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Jair Bolsonaro insiste en quitarle gravedad a los efectos de la pandemia y pide al Supremo que reste poder a los gobernadores que quieren restricciones para detener los contagios
Brasil ya es una preocupación mundial por la alta incidencia de la pandemia en su territorio. Tal es el impacto del Covid-19, que este país registra 1 de cada 4 nuevos casos de contagios en el mundo. Por lo tanto, en Brasil se registran el 25% de las infecciones que se producen a diario.
El país latinoamericano cerró este viernes con otros 2.815 decesos y 90.570 casos positivos. La cantidad total de víctimas fatales es de 290.314. A este ritmo, los especialistas estiman que marzo concluirá con más de 300.000 fallecidos. Las infecciones se acercan en tanto a los 12 millones.
La gestión de la pandemia, lastrada por las decisiones del presidente ultra Jair Bolsonaro, lastra al pueblo brasileño con problemas para contar con los tanques y suministros de oxígeno vitales para los casos más graves y sin capacidad de internación, con las Unidades de Terapia Intensiva en el límite de su capacidad. El Hospital San Pablo, que tiene casi 400 personas en una lista de espera para ingresar en ese servicio que puede salvarle la vida.
Según un informe de esta semana de la Fundación Oswaldo Cruz, un brazo del ministerio de Salud, Brasil está viviendo «el mayor colapso sanitario y hospitalario de la historia». De los 27 estados del país, 25 tienen las UCI de sus hospitales por encima del 80% de su capacidad, y en 15 de ellos se supera el 90%.
El ayuntamiento de São Paulo adelantó cinco festivos para intentar «parar la ciudad». Río de Janeiro anunció este viernes el cierre de las playas y no descarta un confinamiento total en los próximos días. El alcalde, Eduardo Paes, admitía que las medidas son impopulares y generan desempleo, pero pedía ayuda al gobierno federal, «para que presente acciones efectivas de disminución del sufrimiento de la población más pobre y de las actividades económicas que sufren con la pandemia».
Jair Bolsonaro y cómo no gestionar una pandemia
A pesar de las cifras, el presidente Jair Bolsonaro insiste en quitarle gravedad a los efectos de la pandemia. Bolsonaro presentó este viernes un recurso ante el Tribunal Supremo Federal contra los decretos de los gobernadores de los estados que instauran restricciones en la actividad para intentar frenar el aumento de los contagios y evitar el colapso sanitario.
El recurso pide al Supremo que determine que los cierres sólo pueden basarse en leyes aprobadas por el poder legislativo y no en decretos unilaterales de los gobernadores, con los que Bolsonaro está enfrentado desde el inicio de la pandemia.
«Esencial es toda aquella actividad que sirve para que el ciudadano ponga pan encima de la mesa, así que todo pasa a ser actividad esencial», dijo Bolsonaro, como una forma de impedir, en la práctica, cualquier tipo de cierre.
El Gobierno no está presentando ningún plan específico de ayudas a las empresas y trabajadores forzados a parar. Sin músculo financiero, ese rescate lo están liderando, de forma muy precaria, los propios estados y municipios. El gobierno de São Paulo, por ejemplo, eliminó los impuestos sobre la carne y la leche y bloqueó los cortes de agua y gas al sector servicios durante un mes.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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