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Sin una estrategia para atacar la especulación y reducir los precios del alquiler, esta medida se queda en un titular más.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de una «gran empresa pública de vivienda» que construirá y gestionará viviendas desde la Administración General del Estado. Este anuncio, realizado en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla, llega como respuesta a los ataques de la derecha a la Ley de Vivienda. Sin embargo, aunque siendo positiva y un primer paso, la medida no aborda las raíces del problema habitacional en España.
La crisis de la vivienda no se resuelve solo con nuevas estructuras burocráticas que, sin financiación ni competencias claras, nacen muertas. En 2023, según el INE, más de 50.000 desahucios fueron ejecutados, muchos de ellos vinculados a alquileres imposibles de sostener. Mientras tanto, hay más de 3,4 millones de viviendas vacías, en su mayoría propiedad de grandes tenedores y fondos buitre. La solución no pasa únicamente por construir más, sino por regular y redistribuir lo que ya existe.
La Ley de Vivienda, aprobada en la pasada legislatura, ha sido boicoteada por comunidades gobernadas por la derecha, pero también es insuficiente para enfrentarse al modelo especulativo que domina el sector inmobiliario. Las multinacionales y los bancos han sido protegidos durante décadas, mientras las personas trabajadoras han visto cómo los precios suben hasta niveles que absorben el 40% de sus ingresos, según Eurostat.
LA NECESIDAD DE REFORMAS ESTRUCTURALES
Pedro Sánchez plantea esta empresa como una medida estrella de su Gobierno, pero no ha ofrecido detalles sobre presupuesto, plazos o alcance. Sin una estrategia para atacar la especulación y reducir los precios del alquiler, esta medida se queda en un titular más. Ya existen empresas públicas de vivienda en varias comunidades autónomas que apenas gestionan unos pocos miles de inmuebles, mientras los fondos de inversión poseen cientos de miles.
La comparación con otros países europeos es devastadora. En Austria, por ejemplo, el 60% de la vivienda en Viena es de alquiler público, y el precio medio no supera los 400 euros. En España, las viviendas públicas representan menos del 2% del total, una cifra ridícula para una de las economías más importantes de la UE.
El anuncio de Sánchez no menciona cómo se combatirá el acaparamiento de inmuebles por parte de fondos buitre o qué pasará con los beneficios récord de las inmobiliarias y los bancos en plena crisis social. En 2024, Blackstone anunció que sus operaciones en España generaron un beneficio de más de 1.000 millones de euros, mientras decenas de miles de familias se enfrentaban al desahucio.
Por otro lado, la falta de regulación efectiva del alquiler ha permitido que ciudades como Madrid o Barcelona tengan los precios más altos de Europa. Crear una empresa pública sin atacar estas raíces es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
SIN POLÍTICAS VALIENTES, TODO ES RETÓRICA
Las palabras del presidente, aunque cargadas de intenciones progresistas, no son más que un parche frente a un sistema económico que privilegia el beneficio privado sobre el bienestar colectivo. Mientras no se cuestionen los pilares del modelo neoliberal que convierte derechos en negocios, la vivienda seguirá siendo un privilegio para quienes pueden permitírselo y una pesadilla para quienes no llegan a fin de mes.
No es suficiente construir más viviendas. Es necesario limitar los precios del alquiler, expropiar las propiedades de grandes tenedores que mantienen inmuebles vacíos y garantizar que el derecho a una vivienda digna no dependa del saldo de una cuenta bancaria.
Frente a esta realidad, la «gran empresa pública de vivienda» parece un intento desesperado por maquillar un problema que requiere decisiones políticas valientes, no titulares para acallar a la oposición.
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