El BOE desmonta el relato del miedo de Ayuso, Abascal y Feijóo sobre la regularización migrante 

Ni papeles “a granel” ni delincuentes: la norma fija filtros, fechas y controles que la derecha ha preferido ignorar

Otra vez el mismo guion. Cuando el debate se complica, cuando aparecen datos incómodos, la derecha y la ultraderecha tiran de lo conocido: miedo, ruido, titulares fáciles. La regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada el 14 de abril por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE el 15 de abril ha sido el último campo de batalla. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y dirigentes de Vox han lanzado una ofensiva basada en alarmas sobre delincuencia, colapso de servicios y “efecto llamada”.

El problema es sencillo. El decreto existe. Se puede leer. Y no dice nada de eso.

De hecho, lo que está ocurriendo encaja con ese patrón que ya vimos cuando un bulo terminó en los tribunales: repetir una mentira hasta que parezca verdad. Aquí ocurre algo parecido. Solo que esta vez el contraste con el BOE es inmediato.

El bulo de los delincuentes regularizados

Feijóo ha llegado a asegurar que se va a regularizar a personas que han delinquido, incluso que han cometido agresiones. Es un mensaje potente. También falso. El texto legal exige algo muy concreto: carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.

No es solo una declaración. La Administración recabará datos del Registro Central de Penados, de bases europeas y de informes policiales. Es más control, no menos. Un filtro reforzado. Difícil sostener el relato de la barra libre cuando el propio procedimiento obliga a verificar cada caso.

No hay amnistía indiscriminada

Tampoco estamos ante una regularización masiva sin condiciones. La norma fija límites claros. Solo pueden acogerse quienes estuvieran en España antes del 1 de enero y acrediten al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida. No basta con estar: hay que demostrarlo.

Además, la persona solicitante debe ser mayor de edad, encontrarse en España en el momento de la solicitud, no tener autorización vigente ni estar tramitando otra, presentar documentación de identidad y pagar la tasa correspondiente. Y aún hay más. Debe acreditar arraigo laboral, familiar o una situación de vulnerabilidad reconocida.

No es automático. No es rápido. No es general. Es un procedimiento administrativo exigente, con evaluación individual. Punto.

El mito del “efecto llamada”

El argumento vuelve una y otra vez. La idea de que cualquier regularización provocará una avalancha futura. Pero la norma introduce un corte temporal claro: solo quienes ya estaban en España antes del 1 de enero. Nadie que llegue después podrá acogerse.

No hay invitación. Hay regularización de una realidad ya existente. Personas que ya viven aquí, muchas trabajando en condiciones precarias, sin contrato, sin derechos. Sacarlas de esa situación no crea un efecto llamada. Reduce la economía sumergida.

Servicios públicos: entre el relato y los datos

Ayuso ha mezclado esta medida con el “turismo sanitario” y el colapso de servicios. Un clásico. Pero la regularización no trae nuevas personas al sistema. Afecta a quienes ya están dentro de él, de facto, aunque sin reconocimiento legal.

La diferencia es que ahora tendrán obligaciones. Cotizar, pagar impuestos, cumplir normas. Invisibilizarlas no reduce la presión sobre los servicios públicos. Solo facilita su explotación.

La economía tampoco respalda el alarmismo

Los datos son incómodos para el discurso del miedo. En marzo, la Seguridad Social registró 3.151.563 trabajadores extranjeros, 230.358 más que un año antes. Representan ya el 14,4% de las personas afiliadas.

Y el Banco de España estima que entre 2022 y 2024 la población extranjera aportó entre 0,4 y 0,7 puntos al crecimiento del PIB per cápita. No aparece como carga. Aparece como motor.

Mientras en otros países se endurecen políticas y se criminaliza, España intenta ordenar su realidad interna. Algo que también se analiza al comparar cómo España regulariza mientras Estados Unidos persigue. Dos modelos. Dos formas de entender la migración.

Controles, no concesiones

Otro de los bulos habituales es que bastará con decir que no se tienen antecedentes. No. El decreto prevé incluso que, si no se aporta el certificado del país de origen, la Administración pueda intentar obtenerlo por vía diplomática. Si no llega, el expediente puede archivarse.

No hay atajos. Hay comprobaciones. Y hay consecuencias si no se cumplen los requisitos.

La batalla ideológica de fondo

Vox ha ido más lejos y habla de “premiar la ilegalidad”. Es una frase contundente. También simplista. Mantener a miles de personas en la irregularidad no castiga nada. Solo crea una bolsa de trabajadores sin derechos, más vulnerables y más explotables.

Regularizar no es un regalo. Es convertir una situación de hecho en una situación legal. Con derechos, sí. Pero también con obligaciones.

Una realidad imposible de ocultar

España ha superado por primera vez los 10 millones de personas nacidas en el extranjero. El crecimiento demográfico reciente depende en gran parte de esa población. Negarlo no cambia nada.

La cuestión real no es si están. Están. La cuestión es si se las quiere en la sombra o dentro del sistema. Identificadas, registradas, cotizando. Bajo reglas.

Y ahí es donde el discurso del miedo empieza a resquebrajarse. Porque cuando se leen los requisitos —fechas, filtros, controles, condiciones— el relato de la regularización “sin límites” se queda en lo que es: ruido político.

Requisitos, uno a uno

La norma establece condiciones claras. Haber estado en España antes del 1 de enero. Acreditar cinco meses de permanencia. Ser mayor de edad. Estar en territorio español al solicitarlo. No tener autorización previa ni otra en trámite.

También se permite presentar documentación de identidad incluso caducada. Un punto importante. Desmonta otro de los argumentos habituales sobre la imposibilidad de iniciar el proceso sin papeles actualizados.

El requisito clave sigue siendo el mismo: no tener antecedentes penales. Y no basta con afirmarlo. Hay que acreditarlo. Si no, el procedimiento no avanza.

Además, la persona no puede figurar como rechazable en países con convenio ni estar bajo compromiso de no retorno. Y debe cumplir al menos una condición adicional: trabajo o intención de trabajar, convivencia familiar o situación de vulnerabilidad acreditada.

El plazo. Hasta el 30 de junio. La solicitud puede presentarse de forma presencial o electrónica, incluso en oficinas de Correos o Seguridad Social. No es improvisado. Es un proceso reglado.

Por eso el choque entre el BOE y el discurso político es tan evidente. Una cosa son los datos. Otra, el relato. Y cuando ambos se enfrentan, lo que queda al descubierto no es la norma, sino la estrategia.