El Partido Popular bloquea cualquier comisión de investigación sobre los incendios que arrasaron 400.000 hectáreas y busca desplazar la responsabilidad hacia el Gobierno central.
UNA EMERGENCIA DEVORADA POR EL PARTIDISMO
La cifra es incontestable: 400.000 hectáreas reducidas a ceniza en lo que va de verano. Tres personas muertas en León, miles de vecinos y vecinas desalojados, bosques desaparecidos, vidas rotas. Pero lo que debería haber abierto una rendija de autocrítica en los gobiernos autonómicos del PP se ha transformado en un muro de opacidad. Feijóo y sus barones han rechazado la creación de comisiones de investigación tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos, blindándose de cualquier control real.
Las comisiones no son un capricho parlamentario: obligan a decir la verdad bajo riesgo de condena penal. Ese es el miedo en el cuerpo del PP. Prefieren las comparecencias calculadas en plenos controlados, donde la oposición solo dispone de un tiempo tasado y sin capacidad de repreguntar. Un teatrillo de transparencia que esconde la verdadera intención: enterrar responsabilidades.
En Galicia, Alfonso Rueda no hablará hasta el 9 de septiembre, cuando las llamas ya habrán quedado fuera del foco mediático. En Castilla y León, Mañueco comparecerá este viernes, forzado por la oposición, tras una gestión marcada por la improvisación: la Junta tardó nueve días en movilizar al personal especializado mientras 166.000 hectáreas ardían sin control. En Extremadura, María Guardiola ni siquiera dará la cara; la ley autonómica protege su silencio.
LOS INCENDIOS Y LA MÁQUINA DE IMPUNIDAD
Mientras las comunidades del PP retiraban efectivos o mantenían inoperativas motobombas por falta de personal, sus presidentes pedían a gritos más recursos al Estado. El 19 de agosto, la Xunta de Galicia retiró brigadas de las cuatro provincias en plena oleada de incendios, un movimiento incomprensible que se revirtió solo cuando estalló el escándalo. A la vez, Rueda exigía 30 motobombas al Gobierno central pese a que las suyas estaban paradas.
La estrategia es clara: bloquear la fiscalización autonómica y cargar las culpas al Ejecutivo de Sánchez, aprovechando que en el Senado el PP tiene mayoría absoluta y puede decidir a quién se interroga y cómo. Así, ministros y ministras desfilan bajo presión —Margarita Robles, Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas— mientras ningún presidente autonómico popular pisa la Cámara Alta.
Feijóo reapareció de vacaciones con un paquete de medidas tan reaccionario como inútil: endurecer el castigo a los pirómanos, crear un registro de incendiarios, criminalizar en lugar de prevenir. Ni una sola palabra sobre la falta de medios autonómicos, la precariedad de los bomberos o la necesidad de reforzar la coordinación. El líder del PP insiste en que no quiere “bronca política”, pero la convierte en su único terreno de juego mientras arden los montes y las aldeas.
Madrid, Andalucía y Aragón también han sufrido incendios, aunque de menor magnitud, y sus presidentes autonómicos —Ayuso, Moreno Bonilla y Jorge Azcón— tampoco contemplan comparecencias específicas. Se repite la misma pauta: silencio, dilación y desvío de culpas.
La ecuación es sencilla: cuando la catástrofe ocurre bajo su gestión, el PP blinda a los suyos y manipula las instituciones para convertir una tragedia ambiental y social en munición partidista. El miedo a las preguntas incómodas se impone al deber de dar explicaciones a quienes lo han perdido todo bajo las llamas.
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