La Fiscalía ha abierto diligencias contra el guardia civil que amenazó con deportar a la periodista Laura Arroyo 

La impunidad termina donde empieza la dignidad: una amenaza racista también es un acto de poder.

EL RACISMO INSTITUCIONAL NO ES UNA ANÉCDOTA

El Ministerio Público ha dado un paso que debería ser obvio en cualquier democracia: abrir diligencias contra un agente armado que usa su autoridad para acosar y amenazar a una periodista. El guardia civil Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación ultraderechista Una Policía para el Siglo XXI, está siendo investigado por la Fiscalía tras la denuncia presentada por Laura Arroyo, directora de El Tablero (Canal Red), por un mensaje racista difundido el 29 de julio de 2025. Ese día, Vallejo decidió que una periodista peruana-española no tenía derecho a existir públicamente. Decidió que podía deportarla “a su país” o quitarle el DNI como quien cambia una bombilla. Decidió que la Ley estaba a su servicio personal y no al de la ciudadanía.

A lo que llaman libertad de expresión es en realidad un permiso para que ciertos sectores (amparados por un uniforme y una ideología) señalen, humillen y deshumanicen a quien no encaja en su molde. El mensaje racista de Vallejo superó las 600.000 visualizaciones, convirtiéndose en un altavoz para decenas de cuentas de extrema derecha que se sumaron a acosar a Laura Arroyo con insultos, ataques a su origen y cuestionamientos de su ciudadanía. Lo que empezó como un comentario de odio acabó como una campaña coordinada de hostigamiento.

Ante este escenario, la fiscal María Beatriz Ramos Vilariño ha solicitado la retirada cautelar del mensaje, además de la apertura de diligencias previas. El caso pasa ahora al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia. Que un tribunal tenga que recordar a un guardia civil que no puede amenazar a una mujer racializada con expulsarla del país ilustra un problema más profundo que una simple “salida de tono”: revela cómo el racismo institucional opera desde dentro de las propias fuerzas de seguridad.

CUANDO EL ODIO SE ORGANIZA

Vallejo no es un “caso aislado”. Es el resultado visible de un ecosistema entero. Fue cabeza de lista de Vox por Huesca en 2023, vicepresidente de una asociación policial ultraderechista y colaborador habitual del programa Horizonte, donde convierte la figura del migrante en sospechoso crónico. Sus discursos no se quedan en los platós: alimentan violencias reales. Durante los crímenes racistas cometidos en Torre Pacheco en verano de 2025, Vallejo fue uno de los principales instigadores mediáticos. Normalizó la idea de que la violencia neonazi era un “síntoma social” y no un delito. Señaló barrios. Señaló cuerpos. Señaló vidas.

No era la primera vez. El 14 de julio de 2023 escribió otro mensaje donde advertía que “cuando el español explote, su capacidad para la violencia es casi infinita”. Un guardia civil, funcionario público, llamando a imaginar la violencia nacionalista como respuesta legítima. Ese es el sustrato del fascismo cotidiano: convertir el odio en un gesto patriótico.

La investigación periodística de Alejandro Planas ya documentó su historial de amenazas, estigmatización racial y campañas propagandísticas. Ahora, por fin, la justicia explora la posibilidad de imputarle delitos de amenazas con agravante de discriminación racista y delitos de odio. El mensaje a las y los periodistas migrantes que trabajan en el Estado español es claro: su ciudadanía no está en subasta pública y quienes intenten cuestionarla desde una posición de poder deberán rendir cuentas.

La ultraderecha quiere convertir el origen en un arma política, pero cada vez que lo intenta queda más claro quiénes representan un peligro para la convivencia democrática.