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Cuando un Estado convierte el miedo en política y otro responde con derecho
La escena es global y el contraste es obsceno. Mientras la administración de Donald Trump despliega una ofensiva de deportaciones masivas y miedo institucionalizado, el Estado español anuncia una regularización que puede sacar de la invisibilidad administrativa a hasta 500.000 personas. No es un gesto simbólico. Es una decisión política con cifras, plazos y un choque frontal entre dos modelos. Allí se normaliza el terror; aquí se reconoce una realidad social que ya existía.
El acuerdo alcanzado el 27 de enero por el PSOE y Podemos llega tras más de 700.000 firmas recogidas para una iniciativa legislativa popular. El criterio es claro y verificable: haber residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, no contar con antecedentes penales y acceder a residencia permanente con permiso de trabajo. No es un regalo. Es el reconocimiento tardío de quienes ya vivían, trabajaban y sostenían sectores enteros sin derechos.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo definió como “un día histórico”. La frase importa menos que el contenido: reconocer, dignificar y dar garantías. En un país de 49,4 millones de habitantes, regularizar a medio millón equivale, por proporción, a conceder estatus legal a 3,6 millones de personas en Estados Unidos. A comienzos de 2025 vivían en España 7,1 millones de personas extranjeras; unas 840.000 lo hacían sin autorización. La regularización no crea población. Hace visible lo que el mercado ya explotaba.
DERECHOS FRENTE A LA POLÍTICA DEL MIEDO
El ruido lo pone la ultraderecha. Vox calificó la medida de “locura” y “barbarie”. El guion es conocido: criminalizar, deshumanizar, sembrar pánico moral. La respuesta desde el Gobierno y las fuerzas de izquierdas fue material y directa. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, desmontó el bulo recurrente sobre el colapso de los servicios públicos: “Lo que los desborda son los recortes y las privatizaciones”. Y añadió lo que nunca dicen quienes viven de la precariedad ajena: a algunos les molesta que ya no puedan pagar menos a quien no tiene papeles.
La secretaria política de Podemos, Irene Montero, fue aún más precisa: “Tenemos la obligación legal de garantizar derechos”. No habló de caridad, ni de excepcionalidad, ni de favores. Habló de ley. Habló de Estado. Racismo se combate con derechos.
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la Casa Blanca empuja un marco ideológico que legitima la persecución. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en diciembre de 2025, llama a “cultivar resistencia” a la migración en Europa y recicla la retórica racista del “reemplazo”, advirtiendo de una supuesta “erosión civilizatoria” en menos de 20 años. La política del miedo como doctrina exportable. No es una metáfora: Washington presiona y varios gobiernos europeos endurecen asilo y fronteras. Dinamarca, Alemania, Grecia, Polonia, Suecia y Reino Unido han dado pasos restrictivos recientes. La cadena es conocida. El miedo viaja rápido. Los derechos, no.
REGULARIZAR ES DESMONTAR LA ECONOMÍA DEL ABUSO
España no es un oasis. Más de 10.000 personas migrantes murieron en 2024 intentando llegar por mar, según Caminando Fronteras. La frontera mata y el mercado remata. La irregularidad administrativa es una herramienta de explotación, no una anomalía. Permite salarios por debajo de convenio, jornadas invisibles y miedo permanente. Regularizar rompe ese engranaje.
Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido una política de acogida más abierta que la media europea, incluida la recepción de personas rescatadas en el Mediterráneo cuando otros cerraban puertos. No es altruismo. Es reconocer que la cohesión social se construye con derechos, no con redadas. La regularización ordena el mercado laboral, aumenta cotizaciones y saca a cientos de miles de personas de la economía sumergida. El argumento económico no es ideológico. Es contable.
El contraste con Estados Unidos no podría ser más nítido. La ofensiva de deportaciones de 2026 ha dejado víctimas, ha entrado en domicilios y ha instalado el miedo en barrios enteros. Personas con ciudadanía también han pagado el precio de una política diseñada para exhibir fuerza. Frente a eso, la frase de Montero resume una frontera moral: “Si allí secuestran a niñas y niños y matan, aquí damos papeles.” No es provocación. Es una línea roja.
En un mundo que convierte el miedo en negocio, regularizar es desarmar la violencia cotidiana y decir que nadie sobra cuando la dignidad se convierte en política pública.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.