«¿Quién controla que aquéllos que dicen luchar contra los abusos no miran hacia otro lado si quienes los cometen pasan por caja?»
¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién actúa cuando los que tienen que exigir a los gobiernos que lleven a cabo medidas para proteger nuestros derechos renuncian a hacerlo para no molestar a las empresas que les pagan?
En España hemos tenido a más de un intruso en el movimiento de defensa de los consumidores. Uno de ellos fue una supuesta “asociación de usuarios” llamada Ausbanc, cuyo presidente acabó detenido y condenado por estafa y extorsión. Durante los tres años que Luis Pineda estuvo en prisión provisional, los datos de la investigación policial que fueron saliendo a la luz nos confirmaron muchas de las cosas que sospechamos durante todo el tiempo que Ausbanc estuvo en activo. Se dedicaba a mirar hacia otro lado cuando las empresas que la financiaban cometían irregularidades y centraba sus denuncias especialmente en aquellas que no accedían a sus extorsiones, hasta que lograba que muchas acabaran haciéndolo. Ausbanc hablaba muy bien de las empresas que le pagaban y muy mal de las que se negaban. Ausbanc también se dedicaba a presentar demandas judiciales para después retirarlas a cambio de dinero para el negocio. Porque Ausbanc no era más que eso. Un negocio disfrazado de asociación de defensa de los consumidores.
El Gobierno de Aznar le dio acceso al registro estatal de asociaciones de consumidores, del que fue expulsado con Zapatero hasta que al llegar Rajoy al poder volvieran a abrirle sus puertas. Gobiernos que le otorgaron subvenciones públicas sin control y optaron por mirar hacia otro lado ante las extrañas prácticas de Ausbanc, que había creado una entidad paralela para recibir dinero de las empresas que publicitaba en sus revistas. Nadie parecía darse cuenta de que se trataba de prácticas que la ley prohíbe a las asociaciones de consumidores.
El caso Ausbanc no sirvió para que los sucesivos gobiernos asumiesen la necesidad de vigilar a los vigilantes. En España apenas se controla a las organizaciones de consumidores. No nos auditan, no vigilan que las cifras de socios que declaramos sean reales y no investigan nuestras relaciones con las empresas a las que tenemos que controlar y denunciar si cometen abusos.
La normativa que regula a las asociaciones de consumidores llega al extremo de permitir que recibamos dinero de las empresas. Plantea que podemos hacerlo siempre que se haga a través de acuerdos firmados y depositados en el ministerio competente que no condicionen nuestra independencia. Los pagos no pueden condicionar nuestra independencia. Una limitacion tan subjetiva y difícil de evaluar que cualquiera puede saltársela alegremente. ¿Es casual que las asociaciones de consumidores que no reclaman al gobierno que fije topes a los precios de los alimentos reciban dinero de Mercadona? Puede ser, resulta imposible establecer una relación de forma rotunda.
La ley nos prohíbe publicitar productos y servicios de empresas. Pero dice que no podemos hacer “publicidad comercial y no meramente informativa”. Algo que representa una auténtica entelequia, porque ni la ley general de publicidad ni ninguna otra norma diferencia entre “publicidad comercial” y “publicidad informativa”. Contrata a través de la OCU esta oferta de Repsol, es «la más competitiva del mercado», son “las mejores tarifas” y tendrás “la satisfacción de saber que consumes energía de origen renovable”. ¿Este mensaje es “publicidad comercial” o “meramente informativa”? Si te cuento que Repsol pagó a la OCU 18 euros por cada cliente que le captó, ¿cómo le llamamos a eso?
No hemos logrado convencer a este Gobierno de que hay que mejorar las reglas del juego y los mecanismos de control para decidir si una “organización de consumidores” es realmente una organización de consumidores u otra cosa. Así que lo seguiremos intentando con el próximo.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
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Editorial del episodio 19 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
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