidas por el ICE no cumplen condenas penales, sino que están en espera de un fallo judicial que decida su futuro. Durante la pandemia, el número de detenidos cayó a un mínimo de 13,000, pero Trump aspira a regresar a los niveles récord de su primera administración, cuando se superaron los 55,000 detenidos.
El modelo de negocio es claro: más detenciones significan mayores ingresos. La expansión no requiere nuevas prisiones, ya que estas empresas poseen terrenos enormes que permiten construir rápidamente nuevas instalaciones. En este contexto, el eufemismo de “capacidad ampliable” utilizado por Geo Group encubre su intención de multiplicar los encarcelamientos hasta alcanzar cifras impensables. Cada cama ocupada es un ingreso asegurado, y cada migrante detenido, una cifra más en sus balances financieros.
Los efectos internacionales no son menores. Estas empresas también operan en países como Reino Unido, Australia y Sudáfrica, donde gestionan correccionales y servicios de custodia. Sin embargo, es en suelo estadounidense donde el negocio alcanza su máxima expresión, cimentado en políticas de miedo y exclusión.
El expresidente Trump ha reforzado la narrativa de que el endurecimiento migratorio y la mano dura son la solución a la inseguridad. Sus afirmaciones apocalípticas sobre un supuesto caos en las calles, como cuando declaró que en Detroit no se puede “cruzar la calle para comprar pan sin ser asaltado o disparado”, no solo son desmentidas por autoridades locales, sino que evidencian una estrategia política diseñada para justificar medidas extremas. La mentira, el odio y el miedo son los pilares de este lucrativo negocio.
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