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243 millones de euros desviados y un sistema sanitario público en jaque
Durante la pandemia, los contratos de emergencia permitieron actuar con rapidez, pero en Andalucía se transformaron en una herramienta para el desvío de recursos hacia clínicas privadas. La cifra es demoledora: 243 millones de euros adjudicados sin licitación ordinaria entre 2020 y 2023. Según la Fiscalía Anticorrupción, no hubo «aval jurídico alguno» para justificar esta práctica que, lejos de ser temporal, se extendió hasta dos años y medio.
19 informes de la Intervención de la Junta denuncian un sistema de contratación plagado de irregularidades, con adjudicaciones «a dedo» y un uso sistemático de fondos públicos que beneficiaron a entidades privadas. En palabras de Rafael Márquez, portavoz del PSOE-A, este modelo evidencia un «menosprecio grosero al ordenamiento jurídico».
El modus operandi es claro: recortar recursos a la sanidad pública y redirigirlos a la privada sin control ni transparencia. Los contratos iniciales, valorados en 70 millones de euros en 2020, aumentaron progresivamente: 55,7 millones en 2021, 100,9 millones en 2022, hasta alcanzar los 243 millones en marzo de 2023. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ya investiga la posible prevaricación detrás de estas adjudicaciones.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y JUDICIALES
La investigación pone el foco en el Ejecutivo de Moreno Bonilla. Según Anticorrupción, los contratos irregulares se extendieron hasta julio de 2024 mediante adendas y prórrogas, consolidando un sistema que drenó recursos públicos. Entre los imputados se encuentran Valle García, actual directora del SAS, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
El esquema revela un problema estructural. En octubre de 2020, la Junta eliminó los controles previos para las contrataciones de emergencia, facilitando el «desvío masivo» que ahora se investiga. La ausencia de licitación ordinaria y la prolongación de los contratos superaron los límites legales, como indican los informes de la Intervención.
El silencio del gobierno autonómico es ensordecedor. Moreno Bonilla no ha asumido responsabilidad alguna, mientras que funcionarios de la Junta denuncian congelaciones salariales en un contexto donde el dinero fluía hacia manos privadas. Este contraste pone en evidencia las prioridades de un gobierno que privilegia el beneficio empresarial sobre el bienestar colectivo.
No se trata solo de «irregularidades administrativas». Es un ataque deliberado al sistema público de salud, que queda debilitado para justificar futuras privatizaciones. Mientras tanto, los y las profesionales sanitarias trabajan bajo condiciones precarias, enfrentando recortes y una sobrecarga que amenaza la calidad del servicio.
El caso SAS podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la sanidad en España.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete el tecnofascismo en Defensa
Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.
Apenas se oye hablar de este escandalazo, son muy hábiles para ocultar sus delitos
Muy cierto, son unos descarados, se dedican a inventar bulos y encima la gente los cre y los defienden.
Yo no lo entiendo esto.
Ppodedumbre,tienen sus faros,trump,meloni mileni,etc.,etc.,hacia el sistema «homeless»-sin techo,que tanto abunda en yankeelandia,cáncer del mundo.