Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El Gobierno aprueba una ampliación del crédito por 638 millones de euros con cargo a deuda pública para la indemnización del caso Castor
El Real Decreto-ley que pretende aprobar la cobertura social a la ciudadanía, como el Ingreso Mínimo Vital, incluye una medida que permite que el Estado se endeude para devolver el dinero aportado por tres bancos para indemnizar a la a la ex-concesionaria EscalUGS-ACS, parte propiedad de Florentino Pérez, por la paralización del fallido almacén de gas del caso Castor.
El Ejecutivo incluyó esta autorización para indemnizar a Caixabank, Bankia y Banco Santander en el real decreto «de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias», que entró en vigor el pasado 29 de diciembre y se someterá al examen del Congreso en el Pleno extraordinario de este jueves.
Atendiendo a la demanda de las tres entidades financieras, el Tribunal Supremo obligó al Estado a pagar los 1.350 millones que los bancos adelantaron en su día para compensar a la constructora. «A dicha cantidad hay que añadir los intereses compensatorios desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la citada notificación de conformidad con la normativa vigente», añade el decreto.
Asimismo, para atender a su pago, la norma contempla que «se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo». Esto es, el Gobierno aprueba una ampliación del crédito por 638 millones de euros con cargo a deuda pública.
Desde la plataforma ‘Caso Castor grupo ciudadano’ denuncian la «deplorable operación política del Real Decreto-ley que pone en el mismo saco el Salario Mínimo Vital y otras medidas para las personas con el rescate de las injustificables deudas contraídas para librar de sus deudas a ACS de Florentino Pérez por su inversión fallida del Castor».
El decretazo del caso Castor
El Grupo Ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG y Xnet) ya presentó el pasado 11 de noviembre una Proposición de Ley que se ha registrado en el Senado por parte de Compromís en la que da una solución para que las deudas de ACS no las pague el Estado -o sea, una vez más, la ciudadanía- sino ACS. Con el nuevo RD se permite suscribir deuda a cuenta de las arcas públicas para la devolución del dinero aportado por la banca para ‘indemnizar’ a la ex-concesionaria.
La Plataforma ciudadana pide a los partidos no convalidarlo y votar a favor de tramitarlo como proyecto de ley con carácter de urgencia para poder presentar una enmienda elaborada desde la sociedad civil que propone que este importe sea restituído por la ex-concesionaria.
En la Proposición de Ley presentada por el Grupo Ciudadano Caso Castor, de acuerdo con la Ley 9/2017 de contratos en el sector público, deben restituirse el dinero recibido, debiendo EscalUGS -conformada por ACS y Dundee Energy-, retornar a ENAGÁS la indemnización percibida junto con los intereses y daños y perjuicios pertinentes, para que, a través de esta entidad, el Estado pueda así honrar su deuda con las entidades financieras acreedoras.
La Proposición de Ley prevé el inicio de un procedimiento por el cual se recupera la cantidad abonada por ENAGÁS a la concesionaria Escal UGS ya que el Tribunal Constitucional anuló el contrato que generó la deuda, por lo que esta no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía. «En la Proposición pormenorizamos la situación económica de ACS de Florentino Pérez y demostramos la viabilidad de que asuma las deudas contraídas con el fracaso del Castor. Y más habiendo repartido dividendos en plena pandemia», señalan desde la plataforma.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.