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Eurovisión se arrodilla ante la presión política y económica mientras el genocidio se blanquea con canciones pop
LA UER PLEGADA ANTE EL PODER
El espectáculo vuelve a imponerse sobre la ética. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha cancelado la votación prevista para noviembre en la que se iba a decidir la expulsión de Israel del Festival de Eurovisión. En su lugar, habrá un “debate abierto y personal” en diciembre. Una maniobra que suena menos a transparencia que a dilación, menos a diálogo que a cobardía.
Tras más de 65.000 personas asesinadas en Gaza, el genocidio sigue sin consecuencias reales para el Estado israelí en los escenarios internacionales. Ni la ONU, ni la Corte Penal Internacional, ni siquiera un concurso de canciones se atreven a trazar una línea roja. Eurovisión, que se jacta de celebrar la diversidad y la paz, ha decidido mirar hacia otro lado.
La decisión llega justo después del anuncio del llamado “acuerdo de paz” entre Israel y Hamás, presentado por Trump como un éxito histórico y por la mayoría de gobiernos europeos como un alivio. Pero lo que en realidad implica es la consolidación de un sistema de apartheid bajo control israelí, con Gaza reducida a escombros y un millón de personas desplazadas sin derecho al retorno.
La excusa del alto el fuego sirve ahora como cortina de humo para desactivar la presión pública. Las y los artistas, periodistas y espectadores que exigían la expulsión de Israel son ahora acusados de no “creer en la paz”. Es el viejo truco del poder: transformar la solidaridad en fanatismo y la complicidad en virtud.
EUROPA CALLA, RTVE RESISTE
La cobardía no ha sido unánime. RTVE ha reiterado su postura: España no participará en Eurovisión 2026 si Israel continúa invitada. Lo dijo con claridad María Eizaguirre, directora de Comunicación del ente público, durante la presentación del Benidorm Fest. “La posición de esta casa es muy clara”, afirmó. Pero ni su claridad ni la de otras televisiones europeas parecen suficientes para doblegar el cinismo de Bruselas y Viena.
Porque el veto no solo se ha frenado: se ha boicoteado desde dentro. El gobierno austríaco del conservador Christian Stocker (ÖVP) presionó a su televisión pública y al Ayuntamiento de Viena para que renunciaran a ser sede del festival si Israel era expulsado. Un chantaje económico disfrazado de corrección política: “Es inaceptable que prohibamos a un artista judío venir a Viena”, dijo un alto cargo del ÖVP.
Nadie prohíbe a artistas judíos. Se exige que un Estado responsable de crímenes de guerra no use la música como propaganda. Confundir una identidad religiosa con un gobierno genocida es la coartada perfecta para perpetuar la impunidad.
Mientras tanto, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos han confirmado que mantendrán su decisión de retirarse del festival si Israel sigue participando. Su gesto, aunque simbólico, rompe la unanimidad del silencio. Eurovisión podría perder hasta cinco países en su próxima edición, pero lo que ya ha perdido es algo más profundo: credibilidad moral.
A la presión política se suma la económica. La retirada de Viena como sede supondría una penalización de 40 millones de euros, y ese dato pesa más que las vidas palestinas. En la Europa de los tratados, la dignidad tiene precio y se paga en euros.
La UER, que debería ser un espacio cultural libre de injerencias estatales, se convierte así en un escenario más de blanqueamiento. No se trata solo de una canción: se trata de cómo la industria cultural europea legitima el genocidio bajo el disfraz de neutralidad.
Mientras Israel sigue utilizando su delegación artística como instrumento de propaganda —acosando a otros equipos, lanzando comentarios racistas y utilizando campañas digitales financiadas por agencias estatales para manipular el televoto—, la UER prefiere no incomodar a sus patrocinadores ni a los gobiernos aliados.
El festival que se vendía como un símbolo de unidad y diversidad se convierte, un año más, en el escaparate más pulido de la hipocresía europea.
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