El 2 de junio comenzó una huelga laboral en el sector siderometalúrgico cántabro que ya supera las dos semanas.
Después de incontables reuniones tensas el conflicto entre sindicatos y la patronal del sector metalúrgico en Cantabria se agudiza la crisis con acusaciones cruzadas de falta de voluntad negociadora, protestas y piquetes a diario.
Los más de 20.000 trabajadores afectados por el convenio objeto de la negociación han secundado el paro indefinido en un 95%, llevando a cabo dos concentraciones multitudinarias en señal de protesta, la última este miércoles, frente a la Consejería de Industria por lo mañana y por las calles del centro de Santander por la tarde.
Los trabajadores del sector siderometalúrgico están pidiendo negociar un nuevo convenio colectivo que lleva un año y medio vencido, pero de momento no ha habido ningún tipo de acuerdo con Pymetal.
Sus peticiones son varias, según indica elDiario.es: «que no desaparezca el contrato de relevo, ni el plus de distancia ni el cobro de los atrasos, del que piden que se tome como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) real de cada ejercicio. Además piden una revisión salarial, que es el asunto que más polémica está generando. Los trabajadores proponen una subida del 6,5% para 2021 y para el resto de ejercicios que este incremento se ajuste al IPC real».
Por su parte, desde la Federación Cantabria Metal han declarado que no están “preparados” para afrontar un conflicto laboral después de unos años de inestabilidad y contrariedades, en referencia a la pandemia, la guerra de transportes, los problemas propios del sector y la Guerra de Ucrania. “Han ocasionado cierres y una situación de extrema debilidad en muchas de nuestras empresas debido a la paralización de la actividad económica”.
A partir de ahora se espera una nueva reunión el próximo jueves y los trabajadores lo tienen claro e indican que se “seguirá apretando hasta tener un convenio digno encima de la mesa”.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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