El proyecto fue desechado a finales de 2010 y sigue suponiendo una sangría para las arcas públicas.
Unas obras fallidas de 2010 en la Comunidad de Madrid conlleva a un pago de 14.000 euros mensuales por vigilar y conservar la línea ferroviaria que iba a unir Móstoles con Navalcarnero.
Nunca se materializó bajo el amparo de Esperanza Aguirre e incluso acabó en los tribunales en una batalla judicial que enfrentó durante años al Gobierno regional y a la constructora.
La Consejería de Transportes formalizó en febrero de 2021 el último contrato para “la vigilancia y conservación” de la infraestructura ejecutada, que se resume en 46 actuaciones.
Esta conservación y vigilancia se basa en el mantenimiento de distintos pozos de extracción, ventilación y túneles a medio terminar.
La adjudicataria, API Movilidad SA, presta un servicio de vigilancia “para conocer las anomalías en el estado de la infraestructura y proponer las medidas necesarias para su corrección” y la ejecución de “operaciones de conservación que hay que realizar en los diferentes elementos de la infraestructura y seguridad para recuperar su funcionalidad como consecuencia de su deterioro”.
Por ello percibe 169.346 euros anuales, o lo que es lo mismo, 14.112 euros al mes, tal y como han desvelado desde Estrella Digital.
«Mientras tanto, la obra sin acabar supone una herida abierta de 14 kilómetros que atraviesa los municipios de Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero. El Gobierno regional quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez finalice el proyecto. Más País, la marca nacional de Más Madrid, registró una enmienda parcial en los Presupuestos Generales del Estado para financiar este proyecto. Fue rechazada», aclara el medio.
“Este es un ejemplo más de la gestión del PP que nos tiene hipotecados. Podemos hablar de este tramo fantasma de Cercanías, o de las carreteras MP-203 o la M45, incluso de la negligente actuación en la ampliación de la línea 7B de Metro. Todo esto comparte que nacen de anuncios electoralistas, que llevan hipotecando la movilidad de Madrid años y que nos va a seguir hipotecando. Madrid tiene retos en movilidad importantísimos y todas estas intervenciones nos lastran en ello. Desde Más Madrid hemos pedido varias veces al Estado que asuman este tramo de la obra y lo integren en la red de Cercanías de Madrid, porque lo más importante es que se ha dejado a cientos de familias tiradas, esperando el tren y hay que darles respuestas. Por el momento, el Estado no plantea tampoco hacer nada”, señala María Acín, diputada autonómica de Más Madrid.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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