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Un informe de Naciones Unidas recoge denuncias de violaciones, electrocuciones, palizas y muertes bajo detención. Ya no hablamos de “casos aislados”. Hablamos de un sistema.
La maquinaria de deshumanización no se detiene en Gaza. Tampoco termina en los checkpoints ni bajo los escombros. Ahora entra de lleno en las cárceles y centros de detención israelíes, donde Naciones Unidas acaba de documentar algo gravísimo: torturas sistemáticas, violencia sexual y abusos físicos contra personas palestinas detenidas.
La autora del informe no es una activista cualquiera ni una organización militante. Es Alice Jill Edwards, relatora especial de la ONU sobre la tortura. Y lo que presentó el 19 de mayo no deja demasiado espacio para el maquillaje diplomático habitual. Las cifras son demasiado concretas. Los testimonios también.
Después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel no solo lanzó una ofensiva militar devastadora sobre Gaza. También aprobó medidas de detención de emergencia que, según el informe, expusieron a las personas detenidas palestinas a “tortura, posibles muertes ilegales, incomunicación y condiciones degradantes”.
La frase parece fría. El contenido no lo es.
TORTURAS, VIOLACIONES Y ELECTROCUCIONES: EL INFORME QUE DESTROZA EL RELATO OFICIAL
El documento recoge nueve denuncias de violación, intentos de violación y amenazas de violación. También documenta once casos de golpes, descargas eléctricas y ataques con perros contra los genitales de hombres detenidos. Hay 23 denuncias de palizas con armas u objetos, patadas y puñetazos. Otras cinco personas denunciaron haber sido electrocutadas con porras eléctricas u otros dispositivos. Cuatro más relataron haber sido obligadas a permanecer arrodilladas durante períodos de hasta un día entero.
No son rumores de redes sociales. No son cadenas de Telegram. Es un informe oficial de Naciones Unidas.
Y aun así, gran parte de los gobiernos occidentales seguirán hablando de “la única democracia de Oriente Medio” mientras miran hacia otro lado. Otra vez.
El informe también señala que 94 palestinos murieron bajo custodia israelí entre octubre de 2023 y agosto de 2025. La propia ONU reconoce que la falta de transparencia israelí impide determinar cuántas de esas muertes fueron “naturales” y cuántas derivaron de conductas ilegales. Pero incluso con ese muro de opacidad, los datos que sí han podido revisarse son demoledores.
Una revisión de 10 autopsias encontró signos de abusos físicos en cinco casos. En otros dos aparecieron hematomas “compatibles con palizas y uso de restricciones”. El informe describe fracturas múltiples de costillas, hemorragias cerca de órganos internos y desgarros abdominales. En uno de los casos, la persona detenida sufrió una hemorragia intracraneal causada por un golpe en la cabeza durante el arresto.
Hay algo especialmente obsceno en todo esto. Mientras gobiernos europeos persiguen con rapidez quirúrgica cualquier crítica incómoda acusándola de antisemitismo, las denuncias de tortura y violencia sexual contra presos palestinos reciben un tratamiento tibio, burocrático, casi administrativo. Como si fueran daños colaterales inevitables. Como si los cuerpos palestinos no merecieran la misma indignación moral que cualquier otro.
YA NO CUELA LA EXCUSA DE “MANZANAS PODRIDAS”
Alice Jill Edwards fue muy clara. Dijo que el volumen y la brutalidad de las denuncias recopiladas muestran un “desprecio absoluto” por la obligación de tratar humanamente a las personas detenidas. Y añadió algo todavía más grave: que estas prácticas habrían sido alentadas, toleradas o consentidas incluso a niveles ministeriales y funcionales.
Eso destruye el argumento clásico de los “casos aislados”. La idea de que todo se reduce a unos cuantos soldados fuera de control. No. El informe apunta a una estructura. A una permisividad institucional. A una lógica de impunidad.
Porque cuando las denuncias se acumulan por decenas. Cuando aparecen patrones repetidos. Cuando las lesiones se parecen. Cuando las humillaciones sexuales se repiten. Cuando hay muertos. Cuando las desapariciones temporales se normalizan. Ya no estamos ante excesos individuales. Estamos ante un sistema que ha dejado de considerar humanos a ciertos cuerpos.
Y eso tiene consecuencias políticas enormes.
Las conclusiones de la ONU coinciden con investigaciones recientes publicadas incluso en medios que durante años evitaron enfrentarse directamente al Gobierno israelí. El columnista Nicholas Kristof, en The New York Times, describió recientemente un “patrón de violencia sexual israelí generalizada” contra hombres, mujeres e incluso menores palestinos. Según sus entrevistas, los abusos implicaban a soldados, colonos, interrogadores del Shin Bet y funcionarios de prisiones.
Lo más inquietante no es solo la violencia. Es la normalización progresiva de esa violencia.
Se normalizan las imágenes de personas desnudas detenidas. Se normalizan los relatos de tortura. Se normaliza que haya menores incomunicados. Se normaliza el uso político del hambre y del miedo. Se normaliza tanto, tanto, que incluso un informe de Naciones Unidas sobre violaciones y electrocuciones corre el riesgo de durar apenas unas horas en el ciclo informativo antes de ser enterrado bajo otro titular.
Y mientras tanto, los gobiernos que hablan constantemente de “derechos humanos” siguen vendiendo armas, firmando acuerdos y ofreciendo cobertura diplomática.
Hay palabras que algunos llevan meses intentando prohibir. Genocidio. Apartheid. Limpieza étnica. Tortura. Pero los informes siguen acumulándose. Las autopsias también. Los cadáveres también.
Y llega un momento en que el problema ya no es la falta de pruebas. El problema es quién está dispuesto a seguir fingiendo que no las ve.
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