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El Gobierno no puede otorgar derecho de veto a CEOE con el mensaje “si no acordáis subida del SMI, no se sube”
El SMI está regulado en el artículo 27 del Estatuto de los trabajadores (ET). Lo fija el gobierno anualmente y tiene en cuenta factores como el IPC previsto, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
El salario mínimo es un instrumento fundamental para avanzar en la cohesión social, territorial y sectorial. Nuestro país tiene un gravísimo problema de desigualdad y de pobreza laboral, que exigen el avance progresivo del salario mínimo como herramienta predistributiva que permite avanzar en una mayor cohesión e igualdad de la sociedad.
La mayor parte de países europeos que tienen establecido un salario mínimo van a proceder a su mejora el próximo año: Alemania, Portugal, Francia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Polonia y Malta, están negociando y pactando subidas del salario mínimo para el año que viene.
Para el año 2018, el salario mínimo interprofesional era de 735,90€ al mes o 10.302,60 € al año (incluyendo las dos pagas extraordinarias a las que tienen derecho los trabajadores).El salario mínimo interprofesional para el año 2019 en España ha quedado fijado en 900 euros al mes, dividido en 14 pagas anuales, lo que hace un total de 12.600 euros brutos anuales. El salario mínimo interprofesional para el año 2020 en España ha quedado fijado en 950 euros al mes, dividido en 14 pagas anuales, lo que hace un total de 13.300 euros brutos anuales.
La lucha ahora es subir el SMI a 1000 euros para poder cumplir para el año 2023 el objetivo, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, para conseguir que sea el 60% del salario medio del país, que está situado en 22.572 euros brutos. Se trata de una guerra salarial impensable unos años atrás, solo posible desde un gobierno progresista, aunque no es una lucha común entre miembros del ejecutivo.
Choque Podemos-PSOE a causa del SMI
La subida del SMI está resultando un nicho para que afloren discrepancias entre los dos partidos del Gobierno de coalición: PSOE y Unidas Podemos. Este lunes, la titular del departamento, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño volvieron a cruzar declaraciones en sentidos opuestos, en un día en el que de la programada reunión con los agentes sociales tampoco salió nada en claro.
“Trabajo está muy preocupado por las empresas, pero también por esos 1,5 millones de trabajadores que se verían afectados para mal por la no subida del SMI”, indicó la ministra Díaz antes de su intervención en la clausura de una jornada organizada por el Consejo Económico y Social (CES). Díaz añadió que si las empresas españolas “no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera los nueve euros”, es “una situación muy grave”.
Nadia Calviño, respondió en La Sexta que de no existir acuerdo entre los agentes sociales, “a lo mejor hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos enfilada la recuperación económica”, centrándose en el próximo año.
La CEOE presiona
La CEOE se mantenido en su postura en contra subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de los 950 euros al mes en 14 pagas. «No es el momento de subir el SMI», señala la CEOE, aunque se muestra abierta al diálogo.
Los empresarios pretenden un alza mucho menor de lo previsto: una subida casi simbólica del 0,9%, que elevaría el SMI de 950 euros a 958,5 euros (8,5 euros más al mes).
Los sindicatos, con Yolanda Díaz
Para UGT y CCOO es irrenunciable que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe a lo largo de esta legislatura en el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea y el compromiso alcanzado en España con los agentes sociales. El año 2021 no puede ser una excepción, un paréntesis que nos aleje de este objetivo, sino que debemos seguir avanzando en la mejora de los salarios más modestos.
Antonio Garamendi, presidente de la asociación, insistió la semana pasada en que «no toca» subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021 y deja claro que ésta «es una competencia del Gobierno y será responsabilidad suya lo que tenga que hacer».
Para UGT y CCOO no tiene ninguna justificación que el año que viene se incrementen las pensiones, el salario de los trabajadores públicos y los salarios pactados en convenio, mientras que el salario de los trabajadores que se encuentran en una situación más vulnerable al margen de la negociación colectiva, se quede atrás, y vuelvan a ser estos trabajadores los que carguen con la crisis socioeconómica.
El escenario económico del próximo año no solo justifica una subida del SMI sino que la hace necesaria para acelerar la recuperación económica a través de la dinamización del consumo y la demanda interna.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
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