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Bosch ha explicado en su cuenta oficial de Twitter el problema del CGPJ y de su renovación, aunque lanza un aviso a navegantes: «No es un tema de respuestas simples».
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renovación tras más de 1000 días en funciones se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. El Partido Popular se ha cerrado a no negociar mientras el Ejecutivo no reforme la ley para que sean los jueces quienes elijan a los jueces, algo que el Gobierno no contempla en absoluto que, por su parte, les acusa de «menoscabar la Constitución» y de «incumplir sus obligaciones constitucionales» dando «excusas cambiantes».
Sobre esta situación ha querido hablar Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, que ha pormenorizado hasta el último detalle del problema en un hilo en su cuenta de Twitter que pasamos a transcribir.
1.- Hay mucha gente que me pregunta cómo se ha llegado al grave deterioro de la cúpula judicial. Voy a intentar explicar lo del CGPJ, aunque no es un tema de respuestas simples. No recomiendo su lectura a quienes solo disfruten con películas de buenos y malos (hilo)
— Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) September 5, 2021
1.- Hay mucha gente que me pregunta cómo se ha llegado al grave deterioro de la cúpula judicial. Voy a intentar explicar lo del CGPJ, aunque no es un tema de respuestas simples. No recomiendo su lectura a quienes solo disfruten con películas de buenos y malos
2. El actual CGPJ lleva caducado casi 3 años y ese largo bloqueo es un episodio más de la lucha de poder entre las principales fuerzas políticas. Los intentos de control partidista han afectado en las últimas décadas a numerosos órganos, desde el inicio de esta etapa democrática.
3. También están afectados el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. El Consejo de Europa nos recuerda constantemente que esas injerencias partidistas explican la corrupción y nuestras debilidades institucionales. 4. El control de la cúpula judicial es un problema de hondas raíces históricas. Tiene que ver con la desconfianza que suscitaba en los primeros años de democracia una judicatura que se formó durante el franquismo. Pero el problema se completó con las actuaciones de los partidos.
4. El control de la cúpula judicial es un problema de hondas raíces históricas. Tiene que ver con la desconfianza que suscitaba en los primeros años de democracia una judicatura que se formó durante el franquismo. Pero el problema se completó con las actuaciones de los partidos.
5. Muchos dirigentes de los partidos democráticos incorporaron erróneamente concepciones de la dictadura sobre la justicia. Entre ellas, la visión de una judicatura subordinada al poder político y los recelos hacia los órganos independientes de control, supervisión y vigilancia.

6. El Consejo de Europa marcó unas reglas comunes para los consejos de la judicatura, a través de una elección mixta. Al menos la mitad de los vocales judiciales debe nombrarse internamente por los jueces. Y los miembros restantes por los parlamentos. Es lo que recomienda la UE.
7. El espíritu del sistema mixto de equilibrios mutuos llegó a la Constitución. Se separó entre elección parlamentaria de los juristas y nombramiento de los jueces, sin cerrarse del todo la elección judicial. En 1980 se constituyó el primer CGPJ con las reglas europeas.

8. Sin embargo, en 1985 el parlamento español cambió la ley para que todos los integrantes del CGPJ fueran elegidos por las cámaras,lo que abrió la puerta a las cuotas de partido. El Tribunal Constitucional convalidó la reforma, pero advirtió de los riesgos de control partidista.

9. Así empezó el control de los partidos. Se «vendió» ese sistema con el argumento de que así la justicia está legitimada democráticamente. Pero no es así. Los partidos no deben configurar a quienes vigilan sus posibles abusos de poder. Lo expliqué aquí:
10. El actual CGPJ se constituyó en 2013 por el exministro Gallardón,con los intereses partidistas del momento. Se nombró presidente a Carlos Lesmes, ex alto cargo de Aznar. Debería haber acabado en 2018, pero ha rebasado de sobra el mandato de 5 años previsto en la Constitución.
11. El PP ha dado cambiantes excusas para bloquear la renovación. La última es que se acaban de enterar de que se incumplen los estándares europeos. Carece de credibilidad: esa reforma iba en el programa electoral del partido hace pocos años y la incumplieron con mayoría absoluta.

12. De hecho, no hace demasiado seguían negociando la renovación con las cuotas partidistas que siempre se han utilizado. Y sus dirigentes dejaron muy claro que lo fundamental era el control de la justicia para proteger los intereses del partido.

13.- La prueba más clara de la falta de compromiso con los cambios institucionales es que el principal partido de la oposición también está bloqueando por intereses partidistas similares la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas.
14. Correlativamente, el PSOE asumió el compromiso de que los partidos dejaran de hacer propuestas para el nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ y que hubiera una comisión de expertos para filtrar los méritos de los candidatos. Tampoco se ha cumplido esa promesa.

15. En esta legislatura, hace pocos meses, el parlamento español ha rechazado la propuesta de reforma legal para seguir los estándares europeos. Por tanto, no queda otra que aplicar la ley vigente y desbloquear la renovación. En caso contrario, Lesmes seguiría a perpetuidad.
16. Hay quien dice que no puede aplicarse la ley vigente al ser inconstitucional. Pero el Tribunal Constitucional la validó. Y la aplicación práctica de la elección parlamentaria fue confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia que ratificó a Lesmes:
poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-…
17. Entiendo a la gente de mi profesión que está cansada de esta situación. Pero en esta legislatura no hay margen para cambiar ahora el sistema. Seguiremos intentándolo. Comparto ese descontento, pero cumplir las leyes vigentes es una regla básica del Estado de Derecho.
18. A nivel general la ciudadanía debería reclamar que nuestra organización judicial no se pareciera a la de Polonia y sí a la de las democracias avanzadas europeas. A corto plazo debe renovarse urgentemente el CGPJ con la ley vigente y su interpretación constitucional.
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