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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, participó este domingo en una marcha contra la LOMLOE denunciando que quiere acabar con la educación especial
El pasado domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el presidente presidente del PP, Pablo Casado, acudieron a la manifestación convocada por la plataforma ‘Más Plurales’ contra la «ley Celaá» en Madrid.
Además de la manifestación de Madrid hubo más en otros puntos del territorio nacional como en Logroño, Málaga, Ávila, Pontevedra, Valencia, Badajoz, Guadalajara o las Palmas de Gran Canaria.
El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, que secundó la concentración de Málaga, afirmó que esas concentraciones son «necesarias» porque «todos aquellos que quieran libertad en materia educativa tienen que salir a las calles para frenar la Ley Celaá». «Si salimos masivamente el próximo domingo, estaremos mandando un mensaje muy claro al Gobierno de España», indicó.
Se escucharon acusaciones haciendo referencia a que la ‘ley Celaa’ pretendía la eliminación de la «mayoría de escuelas» destinadas a menores con necesidades especiales. Lógicamente, esto es falso, aunque no importó. La reforma de la ley educativa no establece la supresión de la educación especial. Todas estas acusaciones se basan en una interpretación de las consecuencias que podría traer en el futuro uno de los puntos de la reforma.
El PP continúa además con su campaña de recogida de firmas contra esta reforma educativa y ha apostado por una «resistencia cívica y legal» en sus comunidades autónomas para «minimizar» el impacto de la reforma educativa con medidas como adelantar el proceso de matriculación en esas autonomías.
El apoyo mostrado por Ayuso a la educación especial el mes pasado ha desaparecido
Según recoge infoLibre, tan solo 48 horas después de que la presidenta madrileña acudiese a la manifestación para, entre otras cosas, defender la educación especial, despide a 388 profesores y profesoras de refuerzo de este tipo de escuelas.
Parece que el apoyo que mostraba Ayuso en noviembre a este colectivo cuando decía que «cada familia y cada niño es distinto y son ellos los que saben qué camino han de tomar y nosotros no debemos confundirles ni obligarles a coger un itinerario y perder tiempo fundamental, sobre todo, en atención temprana», ha desaparecido.
Pero esta no es la única manifestación contra la «ley Celaá» a la que ha acudido la presidenta regional últimamente. El pasado 22 de noviembre, las calles de más de 50 ciudades en más de 30 provincias españolas se llenaron de vehículos que bajo el lema «Por el derecho a elegir la educación que queremos», se han manifestado a favor de la educación concertada y contra la LOMLOE, la reforma educativa conocida como ley Celaá.
A pesar de que la plataforma Más Plurales ha denunciado en diferentes ocasiones que la ley Celaá conduce a la progresiva desaparición de los actuales centros de educación especial, esto no es cierto. La norma recoge que el objetivo del Gobierno es que «en el plazo de diez años, […] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», que seguirá teniendo como opción acudir a centros de educación especial.
340 profesores de pedagogía terapéutica y 44 de audición y lenguaje menos
Tal y como informa infoLibre, este lunes la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (PATDI) denunciaba el despido de esos 388 maestros, 340 profesores de pedagogía terapéutica y 44 de audición y lenguaje.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha explicado al medio que todos esos docentes han sido contratados como un «refuerzo fuera del horario lectivo que nada tiene que ver con el normal desarrollo de la actividad docente de los centros», por lo que «todos estos alumnos seguirán a partir de ahora perfectamente atendidos por sus maestros que no son de refuerzo».
Educación defiende también que la Comunidad de Madrid ha incrementado este curso escolar un 23% el número de aulas para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo, lo que se traduce en 110 aulas más y 2.955 plazas destinadas a estos alumnos.
Según los sindicatos UGT y CCOO, la mayoría de autonomías prorrogarán los contratos de los docentes hasta el 30 de junio, aunque algunas como la Comunitat Valenciana lo harán hasta el 31 de agosto y Madrid será la única comunidad que despide a unos docentes que forman parte de los 1.117 maestros contratados con el objetivo de acabar con las carencias derivadas de la crisis sanitaria del covid. Según estiman los sindicatos, esta decisión deja casi en pañales a 20.000 alumnos madrileños.
Por su parte, desde la PATDI denuncian que estos despidos se suman «a una serie recurrente de agravios en los ámbitos educativo, sanitario y social». «Recordamos que a 30 de noviembre en la Comunidad de Madrid había 1.612 niños en listas de espera para acceder a una plaza en la red pública de atención temprana; que ya son más de ocho meses de media para ser valorada la necesidad de atención temprana; y que la cobertura de esta red es de las más bajas de España, cubriendo sólo a un 14% de los niños que se estima lo necesitan».
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