Autor: Redaccion

Desde 2020, esta corriente ha ganado visibilidad en el clima cultural de la derecha radical. Y desde 2024 y 2025, con el regreso del trumpismo institucional y la entrada de figuras tecnológicas en el centro del poder, dejó de ser una rareza de internet para convertirse en una sombra bastante concreta. No hace falta que cada político ultra haya leído a Yarvin. De hecho, probablemente muchos no han leído casi nada. Basta con que el ecosistema circule. Basta con que la idea infecte: democracia igual a decadencia, Estado social igual a parasitismo, igualdad igual a mediocridad, derechos igual a obstáculo.

Ese es el método. Primero se degrada la palabra democracia. Luego se ridiculiza lo público. Después se presenta a las instituciones como una conspiración de burócratas. Más tarde se promete una “limpieza” del Estado. Y al final aparece siempre el mismo beneficiario: el capital concentrado. La Ilustración Oscura no quiere liberar a nadie; quiere liberar al dinero de cualquier límite democrático.

Donald Trump ha encontrado una fórmula obscena para hablar de una escuela de niñas destruida en Irán: quizá nunca se sepa quién tuvo la culpa. Así. Como si más de 175 menores y docentes muertos fueran un problema técnico, una interferencia en el radar, una mala tarde de burocracia militar. Como si una escuela no fuera una escuela. Como si una niña muerta bajo los escombros pudiera archivarse bajo la categoría cómoda de “confusión”.

Trump dice que quizá nunca se sepa quién fue responsable del ataque contra una escuela de niñas en Irán que mató a más de 175 menores y docentes.

Venezuela sufrió este 24 de junio dos golpes sísmicos consecutivos que han sacudido no solo la costa central del país, sino también la idea miserable de que las tragedias naturales llegan a territorios neutros. No llegan a territorios neutros. Llegan a ciudades con edificios envejecidos, servicios públicos castigados, familias empobrecidas, hospitales al límite y barrios donde la vida cotidiana ya era una prueba de resistencia antes de que el suelo empezara a moverse.

El primer terremoto fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos a las 18:04, con una magnitud de 7,2, cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 280 kilómetros al oeste de Caracas. Casi inmediatamente después, un segundo terremoto, todavía más fuerte, golpeó la misma zona: magnitud 7,5, con epicentro cerca de Yumare. Antes, las primeras mediciones hablaron de 7,1 en las inmediaciones de Morón, en Carabobo. Las cifras se revisan, sí. Pero la destrucción no espera a que los organismos técnicos terminen de ajustar decimales.

Colombia vuelve a mirar al abismo con una mezcla conocida: miedo, promesas de mano dura y una derecha que vende la guerra como si fuera una política pública. En el Putumayo, junto a la frontera con Ecuador, un centenar de guerrilleros de la Coordinadora Nacional de Combatientes espera desde el 14 de junio en un centro instalado por el Gobierno de Gustavo Petro. Ya entregaron las armas. Lo hicieron sin un marco legal sólido, sin garantías claras y con un calendario político encima: el 7 de agosto tomará posesión Abelardo De la Espriella, presidente electo de extrema derecha, abogado penalista de 47 años y nuevo apóstol de la guerra sin cuartel.

La escena es cruel. Un proceso de paz que no termina de cerrar nada deja a gente armada en transición, a territorios abandonados y a un Estado incapaz de sostener lo que promete. Petro llegó al poder en 2022 con la bandera de la “paz total”. La idea era ambiciosa, quizá necesaria, pero acaba su mandato sin acuerdos definitivos y con varios grupos armados más fuertes que al inicio. El ELN conserva control en zonas de frontera con Venezuela. Las disidencias de las antiguas FARC han crecido. Y el secuestro, que parecía una herida en retirada, vuelve a rondar los 350 casos al año.

La derecha ya tiene su relato servido: la paz fracasó, entonces toca plomo. Simple. Brutal. Falso. Porque el fracaso de una política de paz mal ejecutada no convierte la guerra en una solución inteligente. La convierte, como tantas veces, en el refugio de quienes no saben gobernar otra cosa que el miedo.

Las protestas estallaron hace tres semanas, cuando las excavadoras empezaron a talar zonas boscosas y a arrasar dunas antiguas en un espacio protegido. La reserva de Pishë Poro-Narta, en la península de Zvërnec, no es un solar vacío esperando a que llegue la genialidad inmobiliaria de turno. Allí se encuentra uno de los últimos ríos salvajes de Europa. Sus costas protegen una laguna interior clave para la migración de cientos de aves raras y para más de 70 especies en peligro de extinción. Flamencos, focas monje, tortugas bobas. Vida, dicho de otra manera. Vida que no cotiza bien cuando aparece el capital depredador con casco blanco y sonrisa de folleto.

La “revolución de los flamencos” nació de ahí. De un límite. De ver cómo se levantaba una valla para impedir el acceso público. De ver a guardias privados enfrentarse a vecinas y vecinos. De ver a un terrateniente local arrastrado esposado por un terreno rocoso mientras la policía miraba. La escena resume una época: la seguridad privada empuja, el Estado calla y el dinero avanza.