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Una industria clandestina que enriqueció a médicos y traficantes a costa de un hombre roto.
LA CAÍDA DE UN ÍDOLO Y EL NEGOCIO DE SU FRAGILIDAD
Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por una sobredosis de ketamina. Su adicción era pública. Su vulnerabilidad también. Lo que no sabíamos era la maquinaria que se movía alrededor para exprimir cada uno de sus recaídos.
La justicia estadounidense acaba de dictar su primera condena. El doctor Salvador Plasencia, de 44 años, fue sentenciado a dos años y medio de prisión federal y a pagar 5.600 dólares. Es la primera pieza en caer de un caso que implica a cinco personas y que retrata una trama donde la medicina dejó de ser cuidado para convertirse en negocio.
Los padres del actor lo dijeron sin medias tintas en una carta dirigida al tribunal. “Este médico conspiró para romper sus votos más importantes… para aprovecharse de la vulnerabilidad de nuestro hijo”. Lo vieron acercarse a él en secreto. Lo oyeron reírse de él. Le vieron convertir la fragilidad de un ser humano en una oportunidad de enriquecimiento.
Porque todo estaba tarifado. Cada vial costaba 12 dólares, pero los doctores lo revendían por más de 2.700. Le cobraron 55.000 dólares por 20 viales. Y no se limitaron a vender: le enseñaron a inyectarse. A él y a su asistente. Una pedagogía mortal.
Plasencia ya había perdido su licencia y su clínica en Calabasas, pero eso es irrelevante cuando lo que está en juego es una vida que ya no puede recuperar su dignidad. La fiscalía lo dijo con precisión quirúrgica: “Sus violaciones de confianza contribuyeron al daño sufrido por Perry”.
A lo que llaman tratamiento es en realidad un circuito de explotación, donde las y los profesionales que deberían proteger se convierten en proveedores de un mercado clandestino sostenido por personas en su punto más bajo.
UNA RED QUE MEZCLA PRESTIGIO, ADICCIÓN Y BENEFICIO
La sentencia de Plasencia marca un camino. Tras él vendrán Jasveen Sangha, conocida como La reina de la ketamina. También los doctores Mark Chávez, Kenneth Iwamasa y Erik Fleming. Todos aceptaron su culpabilidad entre 2024 y 2025.
Pero la historia no es solo judicial. Es ética. Es política. Es estructural.
Sangha enfrenta hasta 65 años de cárcel. Iwamasa, 15. Fleming, 25. Chávez, 10. Una red que mezclaba clínicas de lujo, proveedores cómplices y un asistente personal convertido en administrador de dosis. Una cadena donde cada eslabón sabía que el siguiente aceleraba la destrucción del actor.
La investigación reveló que Perry fue inyectado incluso en un aparcamiento de Santa Mónica semanas antes de morir. Plasencia lo confesó: su propósito no era médico. Era financiero.
Los padres del actor lo pusieron en palabras que perforan. “Me pregunto cuánto pagará este imbécil. Averigüémoslo”, escribieron que se burlaban de él sus propios médicos, según los mensajes aportados a la causa. No es solo corrupción profesional. Es crueldad organizada.
En octubre de 2024, el doctor Chávez ya había reconocido su implicación. En septiembre de este año, Sangha también. Todos asumiendo una responsabilidad que llega demasiado tarde para un hombre que intentó rehabilitarse decenas de veces, que escribió sobre su lucha, que pedía ayuda sin encontrar profesionales que no tuvieran la mano extendida en otra dirección.
No se trata solo de un caso judicial. No se trata solo de un actor famoso atrapado en sus sombras. Es un espejo de un sistema donde la adicción se convierte en materia prima. Donde algunos médicos y médicas deciden que su juramento pesa menos que la ganancia rápida. Donde quien debería proteger acaba cavando la tumba de quien busca ayuda.
Y en el fondo, una verdad que duele: Matthew Perry nunca estuvo solo. Estuvo rodeado de gente que vio en él una cuenta corriente.
La cárcel llega tarde. La muerte llegó antes. El negocio continúa.
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