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Por Javier F. Ferrero
Yo no quiero pedir clemencia para Pablo Hasél. Me niego. La clemencia se pide cuando una acepta que el castigo era legítimo y solo reclama un poco de piedad al carcelero. Y aquí el problema no es la falta de piedad. El problema es la cárcel. El problema es que un Estado que se llama democrático haya mantenido 5 años encerrado a un artista por sus letras, sus tuits y su denuncia política mientras los poderosos siguen disfrutando de una impunidad casi hereditaria.
Pedir clemencia sería aceptar el marco podrido. Sería asumir que Pablo Hasél cometió una especie de exceso y que ahora, pasado el tiempo, conviene perdonarle. No. A Pablo Hasél no hay que perdonarle nada. Hay que sacarle de prisión y reconocer que su encarcelamiento ha sido una vergüenza democrática.
Porque esto no va de gustos musicales. No va de si sus letras incomodan. No va de si a alguien le parece áspero, excesivo o desagradable. La libertad de expresión no se mide con el termómetro de la comodidad burguesa. La libertad de expresión se demuestra precisamente cuando alguien dice lo que el poder no quiere escuchar. Y lo que Hasél dijo señalaba demasiado arriba. Señalaba a la monarquía. Señalaba a la policía. Señalaba al aparato judicial. Señalaba las costuras franquistas de un Estado que se pone muy solemne para hablar de democracia y muy violento cuando alguien toca sus símbolos sagrados.
Por eso yo no puedo comprar el relato de la “normalidad institucional”. No hay normalidad posible cuando el emérito puede publicar memorias, reivindicar su admiración por Franco y seguir siendo tratado como una pieza delicada de museo, mientras Hasél cumple condena por denunciar la corrupción de esa misma monarquía. No hay normalidad posible cuando la Corona queda blindada por códigos penales, tertulias, jueces, editoriales y silencios parlamentarios. En España se ha protegido más el honor de una institución podrida que la libertad de quien la denunció.
Y eso retrata al Estado mucho más que cualquier discurso oficial.
La libertad de Pablo Hasél no debería presentarse como una concesión. Debería ser una obligación democrática. Y aun así llegaría tarde. Porque 5 años de prisión no se borran con una puerta abierta. 5 años no son un trámite. Son tiempo robado. Son vida intervenida. Son castigo ejemplar. Son una advertencia lanzada a cualquiera que piense que la libertad de expresión incluye también señalar al rey, al policía, al juez, al empresario y al régimen entero cuando hace falta.
Yo no quiero un indulto paternalista que permita al poder posar de generoso después de haber sido cruel. Quiero una reparación política. Quiero que se diga con claridad que encarcelar a Pablo Hasél fue una forma de escarmiento. Quiero que se deroguen los delitos que permiten perseguir la disidencia bajo envoltorios jurídicos respetables. Quiero que desaparezcan las injurias a la Corona como herramienta de blindaje feudal. Quiero que se tumbe de una vez la Ley Mordaza. Quiero que las y los activistas, sindicalistas, raperos, periodistas, estudiantes y trabajadoras puedan protestar sin tener al Estado respirándoles en la nuca.
Porque Hasél no es solo Hasél. Hasél es un aviso. Como lo son las 6 de La Suiza, los 6 de Zaragoza, las 7 de Somosaguas y tantos casos que apenas llegan a portada porque no tienen detrás ni apellidos ilustres ni consejos de administración. Mientras tanto, quienes convierten la vivienda en un casino, quienes despiden sindicalistas, quienes explotan a las trabajadoras y trabajadores, quienes diseñan montajes policiales o quienes reparten porrazos en una manifestación suelen descubrir que la justicia, cuando mira hacia arriba, se vuelve miope.
Yo no escribo esto para pedir compasión. Lo escribo para señalar una indecencia. Un país que encarcela canciones y protege coronas no tiene un problema con el rap. Tiene un problema con la democracia.
La libertad de Pablo Hasél no puede ser el final de nada. Tiene que ser el principio de una pregunta mucho más incómoda: cuántas personas han sido castigadas para que el resto aprenda a callar. Y ahí empieza lo verdaderamente intolerable. Porque la prisión de Hasél no solo encierra a un hombre. Encierra un mensaje político enviado por el Estado a toda una generación.
El mensaje era claro: podéis indignaros, pero sin tocar al poder.
La respuesta también debe ser clara: no pedimos permiso para decir la verdad.
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Más de medio millón de personas ya han visto nuestro vídeo sobre cómo los centros de datos de la IA nos están dejando sin agua
Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.
La respuesta al vídeo confirma algo que las grandes tecnológicas preferirían seguir escondiendo detrás de anuncios llenos de palabras como innovación, progreso y futuro. La preocupación es real. La gente sabe que no estamos hablando de una nube mágica flotando sobre nuestras cabezas, sino de una industria pesada que quiere apropiarse de recursos públicos para alimentar negocios privados. Y quiere hacerlo deprisa, antes de que las comunidades entiendan qué les están plantando al lado de casa.
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