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Correa y sus empresas sobornaron a alcaldes y concejales para obtener contratos públicos saqueando arcas municipales, autonómicas y estatales.
El Tribunal Supremo ha ratificado las condenas que dictó la Audiencia Nacional en la investigación sobre los contratos amañados entre Aena y la trama Gürtel entre 2000 y 2002 para Francisco Correa, José Luis Izquierdo, el ex director de Comunicación de Aena Ángel López de la Mota y su subordinado José María Gavarri, a los que Francisco Correa había conocido cuando trabajaban en la Oficina de Prensa del PP.
Se ha confirmado la pena de 6 años de cárcel para Francisco Correa, reducida solo en seis meses, aunque le ha rebajado en casi 390.000 euros la multa impuesta por delito continuado de cohecho activo, fraude a las Administraciones Públicas, prevaricación y falsedad en documento mercantil y, además, se le comisa el beneficio que obtuvo como consecuencia como consecuencia de los contratos irregularmente adjudicados por Aena a sus empresas, que ascendió a 2,2 millones de euros.
Asimismo, pasan a ser firmes las condenas de 5 años de prisión para De la Mota y Gavarri y las multas de 95.000 y 168.000, respectivamente, por cohecho pasivo, prevaricación, y fraude a las administraciones públicas.
También se mantienen los tres años y tres meses de cárcel para el ex contable del grupo de empresas de Correa, José Luis Izquierdo López, aunque se le rebaja la multa de 654.000 euros a 131.750 por cohecho activo y falsedad en documento mercantil.
Ningún responsable político de primera fila ha resultado condenado, tampoco Álvarez Cascos, que dirigió el Ministerio de Fomento entre 200 y 2004 durante el segundo Gobierno de Aznar.
La sentencia destaca que la Audiencia Nacional ha declarado probado que los dos cargos de Aena convinieron con Correa «la adjudicación irregular de un total de 22 contratos de la entidad pública AENA para realizar eventos o participar en Ferias como Fitur o ExpoOcio, todo ello a cambio de recibir dinero en efectivo o determinados servicios de carácter particular como viajes o incluso las obras en la casa de uno de ellos».
Y aunque no se ha cuantificado el alcance del concreto perjuicio sufrido por Aena, los hechos probados señalan que la mayoría de los contratos se adjudicaron con sobreprecio de mercado y unos márgenes de beneficio desproporcionados para las empresas adjudicatarias, pagándose facturas en las que no se detallaban ni desglosaban los servicios realizados, las unidades de obra ejecutadas o los precios unitarios por cada concepto facturado, algo que permitió un notable enriquecimiento de las empresas de Correa y recompensas económicas para los dos acusados de Aena.
Esta es la tercera sentencia relativa a la trama de corrupción que respalda el Tribunal Supremo, tras las dictadas por la primera época de Gürtel y Fitur Valencia.
Corrupción autonómica
Tal y como recoge elDiario.es, en 2018, llegó la primera sentencia sobre la trama Gürtel que se saldó con condenas firmes para once personas relacionadas con la actividad que la trama, capitaneada por Álvaro Pérez «el Bigotes», desplegó en la Comunitat Valenciana entre 2005 y 2009 para lanzarse a la caza de la Generalitat Valenciana y su botín autonómico con una empresa, Orange Market, creada específicamente para eso.
Correa y los suyos sustituyeron los organismos de contratación de varias consejerías, confeccionando concursos públicos a su antojo, lo que se tradujo en la adjudicación irregular de contratos para Fitur desde el año 2005 al 2009 y que iban más allá de la organización de los puestos para promocionar la Comunitat Valenciana. Se incluyeron conceptos como fiestas en la Posada de las Ánimas o almuerzos de más de 200.000 euros, un dinero que salía de las consellerías de Turismo, Territorio y también de Infraestructuras así como de la Agencia Valenciana de Turismo tras unos contratos que procedían de la administración regional dirigida en aquel entonces por Francisco Camps.
La trama, según el Supremo, llegó a la Comunitat Valenciana para aprovechar «el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, a las que habían conocido y tratado en la organización de eventos para el partido político que ostentaba el gobierno de la Comunidad Valenciana»: el Partido Popular.
Corrupción municipal
En la «época I» de la trama cientos de contratos públicos fueron amañados en Madrid, Málaga y en las administraciones regionales de la capital y de Castilla y León por un valor aproximado de más de 140 millones de euros entre 1999 y 2005. Además, el Supremo certificó en firme la financiación irregular del Partido Popular en varios municipios de Madrid. Pero tanto tirar de la manta en la administración local acabó costando el Gobierno en 2018 a Mariano Rajoy, como consecuencia de una moción de censura presentada por el PSOE .
En las dos sentencias queda claro como Correa y sus empresas sobornaron a alcaldes y concejales para obtener contratos públicos y saqueron las arcas públicas de Majadahonda, Pozuelo, la ciudad de Madrid y Estepona. Contratos de limpieza o para construir una oficina de atención al ciudadano y la financiación irregular de campañas municipales del PP supuso más de 245.000 euros en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.
En Majadahonda, el entonces concejal José Luis Peñas grabó a los cabecillas de la red en donde presumían de amaños y regalos y puso las grabaciones a disposición de la Justicia dando origen a la causa que que a día de hoy suma más de diez piezas separadas con muchas de ellas pendientes de juicio.
Causas pendientes
Se prevé que la próxima sentencia sea la de la Audiencia Nacional sobre la reforma de la sede central del Partido Popular usando dinero negro pero también están pendientes los juicios de los grandes ‘pelotazos’ de la trama en Arganda del Rey o Boadilla del Monte así como la sentencia firme de la Gürtel en Jerez o sobre la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006, entre otras.
Algunas de estas causas pendientes seguirán explorando cómo la Gürtel y el PP se convinieron para saquear arcas municipales, autonómicas y estatales. En el caso de las administraciones a nivel nacional, en julio se zanjó una causa en la que se investiga si las donaciones de empresarios recibidas por el PP tenían por objetivo conseguir adjudicaciones públicas de ministerios, como afirmó Francisco Correa durante uno de los juicios. El extesorero Luis Bárcenas señaló a ministros de Fomento y Medio Ambiente del Partido Popular.
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