Cómo funcionaba la “organización criminal” del clan Pujol 

La Fiscalía estima que en más de 40 millones de euros la fortuna que llegó a amasar la familia

El pasado 21 de abril la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmaba íntegramente el auto del juez José de la Mata en el que propuso juzgar a la familia Pujol por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Por tanto los nueve miembros de la familia Pujol Ferrusola: el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y los siete hijos que tienen en común, serán juzgados y pierden la última oportunidad de librarse del banquillo.

La resolución confirma que el enriquecimiento ilícito se produjo en el extranjero, principalmente en Andorra, de ahí la competencia de la Audiencia Nacional, mediante el movimiento de fondos en efectivo a través de cuentas bancarias a nombre de distintos miembros de los Pujol o de fundaciones controladas por ellos para no levantar sospechas.

La Sala confirma también que los presuntos delitos se cometieron como organización criminal ya que hubo una actuación concertada y mantenida en el tiempo de todos los integrantes de la familia Pujol para obtener multimillonarios beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas.

Tres niveles en el entramado delictivo

Ahora, infoLibre se ha encargado de explicar los tres niveles del entramado delictivo. El primero, la obtención de la enorme fortuna que manejaron a través del cobro de comisiones ilegales; el segundo, la creación y gestión por parte del primogénito de una compleja red de empresas sin actividad para mover ese dinero; y el tercero, la apertura de cuentas bancarias en Andorra a nombre de la mujer del expresidente catalán y los siete hijos para ocultar los fondos al fisco español.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso el citado medio, los fiscales explican el papel que tuvo cada miembro de la «organización criminal» dirigida al enriquecimiento y la ocultación de una fortuna de la que no se ha podido establecer un origen concreto.

En 2014, Jordi Pujol envió a los medios de comunicación un comunicado en el que que hablaba de una supuesta herencia que su padre habría dejado a su mujer y sus hijos en 1980 y de la que «nunca se encontró el momento adecuado para regularizar». Después de la investigación posterior, Anticorrupción concluye que no hay rastro de esa herencia pero sí de los delitos citados anteriormente.

El origen de la investigación radica en una denuncia en diciembre de 2012 de Victoria Álvarez, examante del primogénito, quien señaló que Jordi Pujol Ferrusola «disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor que introducía en España desde Andorra», que «tenía negocios en países como Andorra, el Reino Unido, Argentina y México», y que había escuchado conversaciones entre el hijo mayor, su esposa y su madre «sobre dinero que se encontraba en el extranjero”.

Para la Fiscalía, la historia comienza en los tiempos en que Pujol ocupaba el cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña, diputado en el Parlament y presidente del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), cargos con los que «aprovechó» para tejer una «red de clientelismo» con la que construyó un «entramado» a través del cual tanto él como «determinados empresarios afines» a la formación política se repartieran «sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC». A pesar de que no concretan desde qué año hasta qué año estuvo en marcha esa red clientelar, sí destacan que Pujol estuvo en lo más alto de la política catalana durante más de treinta años.

El escrito explica que así es cómo consiguió un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y, en particular, a la sociedad catalana. Aquí es donde entran en el entramado el resto de miembros de la familia, quien de forma coordinada y a lo largo de muchos años lograron ocultar el auténtico origen del dinero, a través de cuentas bancarias en Andorra y pudieron disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen.

En la cima de la trama se encontraba Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola; el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, y la mujer de éste, Mercé Gironés. El resto de los hijos se dedicaron a beneficiarse «directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a ocultarlas».

Sin embargo, el verdadero protagonista es el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, quien con la colaboración de su entonces esposa y siempre en cumplimiento de lo acordado por sus padres, se encargó durante años de las operaciones bancarias y societarias para ocultar el patrimonio familiar.

Pujol Ferrusola es el único que ha pasado por prisión provisional, donde estuvo ocho meses en 2017, y es el que se enfrenta a una petición más alta de pena: 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el padre, Jordi Pujol, Anticorrupción pide nueve años y para el resto de los hijos, entre 8 y 17 años. A Marta Ferrusola se le han archivado las diligencias por enfermedad.

En relación a la ocultación del dinero en Andorra, los miembros del clan y la esposa del primogénito fueron titulares y/o dispusieron de fondos en cuentas bancarias desde 1990 en la entidad Andbank y después en la Banca Privada de Andorra (BPA) «que al tiempo de cumplimentar la solicitud ya habían sido canceladas, a excepción de cuentas de Josep Pujol Ferrusola».

Sociedades mercantiles sin personal

Y en lo referente a las sociedades mercantiles investigadas, todas tenían como socios, apoderados o administradores a Pujol Ferrusola y Gironés. Los fiscales concluyen que no había diferenciación alguna de actividades entre ellas y no reflejan ninguna justificación económica y jurídica de las operaciones que declaraban realizar. En resumen, Pujol Ferrusola y Gironés, según la Fiscalía, realizaron contrataciones ficticias con las que obtuvieron enormes ingresos.

A excepción de una de esas sociedades que tuvo a una única trabajadora por un corto periodo de tiempo, las demás no tenían personal y los servicios que afirmaban prestar eran los de asesoramiento/consultoría e intermediación en conocimientos en ingeniería, construcción, inmobiliaria, incluso industria fotovoltaica.

Las empresas a las que supuestamente prestaban asesoramiento sí tenían capacidad tanto material como de personal cualificado para realizar tales funciones y todas presentaban una característica común: habían resultado adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas de Cataluña.

Los fiscales explican que: «La realidad es que la actividad de esas sociedades se confunde con la de los propios acusados. Y todo ello significa que tanto los intereses como sus patrimonios se confunden con los de los propios acusados, acreditado ello al actuar los acusados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés bajo el principio de unidad de caja, consiguiendo de esta manera tributar a través del Impuesto de Sociedades, lo que la realidad ha determinado que son actividades imputables a las personas físicas. La finalidad de las sociedades, por tanto, no era el ejercicio de sus propias actividades mercantiles, por lo que las ganancias obtenidas por las sociedades deben imputarse a estos a razón de su participación en las mismas».

El Ministerio Público, en relación a las cuentas en Andorra, estima que los Pujol llegaron a amasar al menos 38,79 millones de euros, más de 8 millones de dólares, más de 2,7 millones de marcos y más de 95.000 libras.

La Fiscalía expone, por ejemplo, que «se produjeron numerosos abonos millonarios, algunos por transferencias internas de la propia entidad, otros por transferencias desde Suiza, así como ingresos en efectivo o bien ingresos de cheques», aunque «de la mayoría se desconoce su origen». En los ingresos cuyo origen se pudo determinar, se ha podido establecer en algún caso la procedencia del cobro de comisiones ilegales.

«SAGRADA FAMILIA»

Cuando se realizaban los «repartos» entre las cuentas de los miembros del clan Pujol Ferrusola utilizaban en las órdenes de transferencia la nomenclatura “SAGRADA FAMILIA”. Algunas cuentas permanecieron abiertas dos años; otras, más de diez.

Además de las cuentas de Andorra, entre 2002 y 2004 Jordi Pujol Ferrusola fue titular de una cuenta en Suiza que se abrió con más de siete millones de euros que sirvieron para adquirir un fondo de inversión al que transfirió 4,4 millones más. El fondo fue cancelado y tanto los títulos como el dinero se traspasaron a cuentas en Delaware y a otras en Luxemburgo y Ginebra.