Por Javier F. Ferrero
Yo no quiero pedir clemencia para Pablo Hasél. Me niego. La clemencia se pide cuando una acepta que el castigo era legítimo y solo reclama un poco de piedad al carcelero. Y aquí el problema no es la falta de piedad. El problema es la cárcel. El problema es que un Estado que se llama democrático haya mantenido 5 años encerrado a un artista por sus letras, sus tuits y su denuncia política mientras los poderosos siguen disfrutando de una impunidad casi hereditaria.
Pedir clemencia sería aceptar el marco podrido. Sería asumir que Pablo Hasél cometió una especie de exceso y que ahora, pasado el tiempo, conviene perdonarle. No. A Pablo Hasél no hay que perdonarle nada. Hay que sacarle de prisión y reconocer que su encarcelamiento ha sido una vergüenza democrática.
Porque esto no va de gustos musicales. No va de si sus letras incomodan. No va de si a alguien le parece áspero, excesivo o desagradable. La libertad de expresión no se mide con el termómetro de la comodidad burguesa. La libertad de expresión se demuestra precisamente cuando alguien dice lo que el poder no quiere escuchar. Y lo que Hasél dijo señalaba demasiado arriba. Señalaba a la monarquía. Señalaba a la policía. Señalaba al aparato judicial. Señalaba las costuras franquistas de un Estado que se pone muy solemne para hablar de democracia y muy violento cuando alguien toca sus símbolos sagrados.
Por eso yo no puedo comprar el relato de la “normalidad institucional”. No hay normalidad posible cuando el emérito puede publicar memorias, reivindicar su admiración por Franco y seguir siendo tratado como una pieza delicada de museo, mientras Hasél cumple condena por denunciar la corrupción de esa misma monarquía. No hay normalidad posible cuando la Corona queda blindada por códigos penales, tertulias, jueces, editoriales y silencios parlamentarios. En España se ha protegido más el honor de una institución podrida que la libertad de quien la denunció.
Y eso retrata al Estado mucho más que cualquier discurso oficial.
La libertad de Pablo Hasél no debería presentarse como una concesión. Debería ser una obligación democrática. Y aun así llegaría tarde. Porque 5 años de prisión no se borran con una puerta abierta. 5 años no son un trámite. Son tiempo robado. Son vida intervenida. Son castigo ejemplar. Son una advertencia lanzada a cualquiera que piense que la libertad de expresión incluye también señalar al rey, al policía, al juez, al empresario y al régimen entero cuando hace falta.
Yo no quiero un indulto paternalista que permita al poder posar de generoso después de haber sido cruel. Quiero una reparación política. Quiero que se diga con claridad que encarcelar a Pablo Hasél fue una forma de escarmiento. Quiero que se deroguen los delitos que permiten perseguir la disidencia bajo envoltorios jurídicos respetables. Quiero que desaparezcan las injurias a la Corona como herramienta de blindaje feudal. Quiero que se tumbe de una vez la Ley Mordaza. Quiero que las y los activistas, sindicalistas, raperos, periodistas, estudiantes y trabajadoras puedan protestar sin tener al Estado respirándoles en la nuca.
Porque Hasél no es solo Hasél. Hasél es un aviso. Como lo son las 6 de La Suiza, los 6 de Zaragoza, las 7 de Somosaguas y tantos casos que apenas llegan a portada porque no tienen detrás ni apellidos ilustres ni consejos de administración. Mientras tanto, quienes convierten la vivienda en un casino, quienes despiden sindicalistas, quienes explotan a las trabajadoras y trabajadores, quienes diseñan montajes policiales o quienes reparten porrazos en una manifestación suelen descubrir que la justicia, cuando mira hacia arriba, se vuelve miope.
Yo no escribo esto para pedir compasión. Lo escribo para señalar una indecencia. Un país que encarcela canciones y protege coronas no tiene un problema con el rap. Tiene un problema con la democracia.
La libertad de Pablo Hasél no puede ser el final de nada. Tiene que ser el principio de una pregunta mucho más incómoda: cuántas personas han sido castigadas para que el resto aprenda a callar. Y ahí empieza lo verdaderamente intolerable. Porque la prisión de Hasél no solo encierra a un hombre. Encierra un mensaje político enviado por el Estado a toda una generación.
El mensaje era claro: podéis indignaros, pero sin tocar al poder.
La respuesta también debe ser clara: no pedimos permiso para decir la verdad.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…