Informes forenses y clínicos confirman que los protocolos de Ayuso dejaron morir a miles en las residencias 

Los protocolos de la vergüenza no solo marcaron una gestión; marcaron una forma de entender la vida y la muerte en tiempos de crisis.

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso, reduciendo la tragedia en las residencias a un frío “se iban a morir igual”, no son solo una justificación irresponsable, sino el reflejo de una gestión deshumanizada que dejó morir a miles de personas mayores. Según datos oficiales, 7.291 personas fallecieron en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia. El reciente informe forense que ha llegado a la Audiencia Nacional desmonta este discurso y señala que muchos de estos fallecimientos eran evitables.

“Con esta saturación de oxígeno procedía a la solicitud de traslado, salvo que otro criterio lo desaconsejase. No se hizo.” Estas palabras, extraídas de un informe forense al que tuvo acceso la prensa, confirman que los protocolos no fueron solo una barrera administrativa, sino una sentencia de muerte. Los historiales clínicos de varias residencias, como el de Monte Hermoso, muestran intentos desesperados por derivar pacientes que no tuvieron respuesta. “Se intentó derivar al hospital sin éxito”, reflejan una y otra vez las notas de los expedientes.

Lo más grave: los protocolos de la Comunidad de Madrid, aprobados oficialmente entre el 18 y el 25 de marzo de 2020, ya se estaban ejecutando días antes de su redacción. Un residente falleció el 16 de marzo después de que su traslado fuera rechazado, pese a las solicitudes de la residencia. La documentación disponible evidencia que las órdenes de no derivar a mayores a hospitales se aplicaron desde el inicio del estado de alarma, antes incluso de tener una base legal.

La situación de abandono quedó registrada no solo en los historiales médicos, sino también en las actas de inspección de la Policía Municipal en residencias madrileñas. Allí, las y los agentes describieron cómo los centros colapsaban mientras los recursos solicitados no llegaban. Ambulancias que no acudieron, oxígeno insuficiente y cuerpos que se acumulaban sin que la administración pública reaccionara a tiempo.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y JURÍDICAS: LA AUDIENCIA NACIONAL EN EL PUNTO DE MIRA

Las investigaciones sobre estos hechos han llegado a la Audiencia Nacional, donde el abogado Carlos Sardinero lleva varios casos que podrían sentar precedentes sobre la responsabilidad política y administrativa. Las pruebas, que incluyen historiales médicos, actas policiales e informes forenses, no dejan lugar a dudas: el veto a los traslados fue una decisión política, no una consecuencia inevitable de la pandemia.

Para las familias, la espera ha sido devastadora. Marta y Laura Grela, cuyo padre murió en condiciones indignas en una residencia madrileña, son algunas de las denunciantes que buscan justicia. “No sé qué tendría que ocurrir para no ganar estas causas”, afirma Sardinero, confiado en que las evidencias serán suficientes para que la Comunidad de Madrid y el Estado rindan cuentas.

El impacto de esta gestión no solo se limita a las familias de las víctimas. Organizaciones sociales, mareas de residencias y amplios sectores de la ciudadanía siguen reclamando justicia. Las universidades han denunciado los recortes sistemáticos en la Comunidad de Madrid, señalando que esta es “la región que peor financia y mantiene los precios más altos”. Ayuso, mientras tanto, parece ajena a estas demandas, priorizando viajes al extranjero y discursos simplistas que esquivan la autocrítica.

La ausencia de recursos y la gestión deficiente no son hechos aislados. Forman parte de un modelo político que deshumaniza los servicios públicos y los reduce a cifras presupuestarias. Los recortes sistemáticos en sanidad y servicios sociales, agravados por una pandemia, no son casualidades: son decisiones.