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Un Gobierno que convierte el dolor ajeno en munición política revela su verdadera arquitectura del odio.
POLÍTICA DEL MIEDO Y CASTIGO POR NACIONALIDAD
El Gobierno de Estados Unidos ha decidido detener de manera inmediata todas las solicitudes de inmigración procedentes de 19 países, todos ellos ya sometidos a restricciones de viaje. Lo hace el mismo Ejecutivo que, en plena crisis política por el asesinato de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, busca un culpable fácil. Lo encuentra en el de siempre: las personas migrantes racializadas. Para justificarlo, la oficina de inmigración USCIS difundió un memorando que ordena un “adjudicative hold” generalizado para solicitudes de asilo y una revisión masiva de quienes entraron al país desde 2021, año de la toma de posesión de Joe Biden.
Los países afectados —Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen— no comparten nada entre sí excepto ser objeto de un estigma político profundamente interesado. Nada demuestra que exista un vínculo entre estos 19 países, más allá de la voluntad de la Casa Blanca de señalar a comunidades enteras por su origen.
La decisión llega tras el tiroteo en el que murió un guardia nacional. El presunto autor —Rahmanullah Lakanwal, afgano de 29 años— había entrado en el país en septiembre de 2021 y recibido asilo este mismo año. Un crimen individual convertido en coartada para una ofensiva colectiva. Lo que sigue es un manual conocido: miedo, propaganda y castigo masivo.
DERECHOS SUSPENDIDOS Y RETÓRICA DEL ODIO
El memorando de USCIS plantea entrevistas adicionales, re-entrevistas y revisión completa de todos los expedientes de migrantes de “países de alto riesgo”, sin límite temporal. Es un giro que coloca a miles de personas —familias enteras— en un limbo jurídico calculado. Quienes estaban a punto de obtener la ciudadanía han visto canceladas sus ceremonias. Quienes esperaban una resolución ahora se enfrentan a un calendario imposible.
Organizaciones de derechos humanos lo han dicho sin rodeos. Para Human Rights Watch, “este cambio no va de seguridad, sino de convertir en chivos expiatorios a poblaciones enteras”. El National Immigrant Justice Center fue aún más directo: “donde hay dolor, esta administración ve oportunidad para lanzar otra prohibición contra migrantes negros y marrones”.
La ONG Human Rights First advirtió de que este tipo de políticas alimentan violencia, normalizan la xenofobia y deshumanizan a quienes ya huyen de guerras y persecuciones. No lo dicen desde la emoción sino desde el análisis: congelar el derecho al asilo no hace al país más seguro, solo más injusto.
Incluso el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses exigió al Congreso intervenir y revisar una deriva abiertamente discriminatoria. Para su director de Asuntos Públicos, “castigar a nacionalidades enteras por los actos de unos pocos es ineficaz, discriminatorio y moralmente indefendible”.
El impacto emocional y jurídico es inmediato. La National Iranian American Council denunció que la incertidumbre para la diáspora iraní es ya insoportable. Personas a las puertas de su ceremonia de naturalización han visto cómo su futuro se derrumba en cuestión de horas. Una nueva vuelta de tuerca de crueldad administrativa que condena a miles a vivir en un estado permanente de espera.
LA DOCTRINA DEL ODIO: DE LOS EXPEDIENTES A LOS INSULTOS PÚBLICOS
El nuevo muro no solo es legal. También es verbal. Trump ha reactivado su arsenal de insultos contra las comunidades somalíes en Minnesota, a quienes ha llamado “basura”, acusándoles de “no aportar nada” y alentando deportaciones masivas. Es una retórica que resucita su vieja promesa: detener la inmigración musulmana.
La representante somalí-estadounidense Ilhan Omar respondió sin rodeos: “Siempre ha sido racista, xenófobo e islamófobo”. Recordó algo elemental: la mayoría de las y los somalíes de Minnesota son ciudadanía estadounidense. No son forasteros. Son parte del Estado que Trump dirige.
El secretario de Estado de Minnesota comparó los insultos presidenciales con escenarios impensables: un presidente llamando “basura” a la comunidad judía, italiana o polaca. Tiene razón. Es difícil imaginarlo. Pero 2025 ha normalizado lo que durante décadas habría sido inimaginable.
Lo que está en juego no es solo un procedimiento administrativo. Es una arquitectura política que convierte el origen nacional en delito, el duelo en pretexto y la presidencia en un altavoz para el odio racial. No se trata de seguridad ni de justicia. Se trata de poder. De ese poder que necesita enemigos para justificar cada atropello.
Y de ese poder que se atreve a llamar “basura” a quien construyó el país con sus manos.
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