Ayuso convierte la maternidad en trinchera ideológica con su “ley del concebido no nacido”
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.
La propuesta reconoce al “concebido no nacido” como “miembro más de la unidad familiar”. Dicho así parece una fórmula burocrática. Pero no lo es. Es política pura. Y de la más peligrosa: la que pretende colarse por la puerta de las ayudas sociales para instalar una visión ultraconservadora de la maternidad, del cuerpo de las mujeres y de la familia. No están ampliando derechos: están moviendo el marco para que el embarazo pese jurídicamente antes que la vida material de las mujeres.
El pacto entre EE.UU. e Irán redibuja Oriente Medio y deja a Israel mirando el desastre
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, firmado el 18 de junio por Donald Trump y Masoud Pezeshkian, ya tiene su etiqueta grandilocuente: el “gran pacto”, el “acuerdo del siglo”, la jugada histórica que supuestamente cerraría una etapa de guerra y abriría otra de negociación. La liturgia también fue cuidadosamente escogida. Trump lo formalizó en Versalles, al margen de la cumbre del G7, como si el decorado imperial pudiera maquillar lo evidente: las potencias no reconstruyen el orden internacional, lo reparten.
Es el primer pacto firmado por un presidente estadounidense y un presidente iraní desde la Revolución Islámica de 1979. No es un detalle menor. Tiene 14 puntos, prolonga el alto el fuego durante 60 días, incluye a Líbano y abre la puerta a negociar un arreglo permanente, incluido el programa nuclear iraní. Dicho así parece diplomacia. Pero la diplomacia, cuando llega después de miles de muertos, suele ser el nombre elegante del fracaso moral.
La desconfianza mediática ya es una emergencia democrática, y RTVE aparece como una excepción incómoda
La crisis de confianza en los medios ya no es una sensación difusa, ni una queja de barra de bar, ni una paranoia de quienes están hartas y hartos de ver tertulias convertidas en juicios sumarísimos. Es un dato. Y bastante demoledor. El último Digital News Report del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, elaborado por la Universidad de Oxford junto a la Universidad de Navarra a partir de una encuesta de YouGov a unas 2.000 personas en España, vuelve a poner negro sobre blanco una realidad muy incómoda: el 74% de los españoles afirma tener dudas para distinguir entre noticias reales y falsas en internet.
Recongelar el Ártico mientras se incendia el sistema
La escena tiene algo de ciencia extrema y algo de derrota política. En Cambridge Bay, al norte de Canadá, un equipo de Real Ice perfora el hielo marino del Ártico, bombea agua del océano hacia la superficie y espera que el invierno haga su parte. La idea suena a disparate. Lo dicen incluso quienes participan en ella. Pero el disparate real no está en intentar salvar un trozo de hielo. El disparate real es que el planeta haya llegado al punto de necesitar experimentos de emergencia porque las grandes potencias, las petroleras y las élites económicas han preferido proteger beneficios antes que proteger la vida.
Hace cinco meses, trabajando con temperaturas de -40ºC, el equipo bombeó 50.000 toneladas de agua sobre el hielo. Aquella agua se congeló casi al instante y, según las mediciones, añadió unos 50 centímetros de espesor a una capa que tenía 1,5 metros. El invierno anterior habían conseguido añadir 30 centímetros. Puede parecer poco, casi ridículo frente a la escala del desastre. Pero 30 centímetros ya permiten circular a una camioneta y pueden alargar la vida útil del hielo entre 7 y 10 días. Esa es la medida de nuestra época: celebramos ganar una semana mientras el sistema pierde décadas.
Mohamadou Diawara murió de un disparo en una comisaría y ahora la Audiencia exige investigar lo que el juzgado quiso cerrar
Mohamadou Diawara tenía 22 años, un trastorno mental diagnosticado y una vida que terminó el 24 de julio de 2025 dentro de unas dependencias policiales de Montornès del Vallès, en Barcelona. Murió por un disparo efectuado por un agente de la Policía Local después de entrar en comisaría con un cuchillo. Esa es la versión básica. La que cabe en un titular. La que suele servir para cerrar rápido el cajón cuando la víctima es joven, racializada, pobre o vulnerable.
Pero una muerte en comisaría no se archiva como quien firma una multa. No debería. Porque cuando una persona muere por el uso de fuerza letal a manos de agentes del Estado, lo mínimo exigible no es confianza ciega. Es investigación. Es prueba. Es reconstrucción. Es verdad material. El Estado no puede disparar, perder la grabación clave porque una cámara estaba estropeada y luego pedir fe.
Opinión | La OTAN quiere que Europa pague la cadena y llame libertad al collar
Hay una forma muy europea de llamar responsabilidad a la obediencia. Consiste en aceptar una orden, envolverla en comunicados solemnes, ponerle palabras como “autonomía”, “seguridad” o “disuasión”, y después presentar la factura a la ciudadanía como si fuera una conquista democrática. Eso es exactamente lo que vuelve a ocurrir con la OTAN. Estados Unidos reduce parte de su implicación directa en la defensa europea, pero no su capacidad de mando. Se retira lo justo para que Europa pague más. Se queda lo suficiente para que Europa no decida.
No estamos ante el abandono de Europa por parte de Trump. Esa lectura es demasiado simple, casi cómoda. Estamos ante algo peor: la reorganización del vasallaje. Washington ya no quiere cargar con todos los costes del imperio atlántico, pero tampoco quiere perder el control político, militar y estratégico que ese imperio le garantiza. Europa no está comprando independencia. Está pagando una dependencia más cara.
PP y Vox vuelven a llamar libertad a hacer daño
La derecha ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer cuando se habla de derechos LGTBI: disfrazar la violencia de libertad. La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó el 17 de junio el dictamen de la ley para castigar penalmente las falsas terapias de conversión, esas prácticas que no curan nada porque no hay nada que curar. La norma sigue ahora hacia el pleno y plantea penas de prisión de seis meses a dos años para quien aplique métodos destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la orientación sexual o la identidad de una persona. También incorpora multas de 8 a 24 meses.
Y aquí llega la escena conocida. PP y Vox votaron en contra.
No votaron contra una ocurrencia. No votaron contra una extravagancia legislativa. Votaron contra una norma que pretende llevar al artículo 173 del Código Penal, el de las torturas y delitos contra la integridad moral, prácticas que ya están consideradas una infracción administrativa muy grave por la Ley Trans de 2023, con sanciones de hasta 150.000 euros. Es decir, el Estado ya reconoce que esto no es “acompañamiento”, ni “ayuda”, ni “libertad educativa”. Lo que se discute ahora es si basta con una multa o si quien se lucra, organiza o ejecuta estas prácticas debe responder penalmente.
Grupo Volcán y el apagón de Berlín: la rabia climática que el poder prefiere llamar terrorismo
El 3 de enero, Berlín descubrió algo que el capitalismo fósil lleva décadas ocultando bajo moqueta institucional: la infraestructura que sostiene nuestra vida cotidiana es frágil, vulnerable y profundamente política. Aquella mañana, hacia las seis, alguien incendió cinco cables de alta tensión bajo un puente sobre el canal de Teltow. Cada cable tenía unos 10 centímetros de grosor. No era una gamberrada. No era una pataleta juvenil. Era una acción calculada contra una red que venía de una central eléctrica de gas natural y alimentaba a unos 45.000 hogares, 2.200 empresas y cuatro hospitales.
El resultado fue un apagón enorme. Cuatro distritos afectados. 10.000 hogares recuperaron la electricidad al día siguiente, pero otros 35.000 permanecieron a oscuras durante cinco días. Berlín vivió su apagón más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empieza el dilema incómodo. Porque una cosa es comprender la acción y otra fingir que no tuvo consecuencias duras para la gente común.
Instagram borra a Sistema 161: cuando la censura digital apunta SOLO contra el antifascismo
Instagram ha eliminado la cuenta de Sistema 161, un proyecto de investigación antifascista que se había convertido en referencia para miles de personas, colectivos, sindicatos de vivienda, periodistas y vecinas y vecinos que necesitaban información rigurosa sobre organizaciones parapoliciales y redes ultras. El dato no es menor. La fecha importa porque marca otro episodio de una democracia tutelada por plataformas privadas que deciden qué voces pueden existir y cuáles deben ser borradas.
EE.UU. exige justicia a México mientras bloquea la suya
Estados Unidos ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer cuando mira hacia el sur: dar lecciones. El embajador Ronald Johnson presumió el 16 de junio de que Washington ha entregado a México a 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025. Lo presentó como cooperación, como eficacia, como una demostración de que ambos países caminan juntos contra el crimen. Bonito envoltorio. Vieja mercancía.
Porque al otro lado de esa foto diplomática hay un dato que desmonta el teatro completo: México reclama que, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo, ha solicitado a Estados Unidos 269 extradiciones. Resultado: ninguna concedida. Cero. Ni una. De esas 269 peticiones, 36 fueron rechazadas y 233 siguen pendientes. Esa es la cooperación bilateral cuando se apagan las cámaras. Washington exige velocidad, pruebas, obediencia y titulares. Pero cuando México pide lo mismo, Estados Unidos descubre de pronto los matices, los procedimientos, las dudas jurídicas y la sacrosanta complejidad administrativa.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.