El caso Plus Ultra ya alcanza a las hijas de Zapatero
El caso Plus Ultra acaba de dar otro salto político y judicial. No uno menor. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación abierta sobre el denominado caso Plus Ultra. La decisión llega apenas un día después de que el propio Zapatero compareciera ante el magistrado también en calidad de investigado. El calendario no es casual en términos políticos. Tampoco resulta irrelevante en términos judiciales.
La resolución fue dictada este jueves 18 de junio, según la información publicada por ElPlural.com, y responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción para incorporar a ambas al procedimiento. Es decir, no hablamos de un movimiento ornamental, ni de una citación decorativa para rellenar un sumario. Hablamos de una ampliación del foco investigador que ya no se queda en la figura del expresidente, sino que entra directamente en su entorno familiar más inmediato.
Calama cierra la puerta a Zapatero mientras el caso Plus Ultra ensancha el cerco familiar
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido no atender, al menos por ahora, la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos sobre el teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes. La defensa quería saber más. Bastante más. Quería conocer cómo se incautó ese dispositivo, quién autorizó su clonado, qué autoridad hizo el volcado, qué programa se utilizó y qué garantías existen para asegurar que las conversaciones no fueron manipuladas.
No hablamos de un detalle técnico. Hablamos de una pieza que, según la propia investigación, ha tenido peso en la imputación del expresidente y en la entrada y registro de su oficina. Cuando una causa judicial se apoya en el contenido de un móvil clonado en otro país, preguntar por la cadena de custodia no es una maniobra dilatoria: es exigir garantías mínimas. Pero Calama ha optado por dejar esa puerta cerrada hasta que Estados Unidos autorice formalmente el uso del contenido como prueba en un eventual juicio.
La UCO estrecha el cerco sobre el novio de Ayuso: medio millón sin explicación y facturas sin estructura
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado al juzgado de instrucción número 19 de Madrid un informe que deja en una posición muy delicada a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. No hablamos de una anécdota contable, ni de una confusión menor entre papeles, ni de ese ruido administrativo con el que la derecha intenta envolver todo lo que huele a privilegio. Hablamos de compras sin justificación aparente, valoraciones empresariales que suben y bajan como si fueran decorado de cartón, facturaciones de cientos de miles de euros sin estructura visible y una sospecha de fondo: que el dinero utilizado en parte de estas operaciones podría proceder de la comisión de mascarillas cobrada durante la pandemia.
El informe fue entregado el 18 de junio y apunta directamente a una operación muy concreta: la compra del 100% de Círculobelleza por parte de Maxwell Cremona por 499.836,92 euros. Casi medio millón. La cifra importa. Importa porque, según la UCO, en la escritura no aparece una explicación clara de cómo se valoró esa sociedad ni por qué se fijó ese precio. Y más importa todavía cuando la empresa presentaba una facturación reducida y prácticamente no tenía personal contratado.
Una empresa casi sin cuerpo, pero con precio de lujo.
El silencio de Aznar sobre Zapatero huele demasiado a clase dirigente
José María Aznar lleva 22 años fuera de La Moncloa, pero se comporta como si aún pudiera dar órdenes desde el atril. No gobierna, pero marca línea. No firma decretos, pero reparte doctrina. Y para eso tiene FAES, esa fábrica de informes conservadores donde el neoliberalismo se disfraza de análisis y la nostalgia de poder se presenta como preocupación por España.
Desde 2024, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ha dedicado decenas de textos a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el PSOE. Lo ha hecho con entusiasmo, con insistencia y con ese tono de superioridad moral tan propio de quienes privatizarían hasta el aire si el BOE les dejara. José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez, Begoña Gómez o David Sánchez han sido convertidos en personajes recurrentes de su literatura política. FAES no analiza: señala. No estudia: condena. No interpreta: dicta sentencia antes de que hablen las y los jueces.
Sánchez lleva a Bruselas lo que Europa intenta esconder bajo la alfombra
Bruselas acoge este jueves y viernes un nuevo Consejo Europeo con su menú habitual de tecnocracia, competitividad, Ucrania, China y grandes palabras cuidadosamente desinfectadas. Pero esta vez hay algo que no cabe debajo de la moqueta diplomática: los asaltos a la Flotilla solidaria con Palestina, la humillación de activistas en aguas internacionales y la obscenidad política de una Unión Europea que sigue dudando si sancionar a responsables israelíes mientras Gaza continúa bajo asedio.
Pedro Sánchez llega a la cita con una posición que Moncloa quiere presentar como frontal. El presidente defenderá que las conclusiones del Consejo Europeo incluyan una condena explícita a la interceptación de la Flotilla solidaria con Palestina y pedirá medidas restrictivas contra los responsables. No es un gesto menor. Tampoco basta. Cuando un Estado humilla a activistas que intentan llevar ayuda humanitaria, el problema no es protocolario: es político, jurídico y moral.
Feijóo y el Vega Sicilia: la paja en el ojo ajeno
Alberto Núñez Feijóo fue a El Hormiguero el 18 de junio a hacer lo que mejor se le da cuando el terreno está mullido: presentarse como el adulto responsable de una política que, casualmente, siempre tiene la culpa en casa ajena. Pablo Motos le preguntó si, cuando era presidente de la Xunta, le habían regalado algo y se lo había quedado. Feijóo bajó la mirada, destapó el bolígrafo, dibujó una línea sobre el folio y soltó la frase: “Lo primero que hicimos cuando llegamos a la Xunta es regular eso. En la Xunta nadie puede aceptar un regalo por encima de 90 euros”.
Bonito. Limpio. Televisivo. Falso por omisión.
Feijóo llegó a la Xunta en 2009. El código ético que limitaba los regalos se aprobó en el verano de 2014. Es decir: cinco años después. Cinco años no son un matiz. Son una legislatura larga, una memoria convenientemente borrada y una coartada servida en plató con cara de gestor serio. No fue “lo primero” que hizo. Fue algo que hizo cuando ya olía demasiado a podrido alrededor.
España entra en la primera ola de calor y el país vuelve a fingir sorpresa
España encara la primera ola de calor de la temporada. No una tarde pesada. No un episodio incómodo. Una ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología lo plantea con claridad: por extensión, intensidad y duración, lo que llega a partir del fin de semana cumple las condiciones para dejar de hablar de una anomalía puntual y empezar a hablar de otro aviso serio. Otro más.
La previsión no deja demasiado margen al maquillaje. Temperaturas de hasta 40 grados durante el día. Noches tropicales por encima de los 20 grados. Jornadas con valores entre 5 y 10 grados superiores a lo normal para esta época del año, e incluso más de 10 grados por encima de lo habitual en puntos de la mitad del país. Lo dijo Rubén del Campo, portavoz de Aemet, en declaraciones recogidas por Efe: “Dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano”.
El Algarrobico: Moreno pide ahora a los jueces lo que su Gobierno rechazó hace un año
El Algarrobico no es solo un hotel ilegal varado en Cabo de Gata. Es una confesión de hormigón. Una mole que lleva dos décadas recordando que el urbanismo salvaje en España no fue un accidente, sino un modelo de negocio, una cultura política y una forma de saqueo. Ahí sigue. Plantado sobre dominio público marítimo-terrestre, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como si la ley fuese una sugerencia estética y la naturaleza una molestia administrativa.
El 17 de junio, la Junta de Andalucía anunció que pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anule la licencia de obras del hotel. Lo hará, dice ahora, para sustituir al Ayuntamiento de Carboneras, que era el primer obligado a cumplir y que ha decidido seguir jugando al escondite con las sentencias. El detalle es importante. Muy importante. Porque el Gobierno de Moreno Bonilla propone ahora lo mismo que las y los ecologistas llevan reclamando desde hace años. Y lo mismo a lo que la propia Junta se opuso en marzo de 2025.
Así funciona esta maquinaria. Primero se mira hacia otro lado. Luego se acusa al de enfrente. Después se descubre, con gesto grave, que la ley debe cumplirse.
Recongelar el Ártico mientras se incendia el sistema
La escena tiene algo de ciencia extrema y algo de derrota política. En Cambridge Bay, al norte de Canadá, un equipo de Real Ice perfora el hielo marino del Ártico, bombea agua del océano hacia la superficie y espera que el invierno haga su parte. La idea suena a disparate. Lo dicen incluso quienes participan en ella. Pero el disparate real no está en intentar salvar un trozo de hielo. El disparate real es que el planeta haya llegado al punto de necesitar experimentos de emergencia porque las grandes potencias, las petroleras y las élites económicas han preferido proteger beneficios antes que proteger la vida.
Hace cinco meses, trabajando con temperaturas de -40ºC, el equipo bombeó 50.000 toneladas de agua sobre el hielo. Aquella agua se congeló casi al instante y, según las mediciones, añadió unos 50 centímetros de espesor a una capa que tenía 1,5 metros. El invierno anterior habían conseguido añadir 30 centímetros. Puede parecer poco, casi ridículo frente a la escala del desastre. Pero 30 centímetros ya permiten circular a una camioneta y pueden alargar la vida útil del hielo entre 7 y 10 días. Esa es la medida de nuestra época: celebramos ganar una semana mientras el sistema pierde décadas.
Mohamadou Diawara murió de un disparo en una comisaría y ahora la Audiencia exige investigar lo que el juzgado quiso cerrar
Mohamadou Diawara tenía 22 años, un trastorno mental diagnosticado y una vida que terminó el 24 de julio de 2025 dentro de unas dependencias policiales de Montornès del Vallès, en Barcelona. Murió por un disparo efectuado por un agente de la Policía Local después de entrar en comisaría con un cuchillo. Esa es la versión básica. La que cabe en un titular. La que suele servir para cerrar rápido el cajón cuando la víctima es joven, racializada, pobre o vulnerable.
Pero una muerte en comisaría no se archiva como quien firma una multa. No debería. Porque cuando una persona muere por el uso de fuerza letal a manos de agentes del Estado, lo mínimo exigible no es confianza ciega. Es investigación. Es prueba. Es reconstrucción. Es verdad material. El Estado no puede disparar, perder la grabación clave porque una cámara estaba estropeada y luego pedir fe.
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Más de medio millón de personas ya han visto nuestro vídeo sobre cómo los centros de datos de la IA nos están dejando sin agua
Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.
La respuesta al vídeo confirma algo que las grandes tecnológicas preferirían seguir escondiendo detrás de anuncios llenos de palabras como innovación, progreso y futuro. La preocupación es real. La gente sabe que no estamos hablando de una nube mágica flotando sobre nuestras cabezas, sino de una industria pesada que quiere apropiarse de recursos públicos para alimentar negocios privados. Y quiere hacerlo deprisa, antes de que las comunidades entiendan qué les están plantando al lado de casa.
Nuestro vídeo reúne las advertencias de Erin Brockovich, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, un exboxeador estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez y Naciones Unidas. Personas con trayectorias, ideologías y responsabilidades muy distintas. Todas están mirando hacia el mismo lugar. Todas están viendo cómo la expansión descontrolada de los centros de datos amenaza el agua, dispara el consumo eléctrico y concentra todavía más poder en manos de un puñado de corporaciones.
Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.
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