La impunidad termina donde empieza la dignidad: una amenaza racista también es un acto de poder.
EL RACISMO INSTITUCIONAL NO ES UNA ANÉCDOTA
El Ministerio Público ha dado un paso que debería ser obvio en cualquier democracia: abrir diligencias contra un agente armado que usa su autoridad para acosar y amenazar a una periodista. El guardia civil Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación ultraderechista Una Policía para el Siglo XXI, está siendo investigado por la Fiscalía tras la denuncia presentada por Laura Arroyo, directora de El Tablero (Canal Red), por un mensaje racista difundido el 29 de julio de 2025. Ese día, Vallejo decidió que una periodista peruana-española no tenía derecho a existir públicamente. Decidió que podía deportarla “a su país” o quitarle el DNI como quien cambia una bombilla. Decidió que la Ley estaba a su servicio personal y no al de la ciudadanía.
A lo que llaman libertad de expresión es en realidad un permiso para que ciertos sectores (amparados por un uniforme y una ideología) señalen, humillen y deshumanicen a quien no encaja en su molde. El mensaje racista de Vallejo superó las 600.000 visualizaciones, convirtiéndose en un altavoz para decenas de cuentas de extrema derecha que se sumaron a acosar a Laura Arroyo con insultos, ataques a su origen y cuestionamientos de su ciudadanía. Lo que empezó como un comentario de odio acabó como una campaña coordinada de hostigamiento.
Ante este escenario, la fiscal María Beatriz Ramos Vilariño ha solicitado la retirada cautelar del mensaje, además de la apertura de diligencias previas. El caso pasa ahora al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia. Que un tribunal tenga que recordar a un guardia civil que no puede amenazar a una mujer racializada con expulsarla del país ilustra un problema más profundo que una simple “salida de tono”: revela cómo el racismo institucional opera desde dentro de las propias fuerzas de seguridad.
CUANDO EL ODIO SE ORGANIZA
Vallejo no es un “caso aislado”. Es el resultado visible de un ecosistema entero. Fue cabeza de lista de Vox por Huesca en 2023, vicepresidente de una asociación policial ultraderechista y colaborador habitual del programa Horizonte, donde convierte la figura del migrante en sospechoso crónico. Sus discursos no se quedan en los platós: alimentan violencias reales. Durante los crímenes racistas cometidos en Torre Pacheco en verano de 2025, Vallejo fue uno de los principales instigadores mediáticos. Normalizó la idea de que la violencia neonazi era un “síntoma social” y no un delito. Señaló barrios. Señaló cuerpos. Señaló vidas.
No era la primera vez. El 14 de julio de 2023 escribió otro mensaje donde advertía que “cuando el español explote, su capacidad para la violencia es casi infinita”. Un guardia civil, funcionario público, llamando a imaginar la violencia nacionalista como respuesta legítima. Ese es el sustrato del fascismo cotidiano: convertir el odio en un gesto patriótico.
La investigación periodística de Alejandro Planas ya documentó su historial de amenazas, estigmatización racial y campañas propagandísticas. Ahora, por fin, la justicia explora la posibilidad de imputarle delitos de amenazas con agravante de discriminación racista y delitos de odio. El mensaje a las y los periodistas migrantes que trabajan en el Estado español es claro: su ciudadanía no está en subasta pública y quienes intenten cuestionarla desde una posición de poder deberán rendir cuentas.
La ultraderecha quiere convertir el origen en un arma política, pero cada vez que lo intenta queda más claro quiénes representan un peligro para la convivencia democrática.
También te puede interesar
POLÍTICA ESTATAL
Lo que España tiene que aprender de AMA Asturies
16 septiembre 2026
Nacho Cano, la pirámide del privilegio que acabó con 6,2 millones en deudas
16 julio 2026
Vallejo-Nájera: el Mengele español que la democracia siguió condecorando
13 julio 2026
España empieza a cerrar la puerta a Palantir: Spanish Revolution ya advirtió del peligro
2 julio 2026Related posts
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…