Cuatro directivos alertaron de una “vulneración de derechos” y la respuesta fue el despido fulminante. Un sistema público secuestrado por la rentabilidad.
UN MODELO QUE PREMIA EL BENEFICIO Y CASTIGA LA DIGNIDAD
El caso del Hospital de Torrejón no es un error puntual. Es la consecuencia lógica de un sistema que convierte la salud pública en una autopista de beneficios. Cuatro directivos y directivas, con nombres y apellidos, fueron expulsados en cuestión de horas después de atreverse a denunciar lo que cualquiera en su puesto estaría obligado a comunicar: órdenes para inflar listas de espera, relegar pacientes según su rentabilidad y manipular la atención sanitaria para cuadrar un ebitda de cuatro o cinco millones. No hay adjetivo que suavice esto. No hace falta ninguno.
Según adelantó El País, la trama fue precisa en sus tiempos. El 22 de octubre, la gerente del hospital, Pilar Navarro, utilizó el canal ético interno para denunciar prácticas que calificó de “mala praxis asistencial” y de “vulneración de los derechos de los pacientes”. Dos días después, la empresa la despidió. El 26 de octubre, tres miembros clave de la dirección asistencial —el director médico, la directora de enfermería y el director de calidad— enviaron otra denuncia interna. El 27 de octubre, estaban fuera.
Cuatro denuncias, cuatro despidos, cuatro advertencias de lo que pasa cuando la ética choca contra un modelo de gestión que trata a las y los pacientes como líneas de Excel.
Los audios revelados el 25 de octubre dejan poco espacio para la interpretación. El CEO, Pablo Gallart, pedía “desandar el camino” en la bajada de listas de espera y “hacer iteraciones” para alcanzar los beneficios fijados. Pedía “imaginación”. Y dio instrucciones concretas: priorizar pacientes rentables de fuera del área (porque la Comunidad paga más por ellos) y retrasar deliberadamente cirugías de pacientes “cápita”. Traducido sin eufemismos: usar el servicio público como fábrica de dinero.
Las y los denunciantes alertaron incluso de la suspensión de la diálisis peritoneal “no cápita” por su coste. De la derivación de pacientes a otros centros vulnerando la Ley de Libre Elección. De la programación quirúrgica modificada para que las cifras económicas encajaran. Todo lo dicho, documentado, denunciado.
El departamento de Compliance respondió un mes más tarde. Archivo de la comunicación. Tres palabras para enterrar cuatro carreras profesionales y un aviso sobre cómo funciona realmente este engranaje.
Y en paralelo, el grupo Ribera Salud difundía un comunicado de madrugada. El CEO “se apartaba” de la gestión mientras se hacía una auditoría “en profundidad”. Una maniobra que huele a maniobra, no a depuración.
Como resumió uno de los despedidos, Carlos Catalán, después de 26 años de servicio: “Los actuales gestores quieren cumplir sus objetivos financieros a cualquier precio, incluida la salud de los pacientes”.
Las y los que levantaron la mano no perdieron solo el empleo. Perdieron la posibilidad de seguir defendiendo un hospital público de la lógica mercantil que lo gobierna.
LA COMUNIDAD DE MADRID Y UN MODELO QUE NO ES FALLIDO SINO EXPROPIADOR
Este desastre no ocurre en el vacío. En los últimos cinco años, la Comunidad de Madrid ha inyectado 88 millones adicionales al modelo Ribera. En julio, otros 32,7 millones para rescatar sus deudas, que en 2022 ascendían a 124 millones. Y aun así, el CEO pedía revisar costes farmacéuticos porque “la actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese”.
No nos interese. Hablamos de medicamentos. Hablamos de tratamientos. Hablamos de necesidades clínicas reducidas a un inconveniente contable.
La Consejería de Sanidad ha convocado una reunión urgente y ha enviado un equipo multidisciplinar a “constatar in situ” la adecuada prestación del servicio. Más vale tarde que nunca, dicen. Pero nunca es suficiente cuando el daño ya está hecho. Cuando el modelo está diseñado para ser eso mismo.
Este hospital no es una anomalía. Es el laboratorio de un modelo ideado por el propio grupo Ribera a finales de los noventa. Un sistema donde la empresa construye, gestiona y decide durante 30 años. Donde la administración paga un canon fijo, llueva o truene, cure o no cure. Donde el incentivo no es atender mejor sino gastar menos y facturar más.
Si un hospital público externalizado recibe más dinero por operar a un paciente de fuera del área que por atender a quien tiene asignado de origen, la ecuación está escrita. No la dicta la medicina. La dicta el capital.
Y mientras tanto, la ciudadanía recibe una promesa vacía: “En ningún caso se va a tolerar ninguna práctica que perjudique el acceso”. Una frase eterna, repetida por todas las administraciones, útil para tranquilizar pero jamás para transformar.
Porque transformar significaría revisar el modelo. Significaría reconocer que esto no es un fallo, sino una consecuencia lógica. Significaría asumir que la salud no puede ser una concesión administrativa hipotecada durante décadas a empresas que funcionan con las mismas prioridades que cualquier fondo de inversión.
El caso Torrejón es un espejo. Y refleja exactamente lo que ocurre cuando se deja a la lógica empresarial decidir quién merece ser atendido antes, después o nunca.
La salud no es un negocio. La salud es un territorio que el capital lleva años conquistando. Y Torrejón acaba de demostrar cuánto cuesta intentar resistirse.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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