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Casi la mitad de las viviendas de Sareb están vacías mientras miles de personas enfrentan la emergencia habitacional.
El 43% de las viviendas bajo el control de Sareb están deshabitadas. De sus más de 33.500 inmuebles, 14.359 permanecen vacíos, según datos de la entidad pública al cierre del tercer trimestre de 2024. Este «banco malo», nacido en 2012 para rescatar los activos tóxicos de las entidades financieras, fue presentado como una solución para aliviar la carga de la crisis inmobiliaria. Sin embargo, doce años después, su gestión refleja las contradicciones de un sistema que prioriza la rentabilidad por encima de las necesidades básicas.
Más de la mitad de estas viviendas deshabitadas se concentran en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, regiones con alta demanda habitacional. En estas comunidades, las tensiones del mercado contrastan con la incapacidad de Sareb para movilizar su parque inmobiliario, dejando más de 9.500 viviendas pendientes de reformas o trámites legales que pueden demorar hasta dos años. Apenas unas 4.800 viviendas están disponibles para la venta inmediata, según la entidad.
El Gobierno insiste en destacar el papel social de Sareb, con iniciativas como los alquileres sociales, que representan algo más de 8.300 viviendas. Pero incluso estos programas, aunque necesarios, son insuficientes frente a una crisis que deja cada vez más personas sin acceso a una vivienda digna. Mientras tanto, más de 3.400 viviendas están ocupadas de manera irregular, en su mayoría por personas que no cumplen los criterios de vulnerabilidad. El resto siguen atrapadas en procesos judiciales interminables.
DEUDA PÚBLICA Y BENEFICIOS PRIVADOS
La creación de Sareb respondió a un doble objetivo: sanear los balances de los bancos y recuperar parte del dinero público invertido en su rescate. Si bien lo primero se cumplió, el coste ha recaído directamente en la ciudadanía. El balance de Sareb se anotó como deuda pública en 2020, aumentando el ya elevado endeudamiento estatal, mientras sus pérdidas se acumulan año tras año.
Esta transferencia de riesgos a lo público y beneficios a lo privado no es casualidad. Sareb nació con el respaldo de un Estado que, lejos de garantizar el acceso a la vivienda, actuó como cómplice del capital financiero. Más de una década después, sus resultados confirman que las prioridades nunca fueron sociales. En lugar de destinar su inventario a políticas habitacionales efectivas, buena parte de las viviendas de Sareb han terminado en manos de fondos de inversión o grandes propietarios a precios muy por debajo del mercado.
Entre enero y junio de 2024, Sareb vendió 5.230 viviendas, con un precio medio de 102.000 euros. Estas cifras no representan un alivio para quienes sufren la precariedad habitacional, sino una oportunidad para quienes buscan especular con bienes básicos. La emergencia habitacional sigue creciendo en paralelo al enriquecimiento de unos pocos, perpetuando un sistema profundamente desigual.
El fracaso de Sareb también es el fracaso de una política que nunca abordó el problema de fondo. La burbuja inmobiliaria fue un síntoma de un modelo económico que convirtió la vivienda en mercancía, en lugar de protegerla como un derecho fundamental. Ahora, la acumulación de viviendas vacías y su lenta movilización exponen no solo la ineficacia de las políticas públicas, sino la falta de voluntad para enfrentarse a los intereses privados.
La cuestión no es técnica, es política. El hecho de que casi la mitad del parque inmobiliario de Sareb esté vacío mientras miles de personas carecen de vivienda refleja una priorización consciente del capital sobre la vida.
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