El blindaje mediático es tan evidente que desnuda la relación entre publicidad institucional, poder político y manipulación informativa.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LOS TRIBUNALES, SILENCIO EN LAS PORTADAS
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a un juicio oral por fraude fiscal, falsificación documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. No hablamos de rumores ni de filtraciones interesadas: lo firma la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular interina del juzgado de instrucción nº 19 de Madrid. Sin embargo, el eco mediático ha sido prácticamente inexistente en las cabeceras conservadoras.
El contraste es tan brutal que parece diseñado en un despacho de comunicación. Mientras se analizan hasta el mínimo detalle los procesos contra el hermano del presidente del Gobierno o se desempolvan casos como el de Koldo, el banquillo que espera al novio de la presidenta madrileña se convierte en un tabú. La instrucción existe, los delitos son graves y la Fiscalía habla de millones defraudados, pero los grandes diarios prefieren mirar hacia otro lado.
El Mundo, que en su portada digital del martes sí destacaba la situación judicial de David Sánchez, relegó el caso de González Amador a una nota secundaria casi invisible. ABC optó por otro truco: cuestionar a la jueza por ser sustituta, un procedimiento cotidiano en los juzgados, como si la validez de su resolución dependiera de la plaza en propiedad.
Otros medios como El Español o El Confidencial directamente han hecho desaparecer la noticia de sus portadas, pese a que horas antes publicaron algún apunte. Ok Diario y El Debate ni siquiera se han molestado en disimular su silencio.
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COMO CENSURA ENCUBIERTA
La explicación es incómoda pero obvia: la Comunidad de Madrid riega con publicidad institucional a estos mismos medios que ahora callan. Esa lluvia de dinero público funciona como mordaza y como salvoconducto para que los pecados de Ayuso y su entorno pasen inadvertidos. No es un simple sesgo ideológico. Es una estrategia de supervivencia económica a costa del derecho ciudadano a estar informado.
Vozpópuli y The Objective apenas han hecho una mención lateral. La excepción ha sido La Razón, pero para convertir el juicio en una “cacería política”. Francisco Marhuenda, director del diario, defendió a González Amador como si se tratase de una víctima, pese a que hablamos de un defraudador confeso. Su justificación fue grotesca: “Es alguien anónimo que tiene la suerte de ser la pareja de una persona excepcional como Ayuso”. Que un fraude fiscal millonario se convierta en una prueba de amor mediática revela el nivel de degradación periodística.
La protección a Ayuso no es gratuita. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha utilizado el caso para lanzar bulos, amenazar con “triturar” a periodistas y presionar a los jueces. La presidenta se ha parapetado en la narrativa de la conspiración mientras su pareja afronta delitos que podrían terminar con una condena de cárcel.
En paralelo, este martes la Audiencia Provincial de Badajoz decidió procesar al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE extremeño por prevaricación y tráfico de influencias. Nadie duda de que este miércoles ocuparán espacio privilegiado en esas mismas portadas que ayer escondían al novio de Ayuso. La doble vara de medir es tan burda que deja al descubierto lo que intentan ocultar.
El silencio mediático es, en realidad, un grito atronador de complicidad entre poder político, negocios privados y dinero público.
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