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El caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha alcanzado un punto crítico en su lucha contra la extradición a Estados Unidos. Esta semana, dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales sopesarán los argumentos de su defensa en un intento por detener su inminente entrega a las autoridades estadounidenses. Para muchos, esta batalla no solo es por la libertad de Assange, sino por el derecho fundamental a la libertad de prensa en todo el mundo.
«Su salud se está deteriorando. Mental y físicamente. Su vida está en peligro cada día que permanezca en prisión, y va a morir», advierte Stella Assange, su esposa y abogada, destacando las condiciones precarias en las que se encuentra mientras enfrenta la posibilidad de ser extraditado.
Si los jueces deciden proceder con la extradición, Assange agotaría sus opciones legales en el Reino Unido. Aunque aún queda la posibilidad de apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los plazos podrían jugar en su contra. La decisión final podría llegar al final de la sesión del miércoles, dejando a Assange en un limbo legal cada vez más estrecho.
UNA CAUSA POLÍTICA
El caso de Assange ha sido desde el principio una cuestión política. La extradición del periodista australiano a Estados Unidos sentaría un precedente peligroso para la libertad de prensa en todo el mundo. Kristinn Hrafnsson, director de WikiLeaks, destaca la amenaza que representa para el periodismo independiente: “Supone que ningún periodista va a estar protegido en el futuro”.
El fallo de marzo de 2022 del Tribunal Supremo británico abrió la puerta a la extradición de Assange, a pesar de las preocupaciones sobre su salud mental y las condiciones carcelarias en Estados Unidos. Desde entonces, su equipo legal ha luchado incansablemente por detener su entrega, argumentando el riesgo de persecución política y un juicio injusto en suelo estadounidense.
¿UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD?
Lo que está en juego esta semana es la posibilidad de que Assange tenga una última oportunidad para defenderse ante un tribunal británico. Si los magistrados deciden en su contra, los plazos de entrega se acelerarán, dejando a Assange en manos de las autoridades estadounidenses sin más recursos legales en el Reino Unido.
Aunque existe la posibilidad de que el Gobierno británico intervenga para detener la extradición, basándose en decisiones previas de otros líderes mundiales en casos similares, como la conmutación de la sentencia de Chelsea Manning por parte de Barack Obama, hasta ahora no se ha mostrado una clara voluntad política de hacerlo.
UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El caso de Assange ha generado una amplia solidaridad internacional, con llamados de líderes políticos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo para detener su extradición. Incluso el Gobierno australiano ha pedido su liberación, subrayando la importancia de proteger la libertad de prensa y el derecho a la información en una democracia.
El veredicto de esta semana no solo determinará el destino de Assange, sino que resonará en toda la comunidad global de periodistas y defensores de los derechos humanos. En un momento en que la libertad de prensa está bajo amenaza en muchas partes del mundo, el caso de Assange sirve como un recordatorio escalofriante de los peligros que enfrentan aquellos que desafían el poder establecido en busca de la verdad y la transparencia.
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Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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