Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
«¿Quién controla que aquéllos que dicen luchar contra los abusos no miran hacia otro lado si quienes los cometen pasan por caja?»
¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién actúa cuando los que tienen que exigir a los gobiernos que lleven a cabo medidas para proteger nuestros derechos renuncian a hacerlo para no molestar a las empresas que les pagan?
En España hemos tenido a más de un intruso en el movimiento de defensa de los consumidores. Uno de ellos fue una supuesta “asociación de usuarios” llamada Ausbanc, cuyo presidente acabó detenido y condenado por estafa y extorsión. Durante los tres años que Luis Pineda estuvo en prisión provisional, los datos de la investigación policial que fueron saliendo a la luz nos confirmaron muchas de las cosas que sospechamos durante todo el tiempo que Ausbanc estuvo en activo. Se dedicaba a mirar hacia otro lado cuando las empresas que la financiaban cometían irregularidades y centraba sus denuncias especialmente en aquellas que no accedían a sus extorsiones, hasta que lograba que muchas acabaran haciéndolo. Ausbanc hablaba muy bien de las empresas que le pagaban y muy mal de las que se negaban. Ausbanc también se dedicaba a presentar demandas judiciales para después retirarlas a cambio de dinero para el negocio. Porque Ausbanc no era más que eso. Un negocio disfrazado de asociación de defensa de los consumidores.
El Gobierno de Aznar le dio acceso al registro estatal de asociaciones de consumidores, del que fue expulsado con Zapatero hasta que al llegar Rajoy al poder volvieran a abrirle sus puertas. Gobiernos que le otorgaron subvenciones públicas sin control y optaron por mirar hacia otro lado ante las extrañas prácticas de Ausbanc, que había creado una entidad paralela para recibir dinero de las empresas que publicitaba en sus revistas. Nadie parecía darse cuenta de que se trataba de prácticas que la ley prohíbe a las asociaciones de consumidores.
El caso Ausbanc no sirvió para que los sucesivos gobiernos asumiesen la necesidad de vigilar a los vigilantes. En España apenas se controla a las organizaciones de consumidores. No nos auditan, no vigilan que las cifras de socios que declaramos sean reales y no investigan nuestras relaciones con las empresas a las que tenemos que controlar y denunciar si cometen abusos.
La normativa que regula a las asociaciones de consumidores llega al extremo de permitir que recibamos dinero de las empresas. Plantea que podemos hacerlo siempre que se haga a través de acuerdos firmados y depositados en el ministerio competente que no condicionen nuestra independencia. Los pagos no pueden condicionar nuestra independencia. Una limitacion tan subjetiva y difícil de evaluar que cualquiera puede saltársela alegremente. ¿Es casual que las asociaciones de consumidores que no reclaman al gobierno que fije topes a los precios de los alimentos reciban dinero de Mercadona? Puede ser, resulta imposible establecer una relación de forma rotunda.
La ley nos prohíbe publicitar productos y servicios de empresas. Pero dice que no podemos hacer “publicidad comercial y no meramente informativa”. Algo que representa una auténtica entelequia, porque ni la ley general de publicidad ni ninguna otra norma diferencia entre “publicidad comercial” y “publicidad informativa”. Contrata a través de la OCU esta oferta de Repsol, es «la más competitiva del mercado», son “las mejores tarifas” y tendrás “la satisfacción de saber que consumes energía de origen renovable”. ¿Este mensaje es “publicidad comercial” o “meramente informativa”? Si te cuento que Repsol pagó a la OCU 18 euros por cada cliente que le captó, ¿cómo le llamamos a eso?
No hemos logrado convencer a este Gobierno de que hay que mejorar las reglas del juego y los mecanismos de control para decidir si una “organización de consumidores” es realmente una organización de consumidores u otra cosa. Así que lo seguiremos intentando con el próximo.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
___
Editorial del episodio 19 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.