SPANISH REVOLUTION

España conoce bien la liturgia del calor. El botijo, el abanico y el toldo forman parte de una cultura popular que aprendió antes que muchos ministerios que sobrevivir al verano también es una cuestión material. No es folclore. Es adaptación. Es inteligencia colectiva. Es la respuesta humilde de quienes nunca necesitaron un comité de expertos para entender que el sol, cuando aprieta, mata.

Wyoming lo resumió con una frase que funciona porque golpea donde debe: “menos drones, menos misiles y menos tanques y más toldos, más botijos y más abanicos”. Detrás de la broma hay una evidencia incómoda. Europa está entrando en una fase climática que ya no admite discursos de sobremesa ni promesas para 2050. La amenaza no viene. Ya está aquí. Y viene con vías férreas deformadas, centrales nucleares paradas por el calor, ciudades del norte colapsadas y personas mayores muriendo en sus casas sin hacer ruido.

Jaime de los Santos subió el 25 de junio a la tribuna del Congreso y dejó una frase pensada para titulares: “Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas”. La frase funcionó. Circuló, se comentó, se aplaudió en ciertos espacios y permitió al Partido Popular colocarse, por unos minutos, una medalla que no le pertenece. La de la libertad conquistada por otras personas. La de los derechos arrancados a mordiscos por quienes estuvieron antes, muchas veces enfrente del propio PP.

La intervención llegó durante la votación de una iniciativa del PSOE para penalizar las llamadas terapias de conversión, esas prácticas dirigidas a eliminar, corregir o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. Dicho de forma menos burocrática: intentos de disciplinar cuerpos y vidas que no caben en la moral de siempre. La propuesta salió adelante con 178 votos a favor, 32 en contra de Vox y 137 abstenciones del PP. Ahí está el dato. Frío, bastante más elocuente que cualquier discurso.

Porque el problema no es que De los Santos dijera que es “maricón”. El problema es pretender convertir esa afirmación en coartada política mientras su partido evitaba votar a favor de proteger a quienes siguen siendo señalados, castigados o humillados por ser quienes son. No basta con pronunciar una palabra si luego se esquiva el voto que protege vidas concretas. Eso no es valentía institucional. Es marketing con bandera arcoíris prestada.

Mónica García lo clavó este fin de semana con una réplica. Le recordó a De los Santos que pudo llegar al Congreso y decir eso gracias a personas como Carla Antonelli, que se dejaron la piel cuando hacerlo costaba insultos, amenazas, carrera política, familia y tranquilidad. “No dijiste soy maricón en 2005, no dijiste soy maricón en 2007, lo dices en 2026”, vino a decirle. Y ahí está la clave. No es lo mismo llegar cuando la puerta está abierta que haber estado empujándola mientras desde dentro echaban el cerrojo.

José Manuel Soto volvió a la televisión y volvió a hacer lo que ya forma parte de su personaje público: colocar una frase reaccionaria en horario de consumo masivo y esperar a que el incendio haga el resto. Esta vez fue en De Viernes, tras su paso por Supervivientes 2026, donde recuperó sus declaraciones sobre el consentimiento y la Ley del solo sí es sí. No para rectificar. No para matizar. Para insistir.

Años atrás, Soto escribió en redes que un “no” podía ser “un no”, pero también “un ya veremos” o un “cúrratelo un poco más, chaval”. Añadió otra frase todavía más reveladora: “Si un ‘no’ fuera siempre un ‘no’, muchos no hubiéramos venido al mundo”. La frase quedó ahí, como quedan tantas cosas en este país: flotando entre el chascarrillo machista, la nostalgia del señorito y la coartada de “solo era una opinión”. Pero no era una opinión cualquiera. Era una forma de negar el centro mismo del consentimiento.

El 28 de junio, en Telecinco, lejos de admitir que aquello fue un disparate, Soto volvió a la carga: “Eso fue cuando la Ley del solo sí es sí, que cuando una mujer te dice que no, es que no. Y eso no es así”. Después remató la faena: “Hay veces que una mujer te dice que no y al siguiente día te dice que sí. En ese momento, no. Pero tú sabes perfectamente que las mujeres cuando te dicen que no, a veces te están diciendo: ‘Cúrratelo un poquito más’”. Ahí está el problema. Entero. Sin maquillaje.

Juanma Moreno llegó al Parlamento andaluz con el disfraz planchado. Moderación, diálogo, cercanía, responsabilidad. Todo el repertorio. Pero el problema de los disfraces políticos es que duran poco cuando hay números encima de la mesa. Y los números son tercos: el PP tiene 55 escaños y Vox tiene 15. Después de las elecciones del 17M, Moreno perdió la mayoría absoluta y descubrió, otra vez, que su famosa “vía andaluza” no era una autopista de centralidad, sino un camino estrecho que termina en la puerta de Santiago Abascal.

El gran paripé consiste en esto. Moreno intentó marcar distancias con Vox sin romper con Vox. Quiso no pronunciar la fórmula mágica de la ultraderecha, esa “prioridad nacional” que pretende convertir los servicios públicos en una ventanilla de exclusión. No la dijo. Usó la palabra “prioridad” seis veces, pero nunca la pegó a “nacional”. Tampoco ligó inmigración e inseguridad, como sí esperaba la extrema derecha. Y, claro, Vox le dio el portazo antes incluso de que terminara el espectáculo: anunció su “no” 40 minutos antes del final del discurso.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido imputar a 25 nuevas personas en el llamado caso Leire Díez. Y el dato no es menor. Entre ellas figura María Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, una pieza central en el engranaje público que gestiona participaciones empresariales del Estado. La decisión llega después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

La fotografía es fea. Muy fea. Porque lo que se investiga no es una anécdota administrativa ni un error de papeleo. La causa apunta, según Anticorrupción, a una dinámica continuada de intermediación ilícita en contratación pública, con una red que habría buscado influir en resoluciones administrativas, procedimientos de contratación y ayudas financieras. En castellano claro: usar las puertas del Estado como pasillo privado para negocios, favores y réditos económicos.