La neutralidad inexistente: la corrupción y la ideología enquistadas en el poder judicial español 

Ni imparciales, ni independientes: cuando los jueces hacen política en toga ajena

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EL SISTEMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE PODER, NO DE JUSTICIA

Una jueza archiva una causa contra un político corrupto tras años de dilaciones. Un fiscal omite pruebas clave. Un magistrado del Supremo concede entrevistas a medios de ultraderecha opinando sobre el “golpe separatista” o el “comunismo bolivariano” sin que pase absolutamente nada. La imagen de la justicia como un poder separado, ajeno a la lucha política, es un relato infantil que ya nadie compra salvo los tertulianos bien pagados. Y sin embargo, ahí sigue, repitiéndose como dogma de fe en cada editorial de ABC o cada declaración institucional del CGPJ: “Los jueces no hacen política”.

El problema no es solo que muchos sí la hacen. El problema es que lo hacen sin asumir las consecuencias.

España arrastra un modelo judicial heredado del franquismo en más aspectos de los que nos gusta admitir. La estructura piramidal, la falta de control democrático y el corporativismo de sus órganos de gobierno crean una élite togada que opera en un limbo entre el poder y la impunidad. El CGPJ fue renovado hace apenas un año, pero el problema no era solo su bloqueo: es su arquitectura entera, heredada del franquismo.

Los tribunales superiores en España han actuado con frecuencia como muralla ideológica frente a avances sociales o reformas de corte progresista. Véase el caso del Tribunal Constitucional y la ley del aborto, que tardó 13 años en pronunciarse. O las maniobras para frenar leyes como la de memoria democrática, la ley de vivienda o la de eutanasia. No es casual. No es técnica jurídica. Es alineamiento ideológico.

CORRUPCIÓN, SELECTIVIDAD Y PUERTAS GIRATORIAS

Cuando el exministro Jorge Fernández Díaz fue imputado por organizar una policía política contra Podemos, la reacción del entorno judicial fue de un silencio sepulcral. Cuando Esperanza Aguirre, símbolo de una época de saqueo institucional, fue citada a declarar por el caso Púnica, ningún alto cargo judicial se pronunció sobre la gravedad sistémica de la trama. Cuando la Fiscalía decidió no pedir cárcel para Juan Carlos I pese a reconocer fraude fiscal, se invocó una mezcla de “prescripción” y “inviolabilidad” que bordea el insulto a la inteligencia democrática.

¿Cuántos ministros de Aznar acabaron imputados o condenados? Más de una docena. ¿Cuántos cumplen condena efectiva hoy? Ninguno. El mismo Eduardo Zaplana, que apareció con millones en cuentas opacas, goza de libertad condicional mientras la Audiencia Provincial de Valencia eterniza su juicio. Rodrigo Rato, exvicepresidente económico y arquitecto del expolio de Bankia, entró en prisión por las tarjetas black… y salió en apenas dos años. Su condena fue más corta que la de un mantero por vender gafas de sol.

La impunidad judicial se viste de tecnicismo, pero huele a privilegio. A puerta giratoria. A cena en El Casino con el acusado. A despacho de abogados donde antes hubo tribunal. Porque el paso de la toga a la consultora es más fluido que el de una víctima de desahucio al juzgado de lo social.

Mientras tanto, la justicia actúa con una severidad quirúrgica contra sindicalistas, activistas climáticos o jóvenes en manifestaciones. La Ley Mordaza fue confirmada por el Constitucional en sus aspectos más represivos. Las multas por cantar en un rap lo que otro publica en un editorial son legalmente defendidas como “defensa del orden público”. Y todo esto bajo la cobertura de una supuesta neutralidad que, como la de la monarquía, se sostiene en su propia mitología.

No es un poder independiente. Es un poder atrincherado.

EL JUEZ PEINADO: DE MAGISTRADO A PEÓN POLÍTICO

La figura del juez Juan Carlos Peinado es el mejor ejemplo de cómo se puede usar una toga como ariete político. Su nombre aparece ya en los manuales del lawfare español como sinónimo de estrategia, oportunismo y servilismo mediático. No por su excelencia jurídica, sino por su sincronía con los intereses de la derecha más reaccionaria. Peinado no instruye causas, ejecuta líneas editoriales. Y lo hace con una eficacia digna del mejor operador político.

En apenas unos meses, ha logrado una notoriedad mediática que muchos jueces no alcanzan en décadas de carrera. ¿El secreto? Convertirse en el azote judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a través de una causa sin base probatoria sólida, alimentada por dossieres de la ultraderecha y promovida desde altavoces como El Debate, Okdiario o Espejo Público. Lo que no pudo la oposición en las urnas, lo intenta Peinado con autos y filtraciones.

Su historial revela una línea constante: procesos que apuntan a personas vinculadas al progresismo político, con resoluciones que llegan puntualmente a los medios en momentos clave. La causa contra Gómez se reactivó en plena campaña europea, sin pruebas, pero con titulares. Peinado no investiga: insinúa. No acusa: sospecha. Y no instruye con neutralidad: lo hace con calendario electoral.

¿Y el CGPJ? Calla. ¿Y la Fiscalía? A menudo se ve desplazada por la presión mediática. ¿Y la prensa “seria”? Juega al equidistante. Todo ello refuerza la estrategia del juez: presentar su actuación como si fuera “valentía judicial” frente al poder político, cuando en realidad es activismo togado al servicio de una agenda concreta. En su despacho no se protege la legalidad, se la utiliza como arma.

Los antecedentes ya venían de lejos. Peinado fue protagonista de actuaciones polémicas en otras causas que terminaron archivadas, pero no sin antes haber dejado titulares. Su metodología es clara: abrir diligencias con escasa base, amplificarlas mediáticamente, estirarlas en el tiempo y cerrarlas cuando ya han hecho el daño político suficiente.

Así se construye un juez estrella en la España post-Aznar: con el foco mediático en una mano y el argumentario de Vox en la otra.

Cuando un juez declara que el problema no es la corrupción, sino quienes la denuncian, no está interpretando la ley: está ejerciendo poder sin control democrático. Y ese poder, sin contrapeso ni depuración, deja de ser justicia para convertirse en amenaza.

Este artículo ha sido desarrollado a partir de la sugerencia de nuestro seguidor Jose Manuel Francisco jose_manuel_fran