Los contratos que se han hecho públicos por el momento sobre el coste del hospital de pandemias ascienden 170,5 millones de euros, el triple de lo que se anunció: 51 millones.
El hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, el «hospital de pandemias que iba a sorprender al mundo» en palabras de Isabel Díaz Ayuso, ha sido un pozo sin fondo de gasto público que ha servido más para los fines electoralistas de la presidenta madrileña que para ayudar en algo concreto para la salida de la crisis sanitaria.
El coste real de la infraestructura que la presidenta madrileña ordenó construir a toda prisa día es difícil de conocer, ya que no se sabe si están todos los documentos del portal de contratación de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, los contratos que se han hecho públicos ascienden 170,5 millones de euros, el triple de lo que se anunció: 51 millones, según un análisis de cifras de ElDiario.es.
Los sobrecostes del Zendal ascienden al 149% del total. Levantar el edificio situado en el norte de la capital, en Valdebebas, ha supuesto para las arcas públicas 140,1 millones, el 82% del presupuesto. Las empresas que se llevaron a dedo la adjudicación de las obras a dedo fueron un total de siete, que acabaron registrando sobrecostes respecto al contrato inicial firmado del 170%.
Millones en mantenimiento y limpieza
Los 30 millones que faltan se destinaron a mobiliario, equipo sanitario, informático o seguridad, entre otros gastos.
Respecto a la contratación de los servicios esenciales del hospital, esta también se ha venido realizando por la vía de urgencia y sin concurso público». Los contratos adjudicados son los de mantenimiento (por 1,3 millones a Ferrovial), informática (a El Corte Inglés), telefonía (a Telefónica), seguridad (a Ariete Seguridad, criticada por ser una empresa propiedad de la familia de la exconcejala del PP Silvia Cruz Martín), limpieza, lavandería, gestión de residuos, alimentación y calzado sanitario, entre otros.
Los que no fueron contratos a dedo, es porque eran contratos menores, es decir, cuyo importe no supera los 18.000 euros, IVA incluido.
Con solo una veintena de ingresados, la relación entre coste y actividad es bochornosa. Ahora, nadie sabe qué hacer con el Zendal. Su estructura y organización, así como los espacios construidos, no son los de un hospital tradicional, por lo que adaptarlo para ese uso supondría un nuevo desembolso de millones de euros. Una construcción megalómana creada por el ego de una presidenta sobre el que nadie le va a pedir cuentas.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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