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Las enfermeras, exhaustas y al borde del abandono: seis de cada diez consideran abandonar su trabajo
La sanidad en España atraviesa una crisis sin precedentes, pero las cifras que la sustentan son más que números. Seis de cada diez enfermeras y enfermeros consideran abandonar su trabajo, desgastados hasta el límite por una sobrecarga que los está consumiendo. El último informe del Consejo General de Enfermería (CGE) revela que, en la actualidad, el 95% del personal de enfermería experimenta un volumen de trabajo alto o extremo, y un alarmante 88,3% reconoce que esta presión ha afectado su salud mental. Hablamos de profesionales fundamentales para el funcionamiento del sistema, de personas cuyo rol en la atención a la ciudadanía se ha vuelto insostenible por las condiciones que enfrentan.
Esta sobrecarga no es un fenómeno aislado. Según los datos, el 63% de las enfermeras en España han llegado a plantearse dejar la profesión, y el 36% asegura que, si pudiera retroceder, jamás habría escogido esta carrera. La situación, que ya era complicada durante la pandemia de COVID-19, no ha hecho más que empeorar. «Estamos al borde del colapso», advierte Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, en un discurso que no deja espacio para la duda. La falta de soluciones políticas, el desinterés institucional y la indiferencia hacia quienes sostienen la sanidad pública solo han contribuido a que las enfermeras y enfermeros trabajen en condiciones cada vez más precarias y desesperantes.
Para alcanzar la ratio media de enfermería de la Unión Europea, España necesitaría contratar al menos 125,000 enfermeras y enfermeros adicionales. Pero en vez de abordar esta necesidad, el sistema sigue alargando la cuerda. En lugar de soluciones, se exige más a unas personas que ya están al límite de sus capacidades físicas y psicológicas. No se trata de un lujo; se trata de una cuestión de vida o muerte para las personas que cuidan y para quienes dependen de su atención.
EFECTOS DEVASTADORES: ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y BAJAS LABORALES
La situación no solo está afectando la atención que reciben los pacientes, sino también la vida misma de las y los profesionales de la salud. Los datos de la encuesta del CGE son contundentes: un 86% de las enfermeras y enfermeros sufren estrés crónico; un 60% enfrenta episodios de ansiedad e insomnio. Peor aún, el 27% ha sido diagnosticado con depresión, una cifra que va en aumento conforme la carga de trabajo y la presión emocional se incrementan. El 23% de las enfermeras ha solicitado la baja laboral debido a problemas derivados de estas condiciones extremas; para muchos, la única alternativa viable para preservar su salud es, irónicamente, alejarse de su trabajo.
La presión no se limita solo al día a día; las consecuencias se prolongan en el tiempo. La encuesta del CGE muestra que el 34,3% de los y las enfermeras consideran la prejubilación, asumiendo incluso los costes personales de una decisión que refleja su desesperación. La sanidad pública española no solo corre el riesgo de quedarse sin personal; si no se actúa con urgencia, podríamos estar asistiendo a la desaparición de una generación de enfermeras y enfermeros que nunca volverán a los hospitales.
Esta situación no es solo insostenible; es injusta. Mientras que la clase política prefiere mirar hacia otro lado, los pacientes sufren el impacto directo de un sistema roto. Desde el CGE se advierte que, si continúa la tendencia, el sistema nacional de salud se tambaleará de manera irreversible. Quienes pagan el precio de esta falta de voluntad política son los profesionales de la salud y, en última instancia, los pacientes que dependen de una atención adecuada y digna.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.