El médico denunciado por abusos vuelve a la sanidad pública gallega y el Sergas mira hacia otro lado 

Un regreso que abre heridas y desvela un sistema que protege más al acusado que a las víctimas

UN CASO QUE NUNCA SE CERRÓ, PERO QUE EL SISTEMA PREFIRIÓ ENTERRAR

La historia de Andrés Soto-Jove Bernaldo de Quirós no es solo la de un médico denunciado por tocamientos, vejaciones y prácticas humillantes a mujeres en su consulta de Padrón. Es la radiografía de un sistema sanitario que, en pleno 2025, sigue tratando las denuncias de mujeres como un estorbo administrativo y no como una alerta grave sobre la seguridad de las y los pacientes.

Todo empezó en 2021, cuando una mujer presentó una reclamación ante el Sergas. Después vinieron otras dos, y luego dos más en sede judicial. Sus relatos coincidían sin necesidad de conocerse entre sí. Un patrón de conducta. Un modo de actuar que ellas describen como ultrajante. Un médico que, según sus testimonios, las desnudó sin permiso, realizó tocamientos que no guardaban relación con sus dolencias y llegó a introducir los dedos en la vagina sin guantes, causando dolor. Otras mujeres del centro de salud se avisaban entre sí. Esa cadena informal de protección que tantas veces sustituye a las instituciones cuando estas fallan.

En mayo de 2021, el Sergas abrió un expediente disciplinario. La inspectora que lo instruyó propuso una sanción de cuatro años y once meses de suspensión de funciones. No es precisamente una falta leve. Hablamos de cuatro infracciones: una muy grave y tres graves, con términos como agresión y desconsideración recogidos negro sobre blanco.

Pero el expediente quedó congelado porque llegó la vía penal. Y en la vía penal, el juzgado decidió el 17 de julio de 2025 un sobreseimiento provisional. No una absolución. Provisional. Con recurso. Un proceso abierto que no ha acabado. Y aun así, el médico ya está de vuelta.

La acusación particular recuerda que las declaraciones de las denunciantes presentan coherencia interna, persistencia en el tiempo y un patrón común. Un “modus operandi” que no puede reducirse a un malentendido clínico. Otras tres pacientes relataron episodios similares. Cinco mujeres en total, cada una con su propia historia, convergiendo en el mismo punto.

Sin embargo, el juzgado priorizó informes forenses que descartan la mala praxis y las secuelas psicológicas, mientras la defensa señala que la exploración respetó la lex artis. Un enfoque que, según el recurso, ignora informes psicológicos —incluido uno de un organismo público— que sí vinculan el daño emocional con lo sufrido en la consulta.

Aquí aparece la grieta: la justicia penal aún no se ha pronunciado, pero el sistema sanitario público ya ha tomado una decisión implícita.

REINCORPORACIÓN BAJO SOMBRAS Y UNA CONSELLERÍA QUE CALLA

A mediados de noviembre, Soto-Jove reapareció en el 061. Según fuentes internas, atiende por teléfono, una forma suave de decir que sigue dentro del sistema. La Consellería de Sanidade se escuda en su “deber de reserva”. La misma reserva que tantas veces sirve para proteger al acusado y nunca a quienes denunciaron.

Las enfermeras y enfermeros, las médicas y médicos, y todas las profesionales que trabajan en el Sergas conocen bien ese silencio institucional. Ese mecanismo que evita posicionarse para no molestar al estamento corporativo, aunque eso implique generar inquietud entre las usuarias. Y esta vez, la inquietud está plenamente justificada.

El PSdeG acaba de pedir explicaciones en el Parlamento gallego. Señalan lo evidente: que reincorporar a un médico con un expediente pendiente, con un sobreseimiento provisional recurrido y con acusaciones de este calibre, compromete la seguridad y la confianza de las mujeres que acuden a la sanidad pública.

Porque la Consellería nunca lo apartó. Quien se fue fue él, cuando estalló la investigación. Nunca hubo una medida preventiva. Nunca se envió un mensaje claro de protección a las usuarias. La prioridad nunca fueron ellas.

Mientras tanto, su trayectoria profesional sigue pesando más que los relatos de quienes se atrevieron a denunciar. Exdirectivo de Semergen en Galiza. Profesor universitario. Urgenciólogo durante casi veinte años. Una red de prestigio que suele funcionar como escudo.

Pero aquí no hablamos de prestigio. Hablamos de un expediente que proponía casi cinco años de suspensión. De cinco testimonios coincidentes. De mujeres que relatan dolor, humillación y miedo. De un sistema que repite los mismos errores: minimizar, ralentizar, esperar, proteger.

La reincorporación de Soto-Jove no es un trámite administrativo. Es un mensaje político. Uno que les dice a las mujeres que denuncian que tendrán que seguir enfrentándose no solo a quien las vulneró, sino también a la maquinaria institucional que finge no verlas.

Y ese mensaje, en una sanidad pública que debería ser un espacio seguro, es insoportable.