Años después de vender viviendas sociales a fondos buitre, el Partido Popular anuncia medidas que podrían disparar la especulación y ahogar los servicios públicos.

Cuando el Partido Popular habla de «revolución fiscal» en vivienda, lo que plantea no es un modelo de acceso justo, sino un paquete de medidas que parece más diseñado para quienes ya tienen capacidad de compra que para quienes viven al borde del desahucio. Entre las propuestas anunciadas por Alberto Núñez Feijóo está la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10 % al 4 % para menores de 40 años. Una ayuda que puede parecer atractiva a primera vista, pero que, sin una regulación efectiva de los precios, solo engorda el bolsillo de los grandes propietarios y fondos de inversión.

La propuesta incluye avales hipotecarios del 100 % para jóvenes que compren su primera vivienda. Avalar al 100 % sin controlar la inflación inmobiliaria es invitar al desastre. Quienes no tengan un respaldo económico fuerte acabarán atrapados en una deuda insostenible. Este modelo ya fracasó con la burbuja inmobiliaria de 2008, que dejó un reguero de desahucios, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros.

Mientras tanto, el PP se niega a regular los pisos turísticos, un factor clave en la subida de los alquileres en ciudades como Madrid o Málaga. ¿Cómo puede un partido que vendió miles de viviendas públicas a fondos buitre prometer ahora soluciones mágicas sin rectificar sus errores pasados?

LA FALSA SOLUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE Y LA PRIVATIZACIÓN DEL SUELO PÚBLICO

Otra medida clave en el plan popular es la «movilización de suelo público». Un término ambiguo que esconde, muchas veces, la cesión de terrenos estatales al capital privado. Lo vivimos en Madrid con el caso de las viviendas vendidas al fondo buitre Blackstone durante el gobierno de Ana Botella. El resultado fue devastador: familias expulsadas, alquileres por las nubes y derechos básicos convertidos en privilegios.

La «Declaración de Asturias» insiste en ampliar el suelo urbanizable. Sin embargo, ya vimos las consecuencias de esta política durante los años de Aznar: urbanización descontrolada, especulación salvaje y un modelo de crecimiento insostenible que dejó barrios vacíos y servicios públicos saturados. Como ha señalado el ministro Óscar Puente, «esto es el retorno al modelo del todo urbanizable, a las leyes que arrasaron con las cajas de ahorro y que pagamos todos con rescates millonarios».

En lugar de frenar la especulación, el PP propone eliminar controles y burocracias en la tramitación urbanística. Este tipo de medidas, lejos de garantizar vivienda asequible, solo facilitan la proliferación de promociones de lujo y la entrada masiva de fondos buitres que compran barato y venden caro.

Las críticas al plan no solo vienen del Gobierno central. Expertas y expertos en urbanismo insisten en que sin un control del mercado del alquiler y sin destinar inversión al parque público de vivienda, cualquier propuesta es insuficiente. Algunas comunidades que han aplicado la ley de vivienda han logrado frenar o incluso reducir el precio del alquiler, algo que contrasta con el modelo del PP, que rehúye cualquier tipo de intervención estatal. La verdadera pregunta es: ¿a quién protege este modelo de «libertad»?

UN CAMINO QUE YA CONOCEMOS: BENEFICIOS PRIVADOS, PÉRDIDAS PÚBLICAS

El trasfondo de estas medidas es siempre el mismo: trasladar recursos públicos a manos privadas. Al reducir impuestos sin aumentar otras fuentes de ingresos, se generan déficits que, tarde o temprano, acaban recortando servicios esenciales. Lo que no recauda Hacienda por la compraventa de viviendas se traduce en menos inversión en sanidad, educación y políticas sociales.

Frente a la emergencia habitacional, la respuesta del PP no incluye restricciones a los pisos turísticos, ni tasas que regulen el turismo masivo, ni el impulso real de viviendas protegidas en alquiler. Al contrario, fomenta el acceso al crédito sin garantías de sostenibilidad, ignorando que el endeudamiento fue la raíz del estallido de 2008.

La secretaria de política económica del PSOE, Enma López, ha señalado con acierto que Ayuso se ha convertido en el modelo a seguir para el PP nacional: una tecnocracia disfrazada de libertad que privilegia a grandes fortunas mientras condena al resto a la precariedad. En Madrid, las políticas de vivienda han generado un incremento del precio del alquiler que ha expulsado a miles de familias de sus barrios de toda la vida.

Lejos de aprender de los errores del pasado, el PP parece dispuesto a repetir la historia. Los rescates bancarios y la especulación descontrolada no son un recuerdo lejano, sino heridas abiertas que la sociedad aún está pagando.