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La VI Cumbre Transatlántica, organizada por grupos ultraconservadores, cuestiona derechos fundamentales bajo el amparo institucional.
Este 2 de diciembre, el Senado español acoge la VI Cumbre Transatlántica, promovida por la Red Política de Valores. Más que un debate de ideas, este evento representa un ataque frontal contra los derechos sexuales y reproductivos, especialmente el aborto. La elección de la Cámara Alta no es casual: busca legitimar un discurso reaccionario que pone en peligro derechos conquistados con décadas de lucha.
El evento reúne a figuras como José Antonio Kast, defensor de la dictadura chilena, y Lucy Akello, diputada ugandesa que apoya la pena de muerte para personas LGTBI+. Esta cumbre no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia global que normaliza políticas represivas. En Hungría, por ejemplo, el gobierno de Viktor Orbán ha modificado la Constitución para restringir los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI+. En Polonia, las denominadas «zonas libres de ideología de género» simbolizan el avance del autoritarismo.
El aborto, aunque no es un derecho constitucional explícito en España, está protegido por leyes que garantizan la salud y la integridad física de las mujeres. Para María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Derechos Humanos, esta cumbre «atenta contra la esencia de nuestras leyes y derechos fundamentales».
La indignación feminista no se ha hecho esperar. Feminismos Tetuán ha convocado una protesta frente al Metro Ópera. «Es inadmisible que espacios públicos sirvan como plataforma para discursos que criminalizan a mujeres y hombres por ejercer su autonomía», denuncian desde la Comisión del Aborto de Madrid.
EL PESO DE LA POLÍTICA EN LOS DERECHOS HUMANOS
La celebración de este evento contó con el visto bueno de la Mesa del Senado, que aprobó su realización con el respaldo del Partido Popular y el PSOE. Sin embargo, partidos como ERC, EH Bildu o la Izquierda Confederal han solicitado su cancelación. El veto a las mociones para frenar esta cumbre refleja una desconexión preocupante entre las instituciones y la ciudadanía.
Desde SEDRA, la Federación de Planificación Familiar, advierten del peligro que representan estas dinámicas. Según Raquel Hurtado, portavoz de la organización, «los discursos ultraconservadores están ganando terreno, pero la mayoría de la población española defiende los derechos reproductivos». Es esencial que las instituciones públicas no solo protejan estos derechos, sino que trabajen activamente para garantizar su pleno cumplimiento.
La Red Política de Valores, organizadora de la cumbre, también tiene vínculos con figuras como Jaime Mayor Oreja, quien desde su fundación promueve una agenda ultraconservadora en toda Europa. El uso de fondos públicos para financiar este tipo de eventos no solo es cuestionable; es un ataque directo a la democracia y a los principios de igualdad.
El auge de estos movimientos no es un fenómeno aislado, sino una ofensiva global contra los derechos humanos. Mientras tanto, las calles y las plazas vuelven a ser el escenario de resistencia. La lucha continúa, y ningún espacio institucional debe ser cómplice del retroceso social.
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